Visión Global

Decisión de Sala Constitucional sería nuevo episodio de la supra constitucionalidad

Decisión de Sala Constitucional sería nuevo episodio de la supra constitucionalidad


La decisión de la Sala Constitucional, de permitir la aprobación del Presupuesto 20117 sin contar con la aprobación de al Asamblea Nacional, asesta un golpe casi mortal a la Constitución y a la institucionalidad de la República.

Según nota de prensa del TSJ publicada el martes 11 de octubre, la sentencia está motivada por el presunto “desacato” de la Asamblea Nacional que obligaría a “presentar presupuesto ante el TSJ”.

Para ello la Sala, ante una solicitud del presidente, procedió a “ampliar” la sentencia No. 810 del 21 de septiembre del 2016, en la cual ya había declarado “la constitucionalidad del Decreto No. 2.452”, mediante el cual declaraba “el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional”.

Esta decisión sería un nuevo episodio del estado de “supra constitucionalidad”, que diera a conocer en 1999 la presidenta del Corte Suprema de Justicia de ese entonces, abogada Cecilia Sosa, para permitir que se ejecutara la iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez de convocar una Asamblea Constituyente que redactara una nueva constitución.

La figura de la “supra constitución”, tuvo como objeto dejar de lado lo previsto en la Constitución de 1961, en cuanto a los pasos e instancias necesarias para elaborar y aprobar un nuevo texto constitucional.

Desde ese momento en 1999, el gobierno de Chávez, y ahora el de Nicolás Maduro, han utilizado esta figura sin nombrarla. Para ello, han contado con el férreo control ejercido sobre los magistrados del TSJ, especialmente en la Sala Constitucional.

La figura de la “supra constitucionalidad” adjudicó un poder superior distinto a al Constitución. En un primer momento en 1999, al pueblo. Ahora se le adjudica esta superioridad con estas decisiones al gobierno.

En el razonamiento de los magistrados se ignora la decisión del pueblo del 6 de diciembre de 2015, que otorgó una solida mayoría de dos tercios a la oposición.

Par despojar a la oposición de esa mayoría de los dos tercios de los diputados, el TSJ procedió a suspender la elección de los diputados del estado Amazonas bajo supuesto de fraude que no se ha logrado demostrar.

En efecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta el momento mantiene en firme la elección de estos diputados, y el TSJ no ha emitido ninguna sentencia en contra.

La Asamblea Nacional, que constitucionalmente es la única institución que califica a sus integrantes una vez electos y proclamados, pasado un tiempo prudencial de acuerdo a los lapsos legales, procedió a incorporar a los diputados electos en Amazonas. Lo que utilizó el gobierno para instrumentar, con la ayuda de la Sala Constitucional, un presunto desacato.

El presidente Maduro anunció, acto seguido como si se tratara de un guión cinematográfico, que este viernes 14 aprobará en “Asamblea Popular del Congreso de la Patria el presupuesto nacional 2017”.

Consecuencias de la decisión

La decisión de obviar la aprobación parlamentaria, claramente establecida en la Constitución y sin posibilidad de ser considerada y aprobada por otra institución constitucional, es interpretada por los constitucionalista como golpe a la Constitución.

Para el abogado José Vicente Haro, “el dictamen representa una extralimitación grave de las atribuciones de la Sala Constitucional con las que pretende usurpar las funciones del Poder Legislativo”.

Por su parte el abogado Gustavo Linares Benzo considera que “un decreto de emergencia no puede suspender las atribuciones de la Asamblea Nacional o de otro poder público”.

En cuanto a la integración de la Sala Constitucional, hay que recordar que está conformada mayoritariamente por abogados, cuya designación como magistrados, fue anulada por la Asamblea Nacional por no cumplir con los requisitos necesarios para ser magistrados.

El TSJ, a pesar de la comprobada “nulidad de origen” de la designación inicial, procedió a anular la decisión soberana de la Asamblea, con lo que la Sala continuó decidiendo como si nada hubiera ocurrido.

Consecuencias financieras

Tal vez serían las consecuencias financieras y económicas de esta nueva decisión de la Sala Constitucional, las que más vayan a afectar a la República.

El procedimiento de aprobación de la Ley anual de presupuesto de la nación, va acompañada de una ley de endeudamiento, con la que se autoriza la contratación de préstamos nacionales e internacionales, para financiar el presupuesto.

El diputado José Guerra, presidente de la subcomisión de Presupuesto de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aclaró este punto señalando que “el presupuesto tiene tres componentes, el de ingresos, de gastos y el financiamiento. En ese sentido es difícil que el Gobierno pueda hacer operaciones de financiamiento necesarias y fundamentales para poder financiar el gasto”.

Guerra alertó “a los bancos de Venezuela, del exterior y de inversión a abstenerse a otorgar financiamiento a un Gobierno que está cometiendo una ilegalidad”.

“Esto es un daño muy grande que se le está haciendo al país, lo mejor hubiese sido que el Gobierno llevara el presupuesto y la Ley de Endeudamiento al Parlamento, le hacemos las observaciones pertinentes y se lo aprobamos para evitarle al país esto que lamentable va a pasar en el 2017”.

Con información del TSJ, El Nacional y textos legales.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinesd

Atras
Visión Global

2013 © Visión Global. Todos los derechos reservados. Contacto: visionglobal.info@gmail.com - visionglobal.ventas@gmail.com - Teléfono: 0212 4186529