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El gobierno resolvería crisis del pan metiéndose a “portugués”

El gobierno resolvería crisis del pan metiéndose a “portugués”


Ante la crisis del pan, el gobierno amenaza a las panaderías con intervenirlas, aumentan la regulación y restringe el préstamo inter-panaderías que permitían que los hornos no se apagaran por falta de la materia prima. En una palabra, el gobierno se mete a panadero; o en términos más coloquiales, “Maduro se mete a portugués”.

Las colas del pan se hacen cada vez más largas. En enero se habían triplicado con respecto a diciembre. En marzo se había duplicado con respecto a enero. Y, al igual que en los supermercados, los panaderos asistidos por las policías locales habían tenido que organizar don colas: una para la tercera edad y otra para el resto de compradores,

Las colas a las puertas de las panaderías no solo evidencian la escasez de harina. Son la muestra tangible e innegable de una crisis más profunda. Revelan la escasez de la harina de maíz pre cocida, conocida popularmente como “harinapan”.

El pan y las arepas son productos sustitutos. Si no se tiene uno de ellos, el venezolano lo suplanta por el otro. Por lo que el aumento de las colas para comprar el pan son la consecuencia de un efecto doble: no hay suficiente harina de maíz para hacer las arepas, y no hay suficiente harina de trigo para hacer pan.

En el 2017 la escasez ya abarca la totalidad de los productos de primera necesidad. El déficit de suministro de maíz y harina de trigo no es exclusivo de estos dos insumos de la cesta básica de los venezolanos.

Para muestra basta un botón, señala un viejo adagio. En diciembre del 2016, las panaderías en sus depósitos solo el 10% de los sacos de harina de trigo que tenían en el mes de diciembre del 2015.

Pero la escasez de insumos no es el único mal que afecta a los comerciantes y productores. Las políticas económicas desarrolladas por el gobierno, con su conjunto de regulaciones, expropiaciones y restricciones, han afectado los niveles de la producción nacional.

Hoy por hoy, el suministro de la harina de trigo está en manos del Estado. Es el gobierno el responsable de distribuir la harina las panaderías, así como a otros sectores de la industria alimenticia como las pastificadoras,  encargadas de producir la pasta.

La importación del trigo, su molienda, empaquetado y distribución son actividades ampliamente poseídas, administradas y supervisadas por burócratas del gobierno de Maduro. Esto hace que el precio del pan esté regulado, pero también tiene como consecuencia un suministro deficitario del producto a la red de panaderías.

La regulación de precios del pan, sumado a la elevación de los costos de producir el pan, hace que las panaderías deban producir una mezcla de productos para poder generar el dinero necesario para mantener abiertos sus negocios sin perder dinero. Eso es una realidad.

La experiencia desde el 2013, cuando Maduro heredó la presidencia, es que las panaderías pasaron de varias horneadas de pan al día, a solo dos o una. Deben administrar muy bien la poca harina de trigo que reciben, para poder vender un poco de pan en la mañana y otro poco en la tarde.

Ante el fracaso del gobierno, luego de reservarse el mercado de la harina de trigo, ha sido tomar medidas retaliativas con las panaderías, el último eslabón de la cadena de comercialización.

La amenaza

Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, “anunció” haber aprobado 5 mil millones de bolívares para la conformación de 100 nuevas panaderías en Caracas.

“Anuncio en este día de aniversario de los Clap y expansión del nuevo sistema de panaderías de carácter comunal para producir el pan de nuestro pueblo e innovar 5.000 millones de bolívares para instalar 100 nuevas panaderías para Caracas”, indicó Maduro.

“En la Gran Caracas es que se ha acentuado esta guerra asesina, criminal contra el pan del pueblo”, aseveró.

A la par del anuncio, el jefe de Estado señaló que estas panaderías comunales se sumarán a la producción de las 114 que ya se encuentran operativas en toda la Gran Caracas, y que a partir de este lunes serán supervisadas, junto a las 709 privadas, por los equipos de inspección del Estado.

Con este anuncio, en el contexto de una amenazante retórica, se estaría desviando el foco de atención del problema hacia el sector privado. “Los especuladores que esconden el pan, al pueblo venezolano, debe caerles todo el peso de la ley”, afirmó.

La prueba del fracaso

La prueba del fracaso de la gestión gubernamental vino de la boca del vicepresidente Tareck El Aissami, quien informó también este domingo que serán desplegados equipos de inspección del Estado a partir de este lunes para supervisar la producción en las 709 panaderías que funcionan en Caracas.

“Se despliegan los equipos que fueron ya preparados por la Sundde, un equipo político para cada panadería, y además formado con un inspector para que tengamos vigilancia y control permanente sobre las 709 panaderías de Caracas”, anunció El Aissami.

La crisis del pan, que debería tener una respuesta de naturaleza económica, recibe una respuesta política en el anuncio del vicepresidente El Aissami.

Los equipos estarán integrados por un funcionario de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), un miliciano, un líder de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y un integrante de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch).

“Dentro de la normativa se establece que las panaderías deberán comenzar la venta a partir de las siete de la mañana, hasta el cierre del establecimiento; así como que el 90% del trigo distribuido por el Estado deberá ser utilizado para producir pan canilla, francés, sobado y salado”, recogió la agencia AVN.

“Al final de cada jornada laboral deberá quedar pan elaborado para el día siguiente. La venta no podrá ser condicionada y mucho menos desplegar mecanismos ilícitos como el cobro de comisiones por puntos de ventas, entre otros”, señaló un amenazante vicepresidente.

Asimismo, el nuevo instructivo establece restricciones para que “no exista el préstamo de materia prima entre panaderías, así como por la legalidad de adquisición de la misma”.

“Va a ser un instructivo que a partir de ahora las 709 panaderías deberán cumplir, la panadería que incumpla va a ser ocupada temporalmente por el Gobierno y será transferida a los Clap para ponerla a producir”, precisó.

Con información de AVN.

Eduardo Martínez / VisiónGlobal / @ermartinez

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