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Análisis: Violaciones constitucionales escalan con la agresión a Julio Borges

Análisis: Violaciones constitucionales escalan con la agresión a Julio Borges


Este jueves en horas de la mañana, en momentos en que el diputado Julio Borges se dirigía al Consejo Nacional Electoral(CNE), un grupo de hombres civiles identificados con el régimen, le atacaron vilmente.

Videos y cámaras, accionadas por simples ciudadanos y reporteros gráficos presentes, tomaron imágenes -difíciles de ignorar o negar- de la brutal agresión.

“El general Zavarce dio la orden de que nos empujaran a los colectivos, quienes nos agredieron con tubos y artefactos explosivos”, afirmó el propio diputado Borges, quien además es el jefe de la fracción parlamentaria de la oposición.

“Dijimos muchas veces que íbamos en paz, con la Constitución  en la mano, simplemente para ser escuchados. Pero las rectoras se negaron a atendernos, ellas creen que están por encima de la Constitución, por encima del pueblo”, agregó.

El resultado del ataque, con tubos y otros objetos contundentes, que pudo ser apreciado por los venezolanos en las imágenes que rápida y ampliamente circularon por las redes sociales y portales de información, sería posteriormente confirmado por el parte médico.

Las heridas en la cara debieron ser tratadas en una operación quirúrgica en una clínica, donde le trataron “múltiples fracturas en el tabique y el pómulo”.

No es la primera vez que diputados de la oposición son agredidos por colectivos armados. Con el agravante, que en las dos ocasiones más graves para Borges, haya sido en presencia de efectivos de cuerpos de seguridad y militares, y hasta del diputado del régimen Diosdado Cabello – a la sazón presidente de la Asamblea Nacional- en la ocasión anterior.

Estos “colectivos armados”, viene operando bajo la protección de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Nacional. En las redes pueden ser vistos los videos y fotografías que soportan esta aseveración.

Hace una semana, en protestas de la avenida Fuerzas Armadas, poco más de una docena de periodistas fueron atacados salvajemente por los colectivos en presencia de efectivos uniformados de cuerpos de seguridad.

Esta agresión habría ocurrido con el objetivo –como efectivamente lo hicieron- de despojarlos de sus cámaras y celulares.

Imbécilmente, se olvidaron que cualquier venezolano de a pié dispone en su celular una poderosa cámara de video y fotos, con la resolución adecuada para identificar con nitidez a los agresores.

En esta ocasión tampoco las bandas armadas pudieron evitar ser grabados y fotografiados, cuando aparte de Borges agredieron también a otros diputados y periodistas.

Golpear a unos ciudadanos que protestaban, como ocurrió en la Fuerzas Armadas la semana pasada, es una violación a los derechos humanos de esos ciudadanos.

Agredir y robar a los periodistas, a parte de la violación a sus derechos humanos como personas, es una violación a su derecho al trabajo que tienen como profesionales. Además de constituir una violación al derecho a libertad de prensa y de expresión.

Este jueves, con la agresión abierta y pública al diputado Julio Borges, y en presencia de un general activo de la Guardia Nacional dirigiendo el operativo represivo, es una acción que no solo viola derechos fundamentales, sino que escala los calificativos al gobierno a las experiencias más oscuras del totalitarismo y de irrespeto a la dignidad de las personas, y de la majestad de los representantes del pueblo.

El gobierno se equivocó, al intentar enviar un mensaje a los venezolanos comunes y corrientes que se lanzan a las calles a protestar. Algo así como “si estos le hicimos a un importante diputado, imagínate que te va a pasar si protestas”. Tal como fue el caso de la madre venezolana vilmente asesinada de un escopetazo en la cara, hace menos de una semana en el Táchira.

Por el contrario, en momentos en que la opinión pública latinoamericana y mundial fija su vista en la crisis venezolana, un hecho como este revela el talante poco democrático de un régimen.

Cuando ocurren hechos y acciones como estas, a la mente de la prensa internacional, y de los dirigentes democráticos del mundo, vienen las imágenes de oscuros regímenes dirigidos por gobernantes que se caracterizaron por violar los derechos humanos.

Es así que los procedimientos y prácticas no son nuevas. Sangrientas dictaduras utilizaron estas prácticas con grupos armados, que operaban bajo la dirección y protección de los cuerpos de seguridad. Todo con el fin de acallar las protestas sociales o las opiniones políticas de los opositores.

En una oportunidad, el constitucionalista y profesor Gustavo Tarre, señaló acertadamente que los principales interesados en que se respete la Constitución, son los que gobiernan. Razonando que si los gobernantes violan o permiten que se violen los derechos de los ciudadanos, después correrán el riesgo que no les respeten los suyos.

Esto coloca en manos de la fiscalía y el poder judicial, y del gobierno mismo, la responsabilidad de detener, procesar y castigar penalmente a quienes han perpetrado las agresiones, y a quienes la han impulsado y “alcahueteado”, como denunció la Mesa de la Unidad en su comunicado de este jueves.

Ahí están las gráficas, como la que ilustra esta nota cortesía de AFP que documenta el apaleamiento del diputado Borges.  Algunos de los perpetradores son reincidentes. Y está la denuncia del propio Borges, que responsabiliza al general Zavarce. ¿Seguirá la impunidad? ¿Es la acción de unas individualidades o es una política de Estado?

Eduardo Martínez/VisionGlobal/@ermartinezd

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