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Décadas después, violación de DDHH en dictaduras sigue latente en América Latina

Décadas después, violación de DDHH en dictaduras sigue latente en América Latina


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Los militares se fueron y la paz llegó, pero aún décadas después los casos de asesinatos, torturas y desaparecidos durante las dictaduras y las guerras civiles latinoamericanas continúan desfilando ante los organismos regionales de derechos humanos.

“Si no se resuelve, esto va a continuar y va a continuar siendo un problema en todos los países”, dice a la AFP, Santiago Cantón, del centro de derechos humanos Robert Kennedy.

Durante su primer periodo de audiencias del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó esta semana casos de víctimas casi olvidados: desde el conflicto armado que sacudió a El Salvador entre 1980 y 1992, a los regímenes militares de Bolivia (1964 a 1982).

Y en una de las últimas sesiones evaluó las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad en Brasil, que apenas se publicó en diciembre, casi treinta años después del fin de la dictadura (1964-1985).

Casos similares en otros países han sido el centro de sesiones anteriores en la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que realiza dos veces por año audiencias para evaluar la situación de derechos humanos de la región.

Algunos critican que llevar una y otra vez estos casos ante la CIDH es una “mirada al pasado”, pero esas voces están asociadas, muchas veces, a los perpetradores de los crímenes, señala Cantón, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión de 2001 a 2012.

Pero “la sociedad civil, las víctimas y sus familiares van a seguir luchando sobre esto y van a lograr sus resultados con el tiempo”, afirma.

Para Cantón “es un tema central de la agenda hemisférica de derechos humanos hacia el futuro, porque es evitar que eso vuelva a pasar, que haya justicia, que haya verdad y que haya memoria”.

– Pocos avances –

La respuesta de los países de la región a los crímenes cometidos durante los férreos regímenes militares o guerras civiles, son variadas.

Argentina, que conformó una de las primeras comisiones de la verdad, derogó la ley de amnistía y envió a juicio a jefes militares acusados de ejecuciones y torturas, es el ejemplo más acabado, según especialistas.

Para las organizaciones civiles que acudieron esta semana a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el objetivo es claro: evitar que los casos se cubran de polvo y presionar a los países para que haya justicia, más de 30 años después.

Luego de una audiencia en 2007 sobre la dictadura en Bolivia, “vimos la necesidad de volver a plantear el tema ante la Comisión y evidenciar que pese a todos los años que han pasado y algunos pasos que se han dado para tratar de avanzar en la materia, el impacto ha sido casi nulo”, afirma María José Eva, investigadora de Amnistía Internacional.

Eva, junto a otros representantes de organizaciones civiles, denunciaron al Estado boliviano de no realizar mayores avances, luego de la histórica sentencia contra el exdictador Luis García Meza en 1993.

La ausencia de una comisión de la verdad impide determinar el número total de víctimas, y una ley de 2004 establece demasiados requisitos para que las víctimas y familiares puedan obtener reparaciones por los crímenes, denuncia Eva.

“Han pasado mas de 30 años del retorno de la democracia y más de 50 del primer régimen militar en Bolivia, y se aprecia que hasta la fecha no ha habido avances significativos en verdad, justicia ni en materia de reparación” a las víctimas, dice la experta a la AFP.

En El Salvador la justicia no ha acusado a nadie por los crímenes durante los enfrentamientos entre el régimen militar y las guerrillas de izquierda en la década los 80, que dejaron 75.000 víctimas entre desapariciones, ejecuciones y tortura, dice Leonor Arteaga, de Due Process of Law Foundation, que expuso ante la CIDH.

“El Salvador es un país que se ha caracterizado por una impunidad férrea”, señala Arteaga a la AFP.

– Mejor ambiente –

Los retrasos de la justicia se deben en muchos casos a la polarización que los casos generan dentro de los países, donde el rol de las dictaduras en plena Guerra Fría y la naturaleza de los crímenes cometidos han sido objeto de duros debates.

Pero la llegada al gobierno de partidos políticos o movimientos que eran perseguidos en aquella época, y la perseverancia de las organizaciones civiles permite que “políticamente ya no sea tan complicado” avanzar, señala Cantón.

El especialista afirma que “entre familiares y víctimas todos los días la llama está más fuerte”.

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AFP

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