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Análisis: Terreno minado entre la Asamblea y Miraflores

Análisis: Terreno minado entre la Asamblea y Miraflores


Es un territorio sembrado de minas las cinco cuadras que separan la Asamblea Nacional del Palacio de Miraflores.

Atrincherado en Miraflores, el presidente Nicolás Maduro le ha prohibido a los integrantes de su tren ejecutivo asistir a interpelaciones o convocatorias de las distintas comisiones. Prohibición que han asumido gobernadores y alcaldes del partido de gobierno.

Copiando el estilo de su antecesor y mentor, Maduro ha utilizado la política de los micrófonos para hacer que esas cinco cuadras sean lejanas.

El presidente ha amenazado con desconocer las decisiones de la Asamblea Nacional, y ha “logrado” que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) forjara una decisión que hubiera limitado las competencias de investigación y control de la función pública. Decisión que quedó sin efecto, al no contar con el voto calificado de los magistrados de la Sala.

En tanto, en el palacio legislativo, los diputados de la nueva mayoría han venido realizando su trabajo con gran moderación y previsión legal, cubriendo y cuidando todos los aspectos e instancias legales parlamentarias.

Para algunos opositores, a los diputados de la oposición les ha faltado velocidad en la toma de decisiones. Consideran que ya han pasado más de 100 días desde su elección, que lo único que se ve son colas por todas partes y perciben un gobierno envalentonado por la presunta inacción.

Para los analistas políticos la pregunta es si existe una estrategia de la nueva mayoría en Asamblea Nacional. Frente a un gobierno que lo que le ha quedado es la retórica –anuncia con anticipación lo que pretende hacer- la oposición pareciera estar rodeado de un velo, tras el cual no se deja ver una estrategia clara. Ni siquiera la vía para una eventual salida temprana del gobierno.

Eso no significa en absoluto que la oposición no tenga estrategia. Implica que no muestra sus cartas. El regreso de las forzadas vacaciones de la Semana Santa ha abierto una brecha a la compresión de cuál sería esa estrategia opositora.

Hasta antes de la Semana Santa, la asamblea había aprobado la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), y había propiciado algunas escaramuzas que tenía que ver con fallidas interpelaciones de altos funcionarios.

Enfrascado en su negativa a refrendar la ley del BCV, Maduro se durmió con las acciones que le concede la Constitución para oponerse a una ley aprobada por el parlamento. Se durmió, al dejar pasar todos los lapsos y acciones previstas. Omisión que trató de subsanar al enviar extemporáneamente el texto a un genuflexo TSJ.

Lo que comenzó por ser una omisión legal, terminó convirtiéndose en un error político. ¿Porqué se comete este error?

En los últimos años, con un gobierno hegemónico que controló todos los poderes constitucionales, la lógica de las decisiones, ha estado signada por la lógica del “teléfono”. Donde gobernantes llaman, y los otros obedecen.

Si se cometía un error, se recurría a abogados criados en este proceso que recomponían un rompecabezas de nula conexión legal entre las piezas. Todo era teléfono y conveniencia. Basta revisar el listado de sentencias del TSJ, en todas sus salas, para colocar en estadísticas del 100 por ciento a quién han favorecido una y cada una de las sentencias.

Así funcionó el país hasta la primera semana de enero del 2016.

La reforma de la Ley del BCV establece un hito en la dinámica que signa la relación entre la Asamblea y el poder Ejecutivo. A Miraflores ya no le contestan los teléfonos en el Palacio Legislativo.

Otro factor, es que su disminuida representación parlamentaria no tiene la fuerza ni la entidad para asumir esa representación en la Cámara de Diputados. Esto a pesar, del curul que ocupa la “primera combatiente”.

Esto revela la precariedad del gobierno en el parlamento. Lo que se percibe con mayor gravedad cuando se conoce que, la poca comunicación entre las partes, ha sido posible por contactos directos e indirectos, y no como consecuencia del trabajo parlamentario del los diputados del PSUV.

En este mar de errores, la Asamblea Nacional ha procedido a promulgar la reforma de la Ley del BCV, siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución. Un articulado que se adelanta a un conflicto constitucional. Lo que hace que esa Ley sea Ley, a pesar que no contará con la rúbrica presidencial.

El segundo elemento de la estrategia opositora, ha sido la aprobación este martes de la Ley de amnistía y reconciliación nacional. Un proyecto de amplia discusión pública.

A pesar de lo señalado por el diputado oficialista Héctor Rodríguez en el debate parlamentario, el proyecto fue ventilado y discutido desde hace más de nueve meses. No hay que olvidar que la Amnistía, fue una promesa electoral de la Mesa de la Unidad Democrática.

En este año, correspondió a la diputada Delsa Solórzano presentar el proyecto original, y luego elaborar el informe para su aprobación en segunda discusión.

En este procedimiento, y según se lee en el informe presentado a la plenaria, participaron y fueron consultadas universidades, academias, ONGs y distintos expertos en la materia.

Al final, la Asamblea Nacional aprobó la Ley, que ahora será enviada al presidente Maduro para su firma y promulgación. El presidente ha reiterado en distintas oportunidades que no la firmará.

La Ley de Amnistía, al igual que la del BCV, deberá ser publicada en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia. El gobierno pudiera ordenar al personal subalterno que no lo haga. Lo que colocaría a estos funcionarios en una posición de desacato.

A diferencia de la inasistencia de altos funcionarios en las interpelaciones – que de alguna manera tienen ciertos privilegios procesales- los funcionarios de la Imprenta Nacional son funcionarios de nivel medio. Lo que quiere decir que son susceptibles de sanciones.

Mientras esta confrontación entre Miraflores y la Asamblea Nacional se desarrolla, el ambiente económico del país se profundiza.

Con una inflación, que según los economistas se esta acelerando a razón de 2% diario – estiman que el 2016 puede varias entre 300 y 800%- el gobierno pudiera quedarse sin dinero para el mes de mayo.

En poco tiempo, el gobierno necesitará dinero fresco y deberá refinanciar o contratar nuevos préstamos externos.

En lo interno, la resistencia del gobierno a la reforma del BCV obedecería a que el BCV dejaría de ser la caja chica para subsidiar las finanzas públicas y las operaciones de PDVSA.

Por lo que, trancada la maquinita de imprimir billetes, y sin dinero que venga del exterior, la situación financiera del gobierno impulsará el cerco político al gobierno.

En este punto, el gobierno deberá contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, para cualquier invento que se les ocurra, tanto al presidente del BCV como al ministro de Finanzas.

Los principales acreedores de la República, que son los chinos, ya han advertido en público, que deben haber nuevas políticas económicas; en privado, que se debe contar con la aprobación parlamentaria para un refinanciamiento de lo que está por vencerse.

La posición de los chinos, es compartida por la banca internacional.

Esta realidad económica, coloca un mecanismo de tiempo a las minas sembradas entre Miraflores y la Asamblea Nacional. Más tiempo pasa, menos tiempo queda.

¿Hay una estrategia de la oposición en la Asamblea Nacional?

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

 

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