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Asamblea Nacional no aprobó Decreto de Emergencia Económica

Asamblea Nacional no aprobó Decreto de Emergencia Económica


La Asamblea Nacional acordó desaprobar el Decreto N° 2.323 que pretende, a través del Presidente de la República, mantener al país bajo estado de excepción durante el resto del año, tanto en materia económica, como política, paz social, constitucional e internacional.

Luego de los 240 días de prórroga que el Gobierno Nacional aprobó se dieran al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el doble de lo que permite la Constitución Nacional, según el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Omar Barboza, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que permite desaprobar dicho Decreto N° 2.323.

“¿De qué ha servido el Decreto de Emergencia Económica si la inflación acumulada es de 400%?”, dijo el diputado, Alfonso Marquina, en la sesión ordinaria de este martes. “Lo que pretenden con ese Decreto es dilapidar los escasos recursos con los que cuenta la República”, continuó el diputado Omar González.

Por su parte, el parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ramón Lobo, dijo que el Decreto de Emergencia Económica “ha permitido la posibilidad de recursos para la Nación”.

Según el acuerdo aprobado, el Decreto pretende, a través del Presidente de la República, mantener al país bajo estado de excepción durante el resto del año, tanto en materia económica, como política, paz social, constitucional e internacional.

El mismo exige a las instancias internacionales “poner freno al desmantelamiento de la democracia y del Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Presidente de la República y las instituciones que están a su servicio”.

“Someter al Presidente de la República a la Constitución y que promueva, en el marco de las disposiciones constitucionales y de manera respetuosa con las funciones que el pueblo otorgó a esta Asamblea Nacional, las medidas que conduzcan a una verdadera rectificación de la política económica y el fortalecimiento de los valores democráticos”, señala otra de las exigencias del acuerdo.

LUANA CABRERA / EL UNIVERSAL

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