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El Gobierno se arriesga a un enfrentamiento con el pueblo

El Gobierno se arriesga a un enfrentamiento con el pueblo


Las decisiones tomadas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), han ido más allá de sus competencias y alcances.

Esto sucede en momentos de una profunda crisis de abastecimiento, escasez, carestía y bajos ingresos de las personas para acceder a la cesta básica.

El lunes de esta semana, la Sala Electoral declaró NULA toda la actuación del Parlamento venezolano y ordenó dejar sin efecto la juramentación de los tres diputados electos en el estado Amazonas.

Adicionalmente, en la sentencia se declara el desacato presunto de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla y por los tres diputados amazonences; Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana,

Igualmente, ordenó dejar sin efecto la referida juramentación y que los tres diputados sean desincorporados.

No contentos con esta medida, la sala declaro “nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación” de los diputados.

Este martes, el tribunal parecía avanzar con otras decisiones en el afán de desconocer las competencias e independencia de la Asamblea Nacional (AN).

Fuentes extraoficiales del TSJ, señalaron que se aprestaban para recibir al presidente Nicolás Maduro, quien debería presentar su memoria y cuenta del 2015.

Asimismo, se conoció la especie que sería habilitada una de las salas, para autorizar nuevos créditos adicionales que estaría solicitando el Ejecutivo. Lo cual es competencia exclusiva de la Comisión de Finanzas de la AN.

El argumentado que habrían encontrado los estrategas del gobierno, habría sido que, ante la negativa del parlamento de acatar la sentencia de la Sala Electoral, y ser en consecuencia presuntamente nulas las actuaciones de la AN, existiría una “omisión” del parlamento que sería entonces corregida por el máximo tribunal.

La interpretación de las dos medidas, la nulidad de los actos de la AN, y el apropiamiento de las competencias de la Comisión de Finanzas, configuran un escenario que trasluciría las intenciones del gobierno –no razones constitucionales- y que de ninguna manera le favorece.

Gobiernos vs. Parlamentos

En primer lugar, en la historia de los parlamentos, ningún gobernante ha salido ileso de un conflicto de poder con el parlamento.

Tal vez el más impactante de la historia, si no el primero, haya sido el conflicto del rey Carlos I de Inglaterra cuando se enfrentó al parlamento. Terminó en el cadalso, siendo decapitado el 30 de enero de 1649, en su pelea con el líder parlamentario Oliver Cromwell.

Uno de los últimos ejemplos, es sin duda alguna el ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien dio un golpe al parlamento del Perú (el fujimorazo de 1992) , y hoy en día languidece en una prisión de máxima seguridad.

No es un a apuesta a ciegas, decir que no habrá parlamento democrático en el mundo, que acepte lo que está sucediendo con el parlamento venezolano.

Lo que tendrá consecuencias en materia financiera para el país, y estrangulará económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, en su afán de conjurar el gigantesco déficit fiscal del 2016.

En ocasiones los gobiernos toman decisiones que pueden ser vistas como antipáticas o que pueden no gustar. Aunque estas estén apegadas a la Constitución y a las leyes, son casos que el campo de los políticamente incorrectos. Pero son a todas luces, o tienen al menos un ápice, de legalidad

La opiniones legales

En el caso de la sentencia de la Sala Electoral, la opinión de los expertos coincide en señalar su ilegalidad. Esto más allá de las opiniones del oficialismo, tanto de personeros del gobierno como de su exigua representación parlamentaria.

El argumento más contundente, por plantear vicios en su origen, es que la Sala Electoral se extralimitó en sus competencias para dictar la nulidad de los actos de la Asamblea. No es competente para tomar decisiones en ese ámbito. Escapa de sus responsabilidades.

Otras razones, esgrimidas por los abogados, atienden principios legales que a pesar, de escapar del conocimiento del promedio de los ciudadanos, no por ello, los ciudadanos pueden abstenerse de conocerlos.

El reconocido jurista Román Duque Corredor, en un escrito hecho llegar a las redacciones de los medios, advirtió que “se debe señalar la invalidez de la sentencia mencionada No. 1 del 2016, así como la ilegítima actuación de todos sus magistrados, quienes dicen que procedieron a dictar esta sentencia unánimemente,

Razona Duque su posición jurídica en 11 puntos, entre los cuales destacan:

1 y 2) no hay desacato, cuando la sentencia es inejecutable, “porque la proclamación de un diputado no puede suspenderse”.

3) la sentencia suspendió los actos de votación y proclamación, que ya se habían ejecutado, y la juramentación de los diputados proclamados.

4) La Sala Electoral no tiene competencia para anular ningún acto de la Asamblea Nacional.

5) La nulidad de actos, que no han sido dictados, no existe.

6) los diputados no usurparon funciones. Porque no lo arrebataron a ningún otro funcionario o poder. Sino que ejercieron el mandato que le confiaron los electores y que confirmó la proclamación.

7) no se pueden anular los actos donde intervengan los tres diputados, mientras se cumpla con el quórum para cada acto.

8) Anular todos los actos donde intervengan los tres diputados, es desconocer la representación popular de los otros 163 diputados.

9) la desincorporación de los tres diputados es devenida, porque no fue solicitada en la demanda de nulidad. La Sala decidió sobre lo que no se le había pedido.

10) la desincorporación de los diputados, solo procede con la votación de los dos tercios de los diputados. Por lo que la Sala Electoral usurpó las atribuciones privativas de la Asamblea Nacional.

11) Dado que la Asamblea decidió la revisión de la elección de los magistrados de dicha Sala, estos debieron inhibirse por tener interés en el asunto. Por lo que violaron el deber de imparcialidad que les impone la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Ética Judicial.

Esta posición de Duque Corredor serían suficientes para “deslegitimar la Sala Electoral y para calificar la conducta de los magistrados de faltas graves y de inmoral su conducta”.

Otro abogado que se pronunció sobre el acto de la Asamblea Electoral fue la diputada Tamara Adrián, quien señaló “en teoría política los vicios de constitución de un órgano colegiado que no afectan la mayoría ni quórum, son irrelevante”.

El próximo paso

Este miércoles le tocará a la Asamblea Nacional dar a conocer su posición sobre la arremetida gubernamental. Así lo dio a conocer Henry Ramos Allup, su presidente.

Será muy importante, en aras de definir aún más las intenciones del gobierno, en observar el comportamiento político de los grupos violentos del oficialismo.

El asedio de grupos violentos afectos al PSUV, para evitar el ingreso de los parlamentarios al Palacio legislativo, enviaría una señal inequívoca que confirmaría el carácter no constitucional de la estrategia gubernamental.

Sin embargo, se advierte que este gobierno –que sigue sin asumir la magnitud de su derrota- estaría provocando más que a los diputados de oposición, a los casi 8 millones de venezolanos que votaron por la oposición.

En el estado de necesidad que viven los venezolanos, es el gobierno quien se expone a reacciones populares que en este momento nos parecerían impensables.

En esta circunstancia, el abuso no es buena estrategia.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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