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Acusaron al gobierno venezolano de criminalizar la protesta

Acusaron al gobierno venezolano de criminalizar la protesta


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Defensores de  derechos humanos de la región presentaron casos de Rodolfo González y Kluivert Roa. Estudiante Christian Holdack no ingiere alimentos desde el viernes

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Durante el 154° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 30 ONG representantes de 11 países del continente denunciaron mecanismos de represión policial y judicial contra las manifestaciones en la región.

En la primera audiencia especial de la jornada, titulada “Protesta social y derechos humanos en América”, los defensores de  derechos humanos expresaron su preocupación ante lo que consideran la criminalización del derecho de protestar.

El coordinador de la ONG venezolana Provea, Rafael Uzcátegui, se refirió a la existencia de leyes y procedimientos judiciales que criminalizan y obstaculizan ese derecho, llevando incluso a desenlaces lamentables. Citó el caso del piloto Rodolfo González, detenido en una protesta en Caracas en 2014: “Tras 11 meses detenido en las instalaciones de la policía política y sin haber comenzado el juicio en su contra, se suicidó, luego de conocer que sería trasladado a una cárcel para presos por delitos comunes, sin garantías para su vida y su integridad”.

El relator. Otro de los defensores que intervino en la audiencia especial, Gaston Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, se refirió al uso de armas letales y menos letales en el control de las manifestaciones durante las protestas registradas en Venezuela.

“Las protestas de 2014 dejaron un saldo de 43 muertos y 878 lesionados confirmados por el Ministerio Público. Y el mes pasado murió un adolescente por el disparo de un arma de fuego”, señaló Chillier,  en relación con el  asesinato del estudiante de bachillerato Kluivert Roa, en San Cristóbal a manos de un funcionario de la PNB.

Sobre el uso de armas letales y menos letales intervino a través de un video pregrabado el relator contra Detenciones Arbitrarias de la ONU, Mads Andenas, quien enfatizó: “La norma internacional es muy sencilla al decir que la fuerza solo se usa cuando sea necesaria y tiene que ser proporcional al daño y al interés protegido, y que debe apelarse siempre al medio menos letal”.

Explicó que de acuerdo con la normativa internacional, el uso de fuerza letal solo debe ser considerado si es absolutamente necesario para proteger una vida, pero no para proteger la propiedad, no para protegerse de lesiones menores y no para la restauración del orden público: “Hay legislación en Latinoamérica que no cumple con estas normas y esto ha abierto la puerta a un enfoque permisivo del uso de la fuerza, que no toma en cuenta la proporcionalidad”.

Monopolio del Estado. En la segunda audiencia especial de la jornada de ayer, titulada “Libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América”, intervinieron la Sociedad Interamericana de Prensa, gremios periodísticos y ONG de Brasil, México y Chile.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, denunció que la concentración de medios en manos de los gobiernos tiene sus mayores expresiones en Nicaragua, Cuba y Venezuela: “Hay abundante información probatoria de los excesos de los gobiernos para acaparar medios en la región. Los gobiernos de Venezuela y de Argentina han usado testaferros para comprar medios. En Nicaragua estamos ante un duopolio, donde la opinión pública solo recibe versiones oficialistas. En Cuba los hermanos Castro monopolizan la información”.

Consideró preciso prevenir y evitar que el poder de los gobiernos sea utilizado en beneficio de ciertos medios de comunicación. “Algunos gobiernos que llegan con legitimidad de origen se transformen en autocráticos como consecuencia de un control casi absoluto de la comunicación. La pluralidad informativa es parte de la libertad y eso asegura a los ciudadanos el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, dijo.

En la jornada de hoy están pautadas cuatro audiencias sobre Venezuela: a la 1:30 pm la comisión analizará el caso de Linda Loaiza López; a las 2:45 pm se realizará la audiencia sobre la situación general de derechos humanos, a las 4 pm será el turno para revisar los derechos de las comunidades Lgbti y a las 5:15 pm se analizarán los derechos económicos, sociales y culturales. En todas está prevista la presencia de ONG y del Estado.

Holdack se niega a comer desde el viernes. Desde el viernes en la noche, cuando cumplió un año y un mes detenido en Polichacao, Christian Holdack se ha negado a ingerir alimentos. Es el único estudiante que aún permanece preso desde el 12 de febrero de 2014. Fue aprehendido en Parque Carabobo y se le imputan los delitos de incendio, agavillamiento, instigación a delinquir y daños materiales.

Su esposa, Aurora Armesto, señaló que luego de que la corte rechazara el recurso de amparo introducido por su defensa el mes pasado, Holdack “no quiere someter a su familia a ese nivel de maltrato y de angustia”.

Sus abogados habían pedido que se le otorgara una medida sustitutiva, al asegurar que el joven sufre de un trastorno de estrés postraumático.

La representante de la Defensoría del Pueblo María Eugenia Torres Dugarte y la fiscal de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público Adriana Salazar han abogado por Holdack, pero la jueza Susana Barreiros se ha negado a concederle la libertad condicional. El caso de Holdack está sumado al expediente del dirigente político Leopoldo López. Ayer un funcionario del Ministerio Público visitó a Holdack y lo exhortó a abandonar la huelga, dijo Armesto.

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MARU MORALES P. / ANDREA MONTILLA K. / El Nacional

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