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Conflicto de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial arriba a seis meses sin indicios de una posible conciliación

Conflicto de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial arriba a seis meses sin indicios de una posible conciliación


El conflicto entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ya arriba a seis meses y sin indicios de una posible conciliación.

Leyes emanadas de la Asamblea Nacional van y vienen sin que pasen la barrera del presidente, que debe darles el ejecútese, pero muncho menos del Tribunal Supremo de Justicia, que hasta ahora ha “echado para atrás” todos los textos legislativos, excepto uno, la Ley de bono de alimentación y medicamentos para pensionados y jubilados, declarada constitucional pero haciendo la salvedad de que su aplicación estaría sujeta a la viabilidad económica del Gobierno nacional, lo que en estos tiempos de crisis la imposibilita.

La Ley de títulos de propiedad de la misión Vivienda Venezuela, la Ley de reforma del Banco Central de Venezuela, la Ley de Amnistía y reconciliación nacional; la Ley especial para atender la crisis en salud, la Ley de reforma parcial del TSJ: ninguna ha pasado el filtro del máximo Tribunal.

Hasta ahora la AN tiene siete leyes sancionadas, 17 en primera discusión, una en segunda discusión (Ley de Referendos), y tres en fase de entrada en cuenta, según se indica en la página web del Parlamento.

Pero más allá de las leyes, el primer acto del TSJ fue un amparo cautelar, de la Sala Electoral, que dejó a la MUD sin mayoría calificada, al impedir la incorporación de tres de sus diputados, más uno del Psuv, por la investigación de un presunto fraude electoral en el estado Amazonas.

Precisamente el choque entre estos tres poderes no da paso a que la AN muestre resultados, así lo expresó el diputado Elías Matta, del partido Un Nuevo Tiempo.

“Es triste cómo el Presidente en lugar de resolver la escasez de alimentos y medicinas, lo que está es dedicado a ver cómo elimina la AN. Maduro todos sabemos que controla el TSJ y eso lo que genera es inestabilidad política. Tiene que haber un mínimo de entendimiento. La AN es un poder que se renovó hace seis meses y según encuestas es la institución más respetada del país después de la Iglesia”, manifestó Matta.

Por su parte, el parlamentario José Manuel Olivares (PJ) opinó que el conflicto cesará cuando cambie el Gobierno, porque hasta ahora “la AN ha aprobado leyes para ayudar al pueblo, ha hecho auditoría, contraloría al Gobierno y no va a cambiar su función. En cambio el TSJ lo que ha hecho es prohibir la ley que le otorga vivienda a los venezolanos, la ley que atiende la crisis en salud. El TSJ está en contra del pueblo venezolano”.

La Ley de Viviendas fue declarada inconstitucional “en su conjunto” por el Tribunal “al imponer una regresión en cuanto a la materialización del derecho a una vivienda digna” y “no garantizar el ejercicio pleno del derecho de las familias a tener un hogar, además de no haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en el Reglamento Interior y de Debates”, se leyó en la sentencia.

La Ley del BCV tampoco pasó la prueba, “por cuanto la reforma pretende atribuirle al Parlamento competencias para designar, ratificar y remover al presidente y demás directores del BCV, al margen de los preceptos constitucionales”.

La polémica Ley de Amnistía, bandera de campaña de la oposición, fue rechazada en abril pasado, porque “aprobarla es desconocer principios, derechos y garantías constitucionales”, señaló el Tribunal, afecta el derecho de acceso de justicia a los perjudicados, y las amnistías no pueden ser para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos, además la ley “provoca impunidad para quienes cometen delitos contra los derechos humanos”.

Pero más allá de las leyes que han sido rechazadas, el TSJ declaró, el 13 de junio pasado, que la AN usurpa funciones del Ejecutivo.

“Se declaró la inconstitucionalidad de la Ley especial para atender la crisis nacional de salud por usurpar competencias atribuidas al Ejecutivo nacional en materia de Estados de Excepción”, señaló la Sala Constitucional.

Para el historiador, profesor de geopolítica de LUZ, Juan Romero, explicó que se está ante un “empate catastrófico”, que es una situación donde hay dos proyectos en pugna y los dos tienen instituciones que controlan, por lo tanto “hay un proceso de anulación y toda fuerza genera otra con igual magnitud, toda acción genera una reacción. Entonces hay un escenario de confrontación y de negación absoluta del otro. (…) Lo que genera finalmente es la disolución de toda posibilidad de convivencia política”.

Agregó Romero que debe haber “una revisión de la sindéresis, de la capacidad de negociación dentro de la Asamblea para discutir leyes”.

Desde el Psuv, Rodrigo Cabezas, miembro de la Dirección nacional, sostuvo que se debe hacer “todo lo que haya que hacer para que se propicie y se concrete un diálogo entre el liderazgo político de la nación. Es responsabilidad con el pueblo de Venezuela que Gobierno y oposición dialoguen para la estabilidad política, para evitar la violencia, para cooperar en los problemas económicos y para darle salidas democráticas al tema de la controversia política”.

En el centro de la diatriba política se encuentran los venezolanos, cuya mayoría aboga por el cese de la confrontación entre los poderes públicos.

LM / VISIÓN GLOBAL

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