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Argentina: Piden justicia por Nisman

Argentina: Piden justicia por Nisman


 

Sepultan al fiscal argentino entre mensajes de apoyo

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Alberto Nisman, el fiscal que acusó a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de pactar con Irán para proteger a terroristas, fue enterrado ayer en medio de aplausos de cientos de personas que exigieron justicia.

El cuerpo de Nisman fue inhumado en el Cementerio Israelita de La Tablada, ubicado en las afueras de Buenos Aires, después de permanecer durante 10 días en la morgue para los peritajes.

El fiscal fue hallado muerto en su casa el pasado día 18, cuatro días después de denunciar que Cristina Fernández negoció con Irán la impunidad de los terroristas implicados en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994.

“Justicia, justicia!” fue el grito unánime que lanzaron las personas que formaron un cortejo espontáneo en el que incluso hubo lágrimas e insultos hacia la presidenta, el canciller Héctor Timerman, también denunciado por Alberto Nisman, así como otros funcionarios.

Los aplausos acompañaron al féretro hasta que lo ingresaron al cementerio para una ceremonia íntima que encabezó el rabino Marcelo Polakoff.

Afuera, las personas que se acercaron a despedir al fiscal colocaron flores, velas, coronas fúnebres y carteles en los que predominó la leyenda “Yo soy Nisman”.

La víspera, la familia veló al fiscal de manera privada en un barrio del norte de Buenos Aires, pero hasta allá llegaron manifestantes para expresar su repudio a la presidenta, a quien responsabilizan de la muerte del fiscal que investigaba el ataque a la AMIA.

Al velorio también acudió el embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet , quien lamentó en una carta dirigida a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, “la pérdida de tan destacado profesional del Ministerio a su cargo”.

La presencia de Mamet no sorprendió, ya que los cables de WikiLeaks revelaron hace seis años que Nisman reportaba y obedecía lineamientos de la embajada de Estados Unidos en Argentina, lo que fue negado en los últimos días por la representación diplomática en el país.

Por otra parte, en un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al gobierno argentino investigar si la muerte de Alberto Nisman está vinculada a su “labor como fiscal” y le urgió a proteger al periodista Damián Pachter amenazado tras informar del caso.

La CIDH solicitó a Argentina que aclare la “posible relación” de la muerte de Nisman con la investigación del atentado contra AMIA, caso que el fiscal tenía a su cargo.”La CIDH llama al Estado a continuar con las investigaciones de oficio, garantizando que sean conducidas con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial, y siguiendo diversas líneas de investigación que tengan en cuenta si la muerte de Alberto Nisman podría estar vinculada a su labor como fiscal”, indicó el organismo.En este contexto, la CIDH instó a Argentina a que adopte “todas las medidas necesarias” para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de derechos humanos y los operadores de Justicia, como Nisman.

La preocupación de la CIDH también se centra en las presuntas amenazas que Damián Pachter, periodista del diario argentino en lengua inglesa Buenos Aires Herald y colaborador del diario israelí “Haaretz”, recibió tras informar de la muerte de Nisman, intimidaciones por las que abandonó el país.Después de su salida del país, la cuenta oficial de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, se hizo eco de las noticias que recogían información sobre el billete de Aerolíneas Argentinas del periodista con destino a Tel Aviv (Israel).La publicación de estos datos elevó la tensión política en el país y ayer la CIDH exhortó al gobierno argentino a adoptar “medidas de protección efectivas destinadas a garantizar la vida e integridad del periodista Damián Pachter”.También pidió al gobierno que investigue las amenazas e intimidaciones denunciadas por el cronista (con doble nacionalidad argentina e israelí) y que garantice el trabajo de la prensa en este caso, que ha despertado tanto interés público.”Los funcionarios estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión y abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de periodistas en situación especial de riesgo”, advirtió la Comisión.

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Notimex y EFE

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