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“Debilidad institucional” por Leonardo Morales P.

“Debilidad institucional” por Leonardo Morales P.


Leonardo Morales P. / @leomoralesP

No resulta una novedad, en los tiempos extraños y turbulentos que transita Venezuela, que se hable de un proceso político que de manera reiterada ha ido debilitando el entramado institucional que dio soporte a la democracia representativa. El actual régimen ha ido destruyendo sin disimulo las instituciones democráticas para dar paso a decisiones de dudosa legitimidad.
El régimen chavo-madurista ha centrado su acción en la concentración de la mayor cantidad de poder para de esa manera sortear cualquier tipo de ataduras con las instituciones que crecieron y se consolidaron lo largo del período iniciado bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, y que culminó a finales del siglo pasado con la superación con el sistema populista de conciliación de élites. Desde entonces las pretensiones hegemónicas y el conflicto permanente ha sido el signo resaltante en lo que va de este nuevo siglo.
El gobierno ha sido coherente en ese empeño sometiendo a las instituciones públicas a actuar de acuerdo a los dictados del Ejecutivo: la intención de elegir los magistrados del TSJ este año, el escándalo del fiscal del caso López y la firma de un acuerdo de respeto electoral desnudan impúdicamente el ejercicio hegemónico del gobierno y la ausencia de equilibrio de poderes.
La firma de un acuerdo de respeto de los resultados electorales, auspiciada desde el Ejecutivo, pone de manifiesto la debilidad institucional del ente comicial al reconocer públicamente que no basta con la Constitución ni con la normativa electoral vigente para que unos resultados electorales sean reconocidos por los actores participantes.
El Ministerio Público con la batahola protagonizada por el fiscal Franklin Nieves pone de manifiesto que el MP no es capaz de cumplir con el artículo 285 constitucional que señala en su primer parágrafo: “Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales…” Este fiscal reconoció haber violado los derechos humanos de una serie de detenidos, por presiones superiores o por lo que fuera, pero lo hizo, y el gobierno solo se preocupa por un supuesto soborno pero no por el daño que causó a los juzgados. ¿Quién puede creer en una institución cuyo anterior fiscal elevaba a la condición de testigo estrella a un individuo de dudosa reputación con solo “mirarlo a los ojos”? ¿Podrá algún individuo, venezolano o no, creer en una institución cuando uno de los suyos, involucrado en un caso de relevancia mundial, acusa a sus superiores de presiones para actuar fraudulentamente?
Este ejercicio del gobierno diseña la ruta hacia un régimen déspota y autoritario que si bien ya se ejercita con cierta complacencia no necesariamente los venezolanos deban entregarse a estas pretensiones. Un gobierno democrático implica muchas cosas, pero en particular va destinado a impedir que quienes son elegidos para ejercer las funciones de gobierno no deriven hacia la autocracia, y, precisamente, esa es la misión que todo demócrata tiene el 6 de diciembre: aplicar el freno a un mal gobierno como el de Maduro, autoritario y déspota, es votar por la Mesa de la Unidad Democrática.

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