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Detenciones arbitrarias serán denunciadas ante la ONU

Detenciones arbitrarias serán denunciadas ante la ONU


Una coalición de 17 organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y sociedad civil denunciará ante el Comité de Derechos Civiles, Políticos y Económicos de la ONU detenciones arbitrarias y uso indiscriminado de la fuerza en las protestas de 2013 y 2014. El informe alternativo fue enviado los primeros días de junio y la audiencia del Estado será el 29 y el 30 de este mes.

Andrés Colmenárez, vocero de Funpaz, dijo que se constataron agresiones a los detenidos por manifestar, presentación ante el Ministerio Público luego de las 48 horas reglamentarias, ausencia de asistencia jurídica legal y procesamiento de manifestantes basándose en actas policiales y no en  investigaciones de la Fiscalía.

“Esto contraría los derechos del ciudadano. Hubo un patrón de las actas policiales con copias al carbón en todo el país y los delitos que se imputaron fueron instigación a delinquir, agavillamiento y ultraje al funcionario”, indicó.

En el informe, coordinado por Cofavic, las ONG destacan que las imputaciones se hicieron de manera genérica, sin la responsabilidad individual del imputado, con lo que se limitó su derecho a la defensa. Se registraron violaciones de los derechos a la integridad personal, psíquica y moral, la inviolabilidad del hogar y el derecho a la propiedad. “Recibimos denuncias y el testimonio sobre el uso indiscriminado de perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua a presión, a corta distancia de las personas o en espacios cerrados o residenciales”, señalan.

También se denunció el empleo de armamento y municiones prohibidos para reprimir manifestaciones, efectuar detenciones y durante la privación de libertad.

Andrés Colmenárez indicó que en el contexto de las protestas la impunidad fue sistemática. Se apoyan en cifras de la Fiscalía según las cuales de 238 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales, en 85,3% de los casos no continuó el proceso, 9,2% está en fase de investigación y hubo acusaciones en 5,5% de los casos.

“Muchos de los imputados se declararon culpables de los hechos registrados en las actas policiales para salir en libertad condicional, y el Ministerio Publico cerró los casos. No se investigaron tratos crueles, inhumanos y degradantes; por eso estos ciudadanos fueron doblemente criminalizados”, expresó Colmenárez.

En el informe también se denuncia la persecución a la comunidad Lgtbi en el país.

En la audiencia de la semana próxima las ONG estarán representadas por José Gregorio Guarenas, de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, y el abogado Carlos Ayala Corao.

Las organizaciones mostraron preocupación porque hasta ahora, afirman, en la presentación de alegatos ante Naciones Unidas la repuesta del Estado se basa en la criminalización del mensajero y la persecución de los defensores de derechos.

El Nacional

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