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Agresividad de Diosdado se estrellará contra la nueva mayoría en la Asamblea

Agresividad de Diosdado se estrellará contra la nueva mayoría en la Asamblea


La agresividad desplegada por altos personeros del gobierno, en estas dos semanas que siguieron a su derrota electoral del 6 de diciembre, ha obligado a la oposición a repensar las prioridades de su agenda parlamentaria para el 2016.

Esa revisión, no ha cambiando una sola letra de sus dos propósitos iniciales: legislar y controlar al gobierno. Ambas dos, competencias constitucionales, y elevadas a un máximo, al lograr dos tercios de los diputados que integran la cámara.

La condición de “mayoría calificada”, que confiere el totalizar esos dos tercios, debe ser interpretada como un mandato del pueblo que voto por un cambio en el estado de cosas del país. Lo que constitucionalmente significa que la nueva mayoría tiene el poder real para cambiar todas las leyes, incluyendo las leyes orgánicas.

En su afán por disminuir los alcances de la derrota infringida, el oficialismo ha adelantado en sus últimas días una agenda parlamentaria de singulares equívocos.

Con la naturaleza que le ha caracterizado en sus años de presidencia, Diosdado Cabello se ha llevado por delante requisitos constitucionales y legales, para tratar de blindar al Poder Ejecutivo, frente a la nueva mayoría parlamentaria.

Entre otros excesos, y haciendo uso de una mayoría agónica, el presidente saliente de la Asamblea Nacional (AN) hizo nombrar a la ex jueza que condenó a Leopoldo López, como nueva Defensora Pública General. Lo que en el mejor de los casos, constituye una afrenta a esa mayoría de ciudadanos que se pronunciaron por los candidatos de la oposición.

No contentos con la designación, procedieron a reformar la Ley Orgánica de la Defensa Pública con el fin de dificultar su remoción, que en los predios de la nueva mayoría se estima inminente y en un plazo perentorio.

Vale señalar, que esa reforma habría violado el precepto constitucional que requiere del voto favorable de los dos tercios de los diputados. Lo que no obtuvo.

Otra acción adelantada por Cabello, ha sido la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Proceso que ha previsto culminar el próximo 22 de diciembre.

En opinión de académicos y abogados, estaríamos en presencia de una violación múltiple de la norma constitucional, al haberse ignorado el procedimiento previsto.

Igualmente, el presidente saliente de la AN hizo aprobar una moción para entregar la televisora y la radio del parlamento (ANTV y ANR) a una fundación en manos de los empleados, identificados en grado sumo con el partido de gobierno.

Esa entrega se veía venir, por cuanto desde antes de la semana era conocido en los pasillos del Palacio Legislativo, que un grupo de abogados habrían sido comisionados para redactar los estatutos de la nueva fundación.

Finalmente, y lo que encerraría mayor gravedad, ha sido la acción de Diosdado Cabello de instalar un parlamento comunal. Una figura no prevista en la Constitución.

Para CEDICE y su Observatorio Económico Legislativo, “el “parlamento comunal” no es legítimo ni en los votos ni en la Constitución; es un golpe a la institucionalidad; socava el Estado de Derecho y no representa la voluntad legítimamente expresada el pasado domingo (6)”.

En opinión de abogados constitucionalistas, esa acción acarrearía responsabilidades para el diputado Cabello. Habida cuenta que el citado “Estado Comunal” es una forma de Estado distinta a la forma asumida en la Constitución de 1999.

Específicamente, la forma de Estado diseñada por la Constitución de 1999, “reconoce (i) la soberanía popular expresada a través del sufragio; (ii) límites al poder del Estado a través del principio de separación de poderes; (iii) los derechos y libertades individuales y (iv) la supremacía constitucional y el principio de legalidad”.

Más que un acto de viveza del oficialismo, ejecutado por Cabello, la instalación del parlamento comunal, sería  un acto de “desconocimiento de la voluntad popular que votó a sus representantes para legislar y ejercer verdadero control político”, señaló CEDICE. Eso tendrá consecuencias legales, de la misma magnitud de la transgresión constitucional.

Confusa estrategia

La pregunta que los analistas políticas se hacen, es qué persigue el gobierno al tratar de sembrar de “minas” los predios de la nueva legislatura que se instalará el próximo 5 de enero.

A partir del 5E

Frente a la arremetida oficialista, la oposición afila el lápiz de su próxima agenda parlamentaria. Las prioridades se las cambió el gobierno. Nunca antes parecen haber tenido claro, que el poder se tiene para ejercerlo. Todo parece indicar que lo harán.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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