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“Chile y la corrupción política” por Carlos Malamud

“Chile y la corrupción política” por Carlos Malamud


Carlos Malamud.

La corrupción se ha convertido en un serio problema en América Latina. Las noticias de los últimos meses han aumentado la preocupación por lo ocurrido en Chile, Brasil y México, aunque prácticamente nadie está libre de sospecha. La gravedad de los casos del hijo de Michelle Bachelet, de Petrobras o de la casa blanca mexicana, ha llevado a los principales medios internacionales a ocuparse del tema.

Según el Latinobarómetro 2013, la última edición disponible, la corrupción ocupaba el tercer lugar junto a la economía (6% de los encuestados) entre los problemas más importantes de la región, detrás de la seguridad pública (24%) y el desempleo (16%). Entonces, las repercusiones de la corrupción todavía no habían alcanzado su magnitud actual, a tal punto que sólo en Costa Rica (con un 20% de las opiniones) era considerado el principal problema nacional.

Las variaciones de un país a otro son enormes. Detrás de Costa Rica está Honduras con un 11%, acompañado por Brasil y Colombia, donde un 10% de los encuestados creía que era el principal problema. Chile, con un honroso 1%, cerraba la lista. Será interesante conocer los datos de 2014, medidos en el último trimestre, para ver cómo han evolucionado tras el agravamiento de la situación. corrupción en América Latina.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional muestra no sólo el lugar de cada país, sobre 175, sino también la ubicación relativa de América Latina, bastante rezagada en la clasificación, especialmente si se la compara con los países más desarrollados. Sólo tres países latinoamericanos superan los 50 puntos, mientras la gran mayoría tiene menos de 40, un claro suspenso (100 equivale a ausencia de corrupción y 0 a corrupción absoluta).

Los países con menor percepción de corrupción son Chile y Uruguay que ocupan el lugar 21º con 73 puntos. Siguen Costa Rica, 47º, 54; Cuba, 63º, 46; y Brasil, 69º, 43. Por debajo de 40 puntos están El Salvador, 80º, 39; Perú, 85º, 38; Colombia y Panamá, 94º, 37; Bolivia y México, 103º, 35; Argentina, 107º, 34; Ecuador, 110, 33º; Guatemala y República Dominicana, 115º, 32; Honduras, 126º, 29; Nicaragua, 133º, 28; Paraguay, 150º, 24; y cierra la lista Venezuela, 161º, 19.

En el caso concreto de Chile, tanto el Latinobarómetro como el IPC de Transparencia Internacional muestran claramente el estado de la opinión pública al respecto. Hasta entonces, para una amplia mayoría de chilenos la corrupción no había sido un problema preocupante. En líneas generales, con las debidas excepciones y a diferencia de la mayor parte de sus vecinos, creían en la solvencia y la palabra de sus políticos y empresarios.

Sin embargo, el estallido del llamado “caso Penta” los sumió en lo que terminaría siendo una verdadera pesadilla. Fue tal su gravedad que enseguida los medios comenzaron a hablar del mayor escándalo de corrupción de la historia chilena. Lo que se inició como un caso claro de evasión de impuestos por parte de un holding empresarial se convirtió en octubre de 2014 en un escándalo político de dimensiones incalculables que afectó a la derechista UDI (Unión Demócrata Independiente), acusada de haber financiado sus campañas con dinero de Penta.

Desde las filas oficialistas se cargaron las tintas en la denuncia de algo que pensaban no podía afectarlos. El presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, señaló: “Me causa extrañeza que se produzca tanta sorpresa por estas cosas. Hace muchos años que el grupo Penta y la UDI son fácilmente confundibles”. Esto era así hasta que otro escándalo, conocido como Caval, golpeó de lleno a la presidente Bachelet, al afectar directamente a su hijo y su nuera, acusados de enriquecerse en operaciones inmobiliarias gracias al manejo de información privilegiada y tráfico de influencias.

Pero esto no fue todo. Por si faltaban sorpresas, finalmente detonó un nuevo escándalo de financiación política, el SQM o Soquimich, donde se veían involucrados el yerno de Augusto Pinochet y políticos del oficialismo, otrora enfrentados en la lucha antidictatorial. Estaban, pues, todos los ingredientes servidos para que el prestigio de los políticos se desplomara, comenzando por la presidente, que cayó al 31% de aprobación a fines de marzo pasado.

Pese a no estar implicada directamente en ningún caso, la escasa aprobación de Bachelet es una de las más bajas de la reciente etapa democrática chilena, sólo superada por Sebastián Piñera. Según una encuesta de Plaza Pública, el 60% de los chilenos desaprueba la forma como Bachelet conduce su gobierno, el 70% cree que en Chile hay mucha corrupción, especialmente en los partidos políticos (76%), en el Congreso (67%), en las grandes empresas privadas (60%) y en el Gobierno (57%).

Prácticamente toda la clase política chilena se ha visto sumida en el desconcierto. De este modo no logra articular las respuestas adecuadas para enfrentar la corrupción, un fenómeno que va más allá de la financiación de los partidos y las campañas electorales. La presidente ha creado una comisión de notables para afrontar el problema e impulsa una reforma constitucional para endurecer las penas contra los delitos vinculados a la corrupción, aunque de momento sin resultados apreciables que convenzan a una opinión pública totalmente descreída.

Pero, como apunta Carlos Huneeus, el problema es mucho más complejo y tiene que ver con la forma en que los partidos de la Concertación se plantearon la reconstrucción de la democracia tras el fin de la dictadura de Pinochet y cómo trataron a los grandes empresarios. A esto se añade un hecho decisivo y es que un país como Chile, con sus aspiraciones modernizadoras, no puede seguir funcionando con una Constitución heredada de la dictadura , pese a las reformas introducidas. Para ello hace falta un amplio consenso político y parlamentario, huyendo de falsas salidas como la de convocar una Asamblea Constituyente. Esto último requiere asumir claramente los problemas sociales del momento. Como bien señala Huneeus: “La clase dirigente tiene que entender que el problema son ellos y no la sociedad”. Bachelet lanza reforma que dispone pérdida de cargos públicos por corrupción

Infolatam, 20 de abril de 2015

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