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EEUU investigará bienes y dinero de los narcosobrinos

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Durante la audiencia llevada a cabo el jueves 17 de diciembre en la corte del Distrito Sur de Nueva York, uno de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campo Flores, formalizó el cambio de sus defensores. Los representantes del escritorio Squire Patton Boggs dieron paso a un abogado asignado de oficio por el tribunal, Kafahni Nkrumah.

Con esta decisión, avalada por el juez Paul Crotty, los abogados salientes entregaron una parte del expediente con las evidencias aportadas por la fiscalía, que incluyen pruebas recabadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para sustentar la acusación por conspiración para transportar un alijo de cocaína a Estados Unidos.

Antes de que esto ocurriera, los tres abogados (John Reilly, Rebekah Poston y Nkrumah) conversaron con el acusado. Luego Campo Flores firmó un documento llamado ³compromiso de incapacidad financiera² (financial affidavit) que lo hace merecedor de un abogado de defensa pública.

El hijastro de Nicolás Maduro tuvo que jurar ante la justicia estadounidense que carece de dinero suficiente para pagar su defensa. En las próximas semanas la Fiscalía podría investigar si el juramento es cierto.

Mentir a las autoridades federales también es un delito grave. Se conocen casos en los que los acusados se declaran incapaces de pagar una defensa privada, y luego se descubre que poseen propiedades u otros activos. Esto genera nuevos cargos y penalidades.

Un caso conocido fue el de Kenelma Betancourt-Contreras, detenida en Puerto Rico en conexión con el hallazgo de 5,3 kilos de cocaína. La mujer es hija de un coronel retirado del Ejército venezolano. En 2006 un jurado la encontró inocente de los cargos. Durante el proceso ella fue defendida por un abogado público, pues aseguró que no poseía fondos para pagar un litigante privado. Pero la Corte hizo una investigación y determinó que ella poseía en ese momento una casa en Florida valorada en 200.000 dólares, además de una camioneta. En Venezuela, la procesada también tenía dos inmuebles, además de una tienda. Fue obligada a reembolsar el dinero que pagó el Estado por los honorarios del defensor público.

El abogado experto en derecho penal y litigio comercial, Eduardo Palmer asegura que las leyes de Estados Unidos establecen claras sanciones para aquellos acusados que cometen delito de perjurio y hay casos de penalización. No obstante, en la práctica suele ocurrir que el fiscal que lleva el caso tiene poco presupuesto y tiempo para llevar el caso por el que el acusado está siendo juzgado, por lo cual suelen dedicarse a la causa mayor, dejando de lado la investigación por perjurio.

Esta situación puede cambiar si hay una solicitud específica que lleve al fiscal a averiguar que el acusado mintió en su declaración jurada para declararse incapacitado financieramente, o reciba órdenes motivado a que haya una clara sospecha de que hubo mentira. Hay muchas excepciones que han llevado a la penalización, dijo el experto.

Explica que en estos casos, el fiscal ­que es la parte acusadora­ puede intuir y por ende investigar y descubrir que hubo falso testimonio, lo que lo obliga a establecer una solicitud ante la corte para que el acusado sea penalizado por ese otro caso en particular.

Documentos a granel. De acuerdo con lo explicado esta semana por el nuevo abogado de la defensa, Kafahni Nkrumah, su oficina necesita aproximadamente 60 días para revisar las pruebas presentadas por la fiscalía en este caso.

Fuente: El Nacional

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