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Comisión de Contraloría de la AN sólo mantiene 70 casos de corrupción abiertos

Comisión de Contraloría de la AN sólo mantiene 70 casos de corrupción abiertos


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La desviación de fondos dentro de la Caja de Ahorros del Parlamento nacional, la investigación a exgobernadores y alcaldes, la corrupción en instituciones como Pdval o la Universidad Central de Venezuela, son algunos de los casos “más delicados” dentro de la lista de 70 que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) se encuentra investigando.

La diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Lesbia Castillo, vicepresidenta de esta instancia, explicó a Últimas Noticias que para diciembre de 2014 la comisión había logrado determinar responsabilidades políticas en 1.737 casos.

Agregó que este año solo mantienen 70 expedientes abiertos divididos en tres subcomisiones: la primera, dirigida por la parlamentaria Isabel Lameda, contiene 19 casos referidos al Ejecutivo nacional; la segunda subcomisión revisa 20 casos de ejecutivos regionales y es dirigida por Erik Mago; y, la tercera, encabezada por Rosa León, que estudia 31 expedientes de inversión y gastos municipales.

Pendientes. Dentro de los casos más importantes que se investigan en esta comisión está “el caso del exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, cuyo informe aún no se completa”, y a quien investigan por una nómina paralela en la Corporación de Salud de esa entidad. Castillo informó que “el 19 de este mes una comisión hará una visita para culminar el informe y cerrar el caso los primeros días de abril”, puntualizó.

La gestión del exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, también es investigada en la AN por la denuncia de más de Bs 19 millones, supuestamente, malversados.

Por un delito similar investigan en la Universidad Central de Venezuela el destino de los ingresos generados producto del alquiler del estadio universitario. Otros expedientes son el de Pdval, tras el hallazgo de contenedores con alimentos descompuestos en Puerto Cabello (Car) en 2010 y el de la cementera Cerro Azul.

Mano dura. “Estamos haciendo esas investigaciones con mucha responsabilidad para que no digan que son unos perseguidos y que nosotros atacamos la corrupción por el color político… Nuestra lucha es la transparencia en la administración de los fondos públicos”, dijo la diputada, para quien “es imposible” que el socialismo y la corrupción convivan.

Castillo explicó que estos 70 casos pueden tardar porque “necesitan una investigación más profunda” y que, incluso, algunos de ellos son los de más vieja data en la comisión y se encuentran dentro de los más de 1.400 expedientes denunciados hasta 2010, cuando empezó este período parlamentario. “Tenemos una lucha frontal contra la corrupción y eso fundamentalmente es el lineamiento desde que Pedro Carreño preside la instancia”, dijo.

El procedimiento. Castillo expuso que los casos que llegan a la Comisión de Contraloría son evaluados por una instancia técnica que determina si deben ser investigados por ese departamento y se procede entonces a abrir el expediente respectivo para que los diputados hagan las evaluaciones, entrevistas, visitas pertinentes y elaboren el informe final en el que determinan responsabilidades políticas en el asunto.

“El informe se envía a la plenaria de la AN y se discute, e inmediatamente aprobada la responsabilidad política por mayoría simple se envía al Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades administrativas y penales”, explicó Castillo.

Nuestra meta es cerrar el 2015 con cero casos y entregarle a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional todo al día”, dijo, y afirmó que pretenden cumplir al menos con 60% de las investigaciones (42 casos) en este primer período legislativo.

Ley de Control Político 

El diputado de la Comisión de Contraloría, Jesús Montilla, estudia junto a la comisión técnica de esa instancia de trabajo un proyecto de Ley de Control Político con el que buscan descentralizar los mecanismos de fiscalización en el manejo de los fondos del Estado y que, posiblemente, sea presentada ante la plenaria del Parlamento durante este periodo legislativo. Con esta normativa intentarán que los consejos municipales se ocupen del control sobre los alcaldes, el legislativo sobre los gobernadores y la Asamblea Nacional solo sobre el Ejecutivo y así se agilicen las respuestas.

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Génesis Carrero Soto / ÚN

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