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Análisis: Decreto de Emergencia es una disfrazada ley habilitante

Análisis: Decreto de Emergencia es una disfrazada ley habilitante


La declaratoria de Emergencia Económica, decretada por el Ejecutivo el pasado 14 de enero, profundiza los errores de las políticas aplicadas por el gobierno en los últimos años, que llevaron a la actual crisis económica que afecta a los venezolanos.

Esboza el carácter represivo hacia los productores venezolanos de bienes y servicios, y presenta a la Asamblea Nacional un instrumento que no es más que un disfraz de Ley Habilitante, con la cual pretende neutralizar a la nueva mayoría de diputados.

Como partida, el gobierno insiste en la excusa de una presunta “guerra económica” para culpar a otros de los errores propios cometidos.

Sin embargo, la emisión de este decreto implica el primer reconocimiento público de que el país está inmerso en una grave crisis económica.

Reconocimiento que habría sido evitado, al ocultar la información de los principales indicadores macroeconómicos por parte del Banco Central de Venezuela (BCV).

Luego de meses sin información oficial, es que en la última semana, es que fue publicada la tasa de inflación para el mes de septiembre del 2015. Cuando era tradicional que el ente emisor revelara preliminarmente la data, para el día 31 de diciembre de cada año.

Las intenciones

En los considerandos de este decreto, se asoma la velada intención de controlar a los medios de comunicación en su labor informativa y de análisis, al señalar que “que en el marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en los ciudadanos y ciudadanas, dificultando el ejercicio de su derecho a disponer y acceder libremente a bienes y servicios esenciales, en detrimento de sus derechos constitucionales a la salud y a la alimentación”.

Este párrafo debe ser leído, teniendo en cuenta las recientes acciones judiciales y señalamientos del Gobierno, en contra de medios de comunicación que informan sobre las variables económicas que el BCV ha dejado de informar.

Lo que se materializa en el siguiente considerando, al adelantar la motivación de que “las medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en función de las amenazas existentes, deben ser de una gran magnitud e impacto en la economía nacional y de carácter estructural”. Reconociendo al final del párrafo el uso por parte del gobierno “la lucha de clases”.

En otro considerando, el gobierno confiesa que su estrategia, para la aplicación del llamado Plan de la Patria, ha sido la venta del petróleo. Además de considerar, que la caída “abrupta de los precios” es una estrategia de “desestabilización económica”. Como si Venezuela fuera la principal afectada por esta caída de precios.

El decreto

El instrumento legal, que requerirá de la opinión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y la aprobación de la Asamblea Nacional (AN), consta de 10 artículos, con los cuales el gobierno pretende supuestamente contrarrestar los efectos, no de la crisis económica, sino de una también supuesta guerra económica.

El primer artículo, no es ni más ni menos, la petición si pedirla de la concesión de una nueva Ley Habilitante que le de poderes absolutos al presidente en materia económica.

En el artículo 2, el Ejecutivo lista los 11 ámbitos en los que el presidente, a su buen entender, podrá dictar medidas sin consultar a la Asamblea Nacional.

En los primeros 7 numerales destacan, el hacer uso del presupuesto no utilizado en el 2015 –probablemente producto de u propia ineficiencia en su gestión gubernamental; seguir asignado recursos a lo no previsto en el Presupuesto 2016; profundizar la represión fiscal a los sectores productivos del país; eliminar los requisitos legales para seguir realizando contrataciones sin licitaciones; continuar importando bienes sin cumplir las normas aduaneras y portuarias; y la eliminación discrecional de la normativa cambiaria de Cencoex.

En los últimos 4 numerales de este artículo, es establecen deseos muy generales que debieran haber estado en los considerandos.

Tales como, requerir a los productores para que eleven la producción; y la adopción de medidas para garantizar el acceso oportuno a bienes de primera necesidad, y entre las cuales se encuentran la incautación –aunque no utiliza este término- de “los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como de otros bienes de primera necesidad”.

Finalmente en este artículo 2, y como para que no se quedara por fuera, el decreto menciona la adopción de medidas para favorecer la inversión extranjera. Así como también, esboza el genérico objetivo de fortalecimiento y desarrollo de las llamadas misiones. Instrumento que ha venido siendo utilizado por el gobierno con objetivos clientelares, y que hasta el momento no han sido controlado en su ejecución.

En el artículo 3, el presidente queda facultado para “dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias”.

En el artículo 4, los ministerios competentes en materia económica, junto con el BCV, quedarían autorizados para controlar absolutamente los gastos en bolívares, restringir transacciones comerciales y financiera, incluyendo las realizadas electrónicamente.

En el artículo 5, se facultaría a los órganos represivos del Estado, incluyendo a la FA; para la represión económica.

En el artículo 6, el decreto convoca únicamente a un conjunto de sectores –afectos al gobierno- a participar activa y genéricamente, “a la consecución de los más altos objetivos de consolidación de la Patria productiva y económicamente independiente, como fiel manifestación de la cohesión existente entre los venezolanos y las venezolanas en el desarrollo económico nacional, y contra las acciones ejercidas por factores internos y externos que pretenden la desestabilización económica del país”.

Ahora le toca a la Asamblea

En conclusión, la Asamblea Nacional no debería pisar este peine, que la despojaría de sus competencias para decidir sobre el futuro del país en la grave crisis económica, y que es la razón fundamental por la que los electores se pronunciaran el 6 de diciembre y los eligieron mayoritariamente como diputados.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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