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Aseguran que ocupación temporal es un atajo para evadir el proceso de expropiación

Aseguran que ocupación temporal es un atajo para evadir el proceso de expropiación


El proceso de ocupación temporal efectuado contra Farmatodo y el supermercado Día a Día ha despertado un debate sobre cuál es la diferencia entre este mecanismo y las expropiaciones que solía efectuar el expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, el Observatorio Venezolano del Derecho a la Propiedad Privada cree que el nuevo esquema utilizado es más peligroso, porque permite al Estado disponer de los bienes de una empresa sin pasar por ningún escalón jurídico.

Luis Alfonso Herrera, coordinador del observatorio, recordó que la medida de ocupación temporal apareció por primera vez en 2007, a través del decreto Ley contra el Acaparamiento, hoy en día previsto en el artículo 39 de la Ley de Precios Justos y permite a la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) tomar posesión temporal de los bienes, maquinarias e instalaciones de una empresa con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento.

El Estado incluso puede desplazar a la gerencia o a los accionistas con el argumento de que la empresa está ocupada. Eso era una figura normal en los bancos o los seguros, pues cuando tienen un mal funcionamiento pueden contagiar a otros actores del mercado y se crea desconfianza en el mercado, dijo Herrera.

Un castigo legal

La contradicción empieza con la Ley de Precios Justos, pues si bien se indica que es una medida preventiva en el artículo 39, en el artículo 45 de la misma ley se ve como una sanción o un castigo. En cambio, la expropiación, en teoría, debe ser efectuada con fines de utilidad pública, explicó el coordinador.

Herrera expuso que en la ocupación no existe una finalidad de utilidad pública, no hay avalúo del bien, y aunque el Estado no es propietario del bien, en la práctica se comporta como tal. Puede disfrutar y disponer del bien. Es decir, la ocupación temporal es un atajo para evadir una expropiación, que es muy costosa, tiene garantías y no permite disponer del bien sino hasta al final de un juicio.

Además, para el abogado una ocupación temporal se traduce en un irrespeto al artículo 115 de la Constitución, que indica que la toma de un bien solo puede aplicarse después de un procedimiento jurídico. La Ley de Precios Justos inicia una actuación presumiendo la culpabilidad en el ilícito y luego es que el afectado puede solicitar formalmente que se abra un procedimiento para defenderse. Eso es una forma de saltarse la expropiación sin derecho a la defensa o a cumplir con las fases que no interesan.

A juicio del abogado, con medidas así es cuesta arriba afirmar que en Venezuela existe la propiedad privada, pues actualmente todas las actividades económicas son objeto de utilidad pública, es decir, todo es potencialmente estatal. “El Gobierno se ha atribuido poderes para intervenir en la economía cuando considera que alguien no hace lo que debería. Se convierte en tu dueño real y eso disuelve la separación que debe existir entre propiedad estatal y privada”.

Una gran desconfianza

Carlos Larrazábal, vicepresidente de Fedecámaras, indicó que a pesar de que el Gobierno anunció que tomaría medidas para atender la coyuntura económica, no se ha atacado el problema de fondo: la falta de producción. Las medidas de persecución sobre la actividad privada no crean confianza, sino temor, resaltó en Unión Radio.

Según el representante empresarial, los comerciantes tienen temor de tener inventarios, lo que complica la logística de distribución y producción. Mientras tanto, Luis Figueroa, responsable civil contra la guerra económica en Miranda, indicó que al Gobierno le preocupa el comercio de los buhoneros. Si violentan la ley se tomarán medidas.

De acuerdo con Figueroa, quien hace economía informal corre un gran riesgo, por ser propenso a la fiscalización y llamó a las personas que la practican a encauzar su acción porque no es correcto que alguna persona usando su nivel de vida afecte a sus vecinos.

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