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CEDICE coincide con el PSUV en cuestionamientos a Ley de Bono para jubilados

CEDICE coincide con el PSUV en cuestionamientos a Ley de Bono para jubilados


La Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para pensionados y jubilados, aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional, abre un debate en la opinión publica que evidencia la magnitud de la crisis económica que vive el país.

En lo que pudiera ser un hecho histórico, CEDICE coincidió parcialmente con la posición fijada por los diputados del gobierno en el debate parlamentario.

Esta nueva ley, cuyo proyecto fue presentado por Miguel Pizarro, diputado de la MUD, permitirá que los pensionados y jubilados reciban el pago de bonos de cesta ticket como perciben los trabajadores activos.

A diferencia del aumento del salario mínimo, que es erogado tanto por el sector público como el privado, el pago para los pensionados y jubilados es de la total responsabilidad del sector público.

En este sentido, los expertos han estimado que el impacto sobre el presupuesto nacional sería negativo. Se calcularía pudiera incrementar el déficit fiscal en no menos de 5 puntos del PIB.

Aunque los diputados del PSUV se cuidaron de no desmeritar los beneficios que representa la ley para jubilados y pensionados, sus cuestionamientos estuvieron dirigidos a señalar que no existen los fondos ni el financiamiento para los compromisos que genera la ley en el presupuesto nacional.

Víctor Clark y Francisco Torrealba del PSUV, argumentaron que el proyecto no gozaba de respaldo económico.

“Es muy fácil aprobar una ley sin saber de dónde van a salir los fondos para esos beneficios”, advirtió el diputado Torrealba.

Por su parte el diputado oficialista Ricardo Sanguino que “no estamos en contra de los beneficios sociales, pero hay que ser realistas y no hay recursos”. En tanto Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del PSUV, propuso un nuevo impuesto para recaudar los fondos para pagar el bono, y que ha sido estimado en unos 500 millones de bolívares.

El razonamiento de los diputados de oposición, proponentes de la ley, fue rechazar el gasto militar del gobierno.

“Si hay dinero para la industria militar y si hay dinero para muchísimas cosas a las que se han acostumbrado los que están en el poder. En este país sí hay dinero para que nuestros jubilados y pensionados gocen del bono de alimentos y medicinas que durante tanto tiempo exigieron y discutieron a través de esta comisión para aprobar esta ley”, puntualizó Miguel Pizarro.

“Está comprándose armamento para una guerra que no existe”, agregó el diputado opositor zuliano William Barrientos.

Posición de CEDICE

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) presentó en paralelo al debate parlamentario aprobatorio, un “análisis costo beneficio” de la ley.

Alertaron sobre el impacto que tendría la ley en el sector privado, dado el déficit fiscal en el que se encuentra Venezuela.

“Es importante establecer que lo que se requiere es una ayuda temporal, por un lapso corto para aliviar un problema coyuntural a los efectos de aliviar a la población más afectada”. Advirtiendo que el bono alimentación para jubilados y pensionados debe ser “sostenible financieramente”.

Cristina Blassi, la economista que elaboró el estudio, señaló que es necesario analizar su impacto fiscal, ante la posibilidad de que trasmita una nueva carga impositiva al sector privado, “el cual ya ha sido duramente cargado con programas de compensaciones laborales, impuestos y otras cargas, cuando también le es casi imposible equilibrar los altos costos con precios controlados”.

Blassi propuso para atenuar el impacto, que el beneficio no sea generalizado a todos los jubilados y pensionados del país, sino focalizado en los estratos sociales D y E, para lo que se requiere un estudio socioeconómico de la población pensionada. Dado que estos sectores son los más afectados, pues destinan “mayor parte de sus ingresos a alimentos y medicinas”.

En cuanto a las medicinas, CEDICE sugiere una delimitación de los tratamientos médicos que serían cubiertos por el Bono para Tratamientos Permanentes, otro de los componentes de la ley, para estimar sus costos.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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