Visión Global

Análisis: Del CNE al Tribunal Penal Internacional

Análisis: Del CNE al Tribunal Penal Internacional


A estas alturas del juego político en Venezuela, Tibisay Lucena debería estar pensando en cómo van a terminar sus días de vida.

En su alocución del día martes, a través de la cual fijó su decisión de no realizar el referendo revocatorio presidencial hasta febrero del 2017, demostró lo que venían denunciando diferentes dirigentes políticos y de la sociedad civil,

En un manejo matemático de dudosa base legal, Lucena sumó los días de los lapsos del procedimiento constitucional, legal y reglamentario, para señalar que el revocatorio no podría realizarse antes de febrero del 2017. Una fecha mucho más allá del límite legal del 9 de enero.

Olvidó Lucena en su argumentación, que cuenta con el apoyo de las tres otras rectoras –Luis Emilio Rondón se opuso a dicha argumentación- que los lapsos que establece el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de resoluciones, reglamentos, interpretaciones y decisiones ad hoc, que lo que ella y sus rectoras decidan administrativa y/o colectivamente en directorio, no puede exceder los límites constitucionales y legales.

Expresado de otra manera, con las cuentas de Tibisay Lucena “jamás” sería posible revocar a un presidente y a su partido. Lo que violenta el texto constitucional.

Esta violación de la Constitución, por parte de la presidenta del CNE y tres rectoras, constituiría un delito que la jurisprudencia internacional reciente ha catalogado como de “lesa humanidad”.

En virtud de ello, quienes cometen un delito de esta naturaleza, están sujetos a los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Lo que cae sin duda en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, contemplado en el Estatuto de Roma.

La figura de lesa humanidad

La situación de crisis profunda en que se encuentra Venezuela ha ameritado por parte de un numeroso grupo de venezolanos de la activación de un revocatorio, como derecho constitucional para resolver de forma pacífica y democrática dicha crisis.

Es un derecho que tienen los venezolanos. Impedir que democráticamente se ejerza ese derecho, puede conducir a un agravamiento de la crisis con el colapso de la nación.

Las experiencias similares vividas en otros países, nos señalan que entre los riesgos de un colapso, se encontraría la guerra civil o confrontación interna. Eso es extremo, pero siempre probable.

La actual situación social, económica y política, ya muestra los rasgos de un colapso del Estado y de la nación.

No en vano Ban Ki Moom, secretario general de la Naciones Unidas (ONU) declaró esta semana sobre el estado de crisis humanitaria en Venezuela.

El gobierno no garantiza la seguridad alimentaria. Más de la mitad de la población no tiene trabajo formal. La industria nacional está desmantelada o paralizada. Como consecuencia de la grave crisis económica y de falta de oportunidades, se ha incrementando a nivel de récord internacional los índices de criminalidad.   No hay independencia de los poderes, característica indispensable para reconocer que un sistema de gobierno es democrático.

Frente a este cuadro crítico se encuentra un presidente cuyo gobierno no da respuesta alguna. La situación se agrava cada día.

La prueba irrefutable

A raíz de la alocución de Lucena, el rector Luis Emilio Rondón emitió el mismo martes unas declaraciones en las cuales fijó su posición en contrario.

Entre otros argumentos, Rondón señaló que “Este lunes expresé mi desacuerdo a la decisión tomada por la mayoría del directorio de que la recolección de manifestaciones de voluntad del 20% del registro electoral de la solicitud de revocatorio se realizara a finales del mes de octubre.

Mi disconformidad se motiva en que considero que se pudo fijar una fecha anterior si las actividades para la preparación técnica y logística de las máquinas se iniciaran en la segunda quincena de agosto como lo propuse en la sesión de ayer y no a partir de la primera quincena de septiembre como se dispuso.

Estos 38 días para el alistamiento de la plataforma tecnológica, que se incorporaron al cronograma, son más que suficientes para el despliegue de la totalidad de la infraestructura de los más de 14 mil centros de votación con los que cuenta el CNE para garantizar a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos.

Condeno que en detrimento de lo que establece la ¨RESOLUCION 2770 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2007¨ en su artículo 31, que obliga a establecer un cronograma para los lapsos del proceso de promoción de los referendos revocatorios, desde el inicio se han divulgado con retardo las fechas de las actividades propias de este proceso.
Como rector he procurado en todo momento que la institución responda efectiva y asertivamente a la petición de los electores que solicitan se les permita ejercer un derecho consagrado en la Constitución.

Considero que no hay ningún impedimento jurídico, tecnológico o logístico para que se cumpla con la ejecución del procedimiento de solicitud de revocatorio una vez cubiertos los extremos de la norma. La voluntad de cumplir con nuestro deber constitucional como ente rector de los procesos electorales es fundamental.

Aun así vimos como 5 días para constatar el 1%, previstos en el artículo 10 numeral 5 de la resolución nombrada, se convirtieron en más de treinta días.

La inexistencia de un cronograma desde el momento de la solicitud de la activación del revocatorio ha lesionado el principio de imparcialidad que debe garantizar el ente y ha ido en detrimento de la igualdad que debe existir entre las partes. Por eso insistí en la divulgación previa de un calendario integral de las tres fases de la solicitud del revocatorio: promoción, recolección del 20% y realización del referendo.

Ante la difícil situación que vive el país considero que es indispensable que el ente comicial respete los lapsos claramente establecidos en la normativa. El CNE debe actuar en el marco del principio de celeridad que obliga la norma para cumplir con su deber constitucional de garantizar que los venezolanos puedan expresar oportunamente su voluntad.
Estamos a tiempo”.

Estas declaraciones de Luis Emilio Rondón constituirían una prueba irrefutable de las maniobras tendientes a un fraude constitucional, por parte de Lucena y las otras tres rectoras.

La importancia de lo que ahí se dice, proviene de que Rondón es un funcionario del mismo nivel y rango de la presidenta del CNE y las tres rectoras. Además de ser un testigo de excepción de los manejos que se han venido haciendo dentro del ente electoral para desvirtuar lo establecido constitucionalmente en la figura del revocatorio.

En el TPI

Las penas, por cometer crímenes de lesa humanidad, pueden llegar hasta los 30 años de reclusión. Lo que hemos visto en África y los Balcanes ha sido impactante, por los miles de muertos que esos crímenes causaron. En Venezuela, y como dice el rector Rondón, “estamos a tiempo”.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

Atras
Visión Global

2013 © Visión Global. Todos los derechos reservados. Contacto: visionglobal.info@gmail.com - visionglobal.ventas@gmail.com - Teléfono: 0212 4186529