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Acción masiva contra medios marcan hito en persecución a la prensa

Acción masiva contra medios marcan hito en persecución a la prensa


La demanda por difamación agravada continuada que presentó en abril pasado el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra 22 directivos de 3 medios de comunicación no tiene precedentes en Venezuela.

Así lo afirman los investigadores de la comunicación Marcelino Bisbal y Marianela Balbi, y el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. Consideran que la medida no es casual, sino que se inscribe en la estrategia para cerrar espacios a la libre circulación de información.

“No conozco en Venezuela ningún antecedente comparable con esta demanda. Como tampoco tengo referencias de ningún antecedente sobre una demanda en el país por reproducir una información de otro medio. No conozco nada similar en la historia del periodismo venezolano. Esta acción judicial colectiva es una modalidad nueva en la estrategia del gobierno de acallar a los medios independientes”, afirmó Bisbal, director de posgrado de Comunicación Social de la UCAB.

Tinedo Guía considera que la acción judicial es un error de cálculo: “En vez de ir a la fuente de la denuncia, atacan al mensajero y no se dan cuenta de que en el exterior hay periódicos de prestigio que siguen el caso porque es primera vez en la historia de Latinoamérica que un alto funcionario de un Poder Legislativo se ve envuelto en una denuncia de este calibre”.

En su registro de violaciones de la libertad de expresión de los últimos 10 años, el Instituto Prensa y Sociedad, capítulo Venezuela, identifica 3 momentos clave: el cierre de RCTV para la televisión, el cierre de las 32 emisoras para la radio y ahora la demanda contra El NacionalTal Cual y La Patilla para los medios impresos y digitales.

De Chávez a Maduro. Si bien los expertos consultados identifican el silencio de la prensa como el objetivo común del gobierno instalado en 1999, Bisbal, Guía y Balbi señalan claras diferencias entre el accionar de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro para alcanzar ese objetivo.

Las primeras agresiones contra los medios, recordó Guía, no fueron judiciales ni administrativas, sino verbales. “Chávez comenzó descalificando a los periodistas que le hacían preguntas incómodas. Él tomaba nota del nombre del periodista, del medio y luego emitía descalificativos públicamente”, señaló.

Después del golpe de abril de 2002, acotó Balbi, directora de IPYS-Venezuela, comenzó a imponerse la restricción del acceso a la información y se hicieron comunes las agresiones físicas a periodistas y a sedes de medios: “Esos primeros ataques estuvieron relacionados con la criminalización del periodismo que hizo Chávez, pero con Maduro se afianzaron los procedimientos judiciales. Entre 2005 y 2015 registramos 42 demandas judiciales contra periodistas: 20 desde 2013. La demanda colectiva de Cabello entra en ese grupo y es alarmante porque demuestra claramente el uso del aparato judicial para amedrentar, como lo dice en su último reporte sobre Venezuela la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión”.

Bisbal destacó dos diferencias de fondo en el ejercicio de Chávez y Maduro ante los medios de comunicación: “El gobierno de Maduro partió con una base que no tenía Chávez cuando llegó al poder, pero que construyó durante años y le dejó a su sucesor: un andamiaje jurídico que limita la libre expresión y una estructura de medios oficiales sin precedentes. Maduro arrancó con esa ‘ventaja’ y en estos dos años ha implementado una modalidad más sofisticada, inteligente e incluso perversa para cercar la libertad de expresión que vemos con la compra de medios y la presión judicial”.

Lo que viene. Silenciada la televisión, arrinconada la radio bajo amenaza de quitarle las concesiones, comprado el grueso de periódicos que antes eran independientes, la mirada del Estado se posa en los medios electrónicos, advierten los expertos.

“Ahora mismo hay personas presas por opinar en Twitter. Hacia allá vamos”, señaló Guía.

Balbi explicó por qué: “Al trasladarse la tensión a los medios digitales por el cierre de ventanas en medios tradicionales y quedar en evidencia su poder durante las protestas de 2014, comenzamos a ver que el gobierno pone su atención e intenta controlar las redes sociales”.

Bisbal vaticina un proceso de censura digital con el uso de softwares de vigilancia y control sofisticado y esa próxima censura incluirá, dice, la televisión por suscripción: “El informe Inside Telecom reveló que entre marzo de 2014 y marzo de 2015 fueron bloqueadas 1.500 páginas web, es decir, 2,7 páginas diarias. Mientras, la TV por cable tiene 49,6% de audiencia. Hacia allá migra la gente cuando no tiene dónde informarse o cuando su entretenimiento se ve interrumpido por cadenas obligatorias. El próximo paso del gobierno es la censura digital”.

El mal ejemplo
Marzo de 2011: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, demandó a tres directivos de El Universo de Quito. Los acusó de calumnia por un artículo de opinión sobre la sublevación policial en septiembre de 2010. En julio de 2011 el tribunal condenó a los directivos a 3 años de prisión y a pagarle a Correa 40 millones de dólares.

Noviembre de 1999: un tribunal de Costa Rica condenó con multa y pago de indemnización al periodista Mauricio Herrera Ulloa, del diarioLa Nación, por haber reproducido, en mayo y diciembre de 1995, reportajes de la prensa belga según los cuales Félix Przedborski, representante del gobierno en la Organización Internacional de Energía Atómica, habría cometido hechos ilícitos graves.

Julio de 1997: el presidente de Perú, Alberto Fujimori, le revocó la nacionalidad a Baruch Ivcher, principal accionista de la televisora Frecuencia Latina. El canal había difundido reportajes sobre torturas cometidas por el Servicio de Inteligencia y acerca de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. El gobierno ejerció presión contra otros dos accionistas hasta que logró el cambio de director y de línea editorial.

71 años dando la cara
El Nacional es Venezuela y Venezuela seguirá dando la cara”. Así lo expresó Miguel Otero Silva, fundador del diario en 1943. Desde entonces el rotativo ha afrontado y superado escollos de distinto calibre.

1950: los 4 directivos del diario, 15 redactores y operarios del taller fueron apresados por la Seguridad Nacional después de la aparición de una reseña en la que se refirió a la junta militar de gobierno como “los tres cochinitos”.

1961: la Asociación Nacional de Anunciantes orquestó un boicot publicitario contra el diario en rechazo a la posición ideológica de su director, Miguel Otero Silva, y a la línea editorial objetiva frente a la Revolución cubana. La desaparición de todos los anunciantes llevó al rotativo al borde de la bancarrota. El periódico llegó a salir con cuatro páginas.

1983-1989: el gobierno de Jaime Lusinchi limitó a El Nacional el acceso a divisas para comprar papel a través de Recadi (el Cencoex de la época), al punto del agotamiento de las bobinas. El último día de circulación el gobierno autorizó la transacción y el diario no dejó de publicarse.

1992: tras el intento de golpe de Estado, el presidente Carlos Andrés Pérez designó censores en los medios de comunicación, incluido El Nacional, que decidían cuáles noticias podían publicarse.

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