Visión Global

Conozca los pasos a seguir por la AN para la efectiva destitución de los magistrados del TSJ

Conozca los pasos a seguir por la AN para la efectiva destitución de los magistrados del TSJ


La Asamblea Nacional aprobó hoy -por unanimidad de la mayoría opositora- un acuerdo para ratificar el llamado al Poder Ciudadano a calificar las faltas graves en las que incurrieron los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de destituir a dichos funcionarios. El Parlamento reiteró así la activación del proceso, calificado como un golpe parlamentario por el diputado Héctor Rodríguez en representación del Gran Polo Patriótico.

En una entrevista exclusiva con El Nacional, el abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó cómo es el proceso para que la Asamblea logre sus objetivos. En primera instancia indicó que el acuerdo parlamentario plantea el inicio de dos procesos independientes, el jurídico-constitucional y el jurídico-penal: el primero con el fin de remover a los magistrados y el segundo para esclarecer si incurrieron en algún delito, lo cual los llevaría a la cárcel.

Haro destacó que ambos procesos son complejos y alertó que podría darse solo uno, ambos o ninguno “en el peor de los casos”.

Trámites

El proceso jurídico-constitucional implica invocar el artículo 265 de la Constitución, que otorga las competencias al Parlamento de remover a los magistrados previa calificación de una causa grave por parte del Consejo Moral Republicano: integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

En consiguiente, al tomar en cuenta que la Asamblea formalizó el inicio del proceso, uno de los órganos del Poder Ciudadano debe convocar una sesión del Consejo Moral para abordar la denuncia. A juicio de Haro debería ser Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, por haber advertido sobre la ruptura del hilo constitucional.

Se requiere que dos de los tres órganos del Poder Ciudadano voten a favor de iniciar el procedimiento, así como citar y garantizar el derecho a la defensa de los magistrados para determinar si hubo o no una falta grave que amerite destituirlos.

El abogado constitucionalista señaló que hay, a su juicio, al menos tres faltas graves cometidas por los magistrados. Entre ellas violación a los principios fundamentales de la Constitución y haber dictado un fallo contra la nación en las sentencias 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional.

Si se llegara a determinar al menos una falta grave, se enviaría el expediente a la Asamblea para que vote a favor o en contra de la destitución. Haro destacó que se necesitan dos de las terceras partes de los integrantes totales del Parlamento para proceder con la remoción, es decir, los 112 legisladores opositores. No obstante, en la primera sesión ordinaria del Parlamento en 2017 se desincorporó a los tres diputados por el estado Amazonas (Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Igarza): “El escollo es que se necesitan esos diputados”, acotó el abogado.

Proceso penal

La deliberación del Consejo Moral Republicano podría demorar hasta un mes, por lo que la remoción podría pasar a plenaria en mayo. A partir de allí los lapsos dependerán de cuánto se tarde la Asamblea en tomar las acciones correspondientes. Sin embargo, el proceso jurídico-penal se tardaría más tiempo, entre seis meses a un año.

Este último procedimiento deberá iniciarlo el Ministerio Público, quien determinará si la Sala Constitucional incurrió en algún delito tipificado en la legislación venezolana. Haro opinó que hay al menos tres: usurpación de funciones del Parlamento, instigación pública y conspiración al intentar alterar la forma republicana de la Constitución.

El proceso penal es más complejo; además, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia es quien determinará si se llevan los funcionarios a juicio, según los argumentos de la fiscal.

Los parlamentarios opositores han hecho énfasis en que no solo se destituya a los magistrados de la Sala Constitucional, también han insistido en llevarlos a juicio y encarcelarlos por haber dado un golpe de Estado.

El diputado Carlos Berrizbeitia indicó a El Nacional que la falta cometida por el Poder Judicial fue informada tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo. Recordó que la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una ruptura del orden constitucional en el país, por lo que espera que ratifique sus declaraciones.

Agregó que Tarek William Saab, defensor del Pueblo, podría oponerse al proceso, pero deberá argumentar su posición; asimismo, adelantó que el Parlamento deberá conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, para designar nuevos magistrados.

 

 

 

Abel López / El Nacional

Atras
Visión Global

2013 © Visión Global. Todos los derechos reservados. Contacto: visionglobal.info@gmail.com - visionglobal.ventas@gmail.com - Teléfono: 0212 4186529