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Conspiración y fraude se evidenciarían en la alocución de Tibisay Lucena

Conspiración y fraude se evidenciarían en la alocución de Tibisay Lucena


Como suele ocurrir en los países donde no hay separación de poderes, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la posición esbozada reiteradamente por el gobierno en cuanto a la no realización del referendo revocatorio presidencial en el 2016.

Lo anunciado, este martes en rueda de prensa la presidenta del ente electoral Tibisay Lucena, fue exactamente que los lapsos de tiempo de las etapas del proceso apuntan a que el revocatorio se realizaría en el año 2017.

Esto tendría como consecuencia de que pudiera salir de la presidencia Nicolás Maduro, pero el chavismo seguiría en el poder a través del vicepresidente del momento.

Para comprender el origen y significado de la estrategia que están detrás de esta posición de Lucena y las otras tres rectoras, basta con leer las inmediatas declaraciones de Jorge Rodríguez, quien coordina y dirige el esfuerzo del gobierno para impedir el referendo con la ayuda del ente electoral.

Rodríguez tajantemente dijo que el referendo revocatorio no se realizará ni en 2016 ni en 2017. Adelantado lo que probablemente será la demostración de la no-separación de los poderes.

En este caso, el poder judicial, al expresar que “Y estoy seguro por los vientos que soplan y por el fraude masivo, que tampoco habrá referéndum en el 2017”.

La grieta de Lucena

La presidenta del CNE fue muy elocuente, al relacionar los lapsos de tiempo, para demostrar que en cumplimiento de la ley y los reglamentos, no habría revocatorio. Se puede decir que “casi nos convencieron los argumentos esgrimidos”.

Sin embargo, la revisión de dichos argumentos –más allá de la diatriba política- muestra las grietas de la excusa utilizada por Lucena en obediencia a los deseos expresados por Rodríguez.

Para solicitar el referendo los pro-revocatorio debían esperar que se cumpliera la mitad del período presidencial. Alcanzada esta fecha, los solicitantes oficiaron al CNE para que entregara el formato de los formularios necesarios para recoger el 1% de las firmas.

Esos formularios fueron entregados por la gran presión pública ejercida por los solicitantes en las calles. Lo que llevó a Lucena y las otras tres rectoras a entregar de inmediato las planillas.

La oposición en 72 horas, y a pesar de todos los obstáculos plantados por el CNE, logró recoger más de 2 millones de firmas. De ahí en adelante los pro-revocatorios han estado detrás de las cuatro señoras del CNE para que establezcan la fecha de recolección del 20% de las firmas.

Lucena y sus colaboradoras han interpretado y reinterpretado las leyes, reglamentos e instructivos, para retrasar la recolección de esas firmas.

Conspiración y fraude

El análisis de la conducta de Tibisay Lucena, habida cuenta de su esfuerzo manifiesto por impedir la realización del referendo revocatorio, llevaría a la presunta comisión de dos graves delitos.

En primer lugar, estaríamos en presencia de una conspiración para cometer un delito –en este caso fraude.

Para que exista conspiración, es necesario que participen más de dos personas. En este caso, salta la vista Jorge Rodríguez y las otras tres rectoras. No haría falta demostrar la participación de nadie más. Aunque es evidente la comparsa de altos funcionarios del gobierno y del PSUV, partido de gobierno.

En segundo lugar, toda conspiración conduce al delito o delitos en si: el fraude. ¿Fraude a qué? Nada más y nada menos que a la Constitución.

En el texto constitucional de 1999, se introdujo la figura del “referendo revocatorio”. Un “derecho” concedido, a los ciudadanos, para destituir al funcionario de elección que a juicio de los ciudadanos no cumple con sus responsabilidades en el ejercicio del cargo.

Limitar ese derecho a los venezolanos, tratar de impedirlo o maniobrar para desvirtuarlos –como lo ha venido haciendo el CNE- es un fraude a la letra constitucional, y al espíritu mismo de los constituyentes cuando propusieron y debatieron la inclusión de la figura del referendo revocatorio.

Estas dos conductas de conspiración y fraude, aunque evidentes en la declaraciones y acciones de las rectoras, y que “presuntamente” serían delitos, llevan a una tercera figura que ameritaría la destitución de Lucena y de las otras rectoras.

Al no cumplir las rectoras con sus responsabilidades, estarían presuntamente incursas –a parte de los presuntos delitos o faltas- en una manifiesta incompetencia para el ejercicio de sus funciones.

Pareciera haber llegado el momento que señala el juramento de forma y estilo que siguen los funcionarios públicos, que dice que “Dios y la Patria se lo demanden”.

Sería tarea de la Asamblea Nacional ponerle fecha.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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