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“El Modelo”, por Ysaira Villamizar

“El Modelo”, por Ysaira Villamizar


Ysaira Villamizar

 

Modelo. Palabra empleada para referirnos a un maniquí, a un molde, a una persona o cosa cuyas características se deben seguir o imitar, pero que en el lenguaje político económico tiene un significado no fácil de explicar, de asimilar. Pregúntele a un buen estudiante de economía y lo hará pasearse inclusive por el mundo de las matemáticas aplicadas a la teoría económica. Pero de tanto oír discurso de lado y lado, el pueblo va asumiendo de la manera más sencilla que el asunto se refiere a un esquema que contiene una serie de ideas que, según la visión que tenga, el gobierno pone en práctica para desarrollar las actividades económicas, sociales, políticas de la sociedad.

Hablando específicamente del sistema económico, para todos los pueblos del mundo el problema básico es “uno y el mismo”, pues todos esos pueblos tienen que satisfacer una serie de necesidades económicas básicas con los recursos económicos a su disposición; por lo tanto, se debe tener claro qué producir, cuánto producir, cómo producir, para quién producir, cuáles medidas se deben tener para que exista estabilidad económica y cuáles políticas económicas se deben aplicar para que el país tenga un adecuado desarrollo y ampliar así su capacidad productiva, pues las necesidades humanas están en constante crecimiento, no sólo en alimentación, sino también en educación, salud, vivienda, cultura, deporte, recreación, tecnología.

Dramáticas son las historias vividas por muchos países que, voluntariamente o no, asumieron con variadas formas los esquemas socialistas ortodoxos. Esas experiencias derrumbaron muchos mitos y evidenciaron la inviabilidad de los modelos que partiendo de discursos humanistas, buscaron la eliminación la propiedad privada, expropiaciones, confiscaciones,  expansión de la instrucción militar, utilización del terror como arma para someter a la población, centralización absoluta del poder y, por supuesto, concentración de la  economía y de la industria en manos del Estado; y terminaron con el cierre arbitrario de medios de comunicación, persecuciones por razones ideológicas, criminalización de la protesta,  desabastecimiento, desempleo, falta de estímulo, controles asfixiantes a las actividades privadas, invasiones rurales, inflación, etc.. Todo esto cargado, además, de graves flagelos como la corrupción y la inseguridad.

Esta larga lista de elementos explican el porqué  han caído esas experiencias en los países donde fueron aplicadas, y por qué naciones inteligentes abandonaron estos esquemas y hoy están transitando por otros caminos.

Cuando las fuerzas democráticas aseguran que ese modelo ha fracasado históricamente en todo el mundo, y que aquí en Venezuela también ya colapsó, es porque los resultados así lo evidenciaron tempranamente. Por supuesto que no se trata de lo establecido en la Constitución venezolana, sino del ensayo y error permanente de la tesis del Socialismo del siglo XXI, con postulados que nunca fueron bien definidos y del que, por cierto, ahora poco se habla.

Bien, la verdad es que los pueblos terminan defendiendo “el modelo” de acuerdo con los beneficios o perjuicios resultantes. Son éstos los que definen su carácter exitoso o fracasado, lo cual es comprobable, no sólo mediante el uso de estadísticas serias, confiables, que nos hablan del producto, sino por la vivencia de cada uno, de las familias, todo expresado en su calidad de vida. Es decir, la aplicación del modelo produce unos resultados que pueden fácilmente medirse en indicadores, como número de viviendas, escuelas, hospitales, ingresos familiares, capacidad de compra, oferta de bienes, etc. Si estos resultados son favorables a la mayoría de la población, podemos concluir que ese patrón es exitoso. No importa si el discurso suena mal. Igualmente, si los frutos de la aplicación del modelo son negativos para las mayorías, entonces, estamos hablando de uno fracasado, aunque se encuentre fundamentado en extraordinarios discursos llenos de contenidos referidos a la justicia y equidad.

Los resultados de más de quince años de gestión están ahí. No los que se presentan en informes oficiales o los que se hacen a partir de datos gubernamentales. No. Son los que padece la gente día a día y que producen angustia al pensar que las consecuencias pudieran afectar sus vidas y las de sus hijos por bastante tiempo.

Ante este patrón, los sectores democráticos oponen un modelo de desarrollo alternativo que existiendo en la Constitución, ha sido desconocido y violado para repetir los errores del socialismo ortodoxo y  al igual que en todos los países que lo ha conocido, ha culminado en fracaso, tal como lo revelan los resultados  en el nivel de vida de la población y su economía.

El esquema de desarrollo que se propone a este país para superar el estado actual de crisis es un modelo mixto en el cual el Estado y la iniciativa privada actúan para permitir el impulso a la producción global de riqueza y la justicia en su disfrute  “bajo los principios de equidad, libertad y legalidad.  En este planteamiento la felicidad del hombre es el centro.  La paradoja es que en esencia este modelo ya está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde con sus  principios básicos de eficiencia,  libre competencia, productividad, se aspira generar la riqueza que debe distribuirse democráticamente en la población; donde la agricultura sustentable  garantice “disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”. Todo esto viene asociado a la seguridad jurídica, a los derechos de propiedad, de libertad para el emprendimiento, elementos necesarios para la eficiencia económica. Para el economista José Guerra “Está demostrado empíricamente que aquellas economías donde los derechos de propiedad están claramente establecidos y los mismos se respetan, son aquellas donde fluye la inversión, hay crecimiento y aumenta el ingreso”.

Hacer realidad la aplicación de este modelo económico pasa por conquistar un modelo político que lo haga viable, pues la seguridad jurídica y el estado de derecho garantizado por la división de poderes y las libertades políticas son condiciones básicas para asegurar las aspiraciones de invertir y producir, que requiere el sector privado.

Tienen razón los que aseguran que en las próximas elecciones parlamentarias están en juego dos modelos. La discusión teórica del modelo a aplicar en una sociedad para lograr la mayor suma de felicidad posible, -como lo sintetizó Simón Bolívar-, se resuelve a favor de aquél que obtenga los mejores resultados y, por supuesto, no sólo resultados económicos, sino integrales. ¿Hay alguna duda sobre dónde está la esperanza cierta de futuro y de progreso?.

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