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Colombia admite ante la ONU alto índice de presos preventivos

Colombia admite ante la ONU alto índice de presos preventivos


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El alto índice de presos preventivos en el sistema penitenciario de Colombia es un problema estructural, reconoció hoy una delegación oficial colombiana que se presentó por segundo día consecutivo ante el Comité contra la Tortura de la ONU.

A la cabeza de esa delegación figura la directora de Política Criminal y Penitenciaria de Colombia, Marcela Abadía Cubillos, quien dijo que el 70 por ciento de la población carcelaria está pendiente de juicio, es decir, “son detenidos preventivos, lo que es un problema estructural” que contribuye al hacinamiento en esos establecimientos.

En la víspera, expertos del Comité de la ONU consideraron que la superpoblación penitenciaria es una de la razones principales de que se produzcan casos de torturas, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones.

El órgano que vigila el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención contra la Tortura celebra en Ginebra su 54 periodo de sesiones y, entre ayer y hoy, ha examinado el informe periódico que le presentó Colombia.

En una de sus intervenciones, Abadía Cubillos explicó que todos los presos preventivos gozan de garantías constitucionales que, entre otras cosas, les permiten invocar el habeas corpus o presentar denuncias penales contra funcionarios en caso de que estos les hayan mantenido detenidos de forma indebida.

“Nadie puede ser detenido más de 36 horas sin que un fiscal haya pedido a un juez la imputación de cargos… hay garantías para prevenir la arbitrariedad”, aseguró.

Asimismo, señaló que el ordenamiento legal de Colombia cuenta con varios mecanismos institucionales y legales para que los detenidos denuncien condiciones irregulares de detención, incluidos los malos tratos.

En respuesta a una pregunta formulada en la víspera por uno de los miembros del Comité, la representante del Ministerio de Justicia colombiano precisó que el aislamiento dentro de las cárceles antes era una sanción disciplinaria, pero que ahora esto está excluido “y no puede ser considerado como un mecanismo de castigo”.

Otra garantía consiste en que, sin distinción entre detenidos preventivos y condenados, a toda persona que ingresa en una prisión se le realiza un examen médico de entrada y otro de salida, cuyos resultados deben quedar registrados.

Por otra parte, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de Colombia, Carlos Javier Soler, se refirió a las detenciones durante manifestaciones, una situación que -según denuncias recibidas por miembros del Comité- ha dado lugar a situaciones de torturas.

A ese respecto, Soler indicó que las investigaciones y detenciones asociadas a manifestaciones fueron realizadas “por fiscales y jueces independientes y con todas las garantías judiciales”.

Las razones para la detenciones fueron el bloqueo y aislamiento de vías públicas, ataques y agresiones contra servidores públicos, secuestro, y porte ilegal de armas y explosivos, según enumeró.

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EFE

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