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El revocatorio: Siguen despidos en la Administración Pública

El revocatorio: Siguen despidos en la Administración Pública


El referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro continúa dando de qué hablar, no sólo por sus repercusiones políticas, sino también por el aspecto laboral. Desde que se inició el proceso de solicitud de la consulta popular se ha estado hablando de personas despedidas y de otras que fueron obligadas a retirar su rúbrica.

Mireya Fidel, una de las representantes del Sindicato Nacional de Empleados Públicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), seccional nororiental, apuntó ayer que entre los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas se ha registrado el despido de 22 trabajadores de la institución por haber participado en la recolección y posterior validación del 1% de las firmas para el referendo.

“Estas personas y yo fuimos despedidos sin ningún motivo, sin expediente administrativo. Lo que todos tenemos en común es que firmamos por el revocatorio. Esta fue una decisión arbitraria e ilegal del superintendente José David Cabello”.

La dirigente sindical aseguró que las personas afectadas tienen más de 20 años de servicio y la mayoría estaba a punto de recibir su jubilación. Agregó que las destituciones progresivas se iniciaron cuando se estaba efectuando la validación de las manifestaciones de voluntad.

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“Después de esto y luego del discurso de Diosdado Cabello, quien dijo que debían ser removidos de su cargo los funcionarios públicos que participaron, comenzó todo. En el país ya son 200 trabajadores del Seniat que han sido botados por esto”.

Fidel advirtió que la lista es más larga, pues aseguró que la institución pretende despedir a unas 600 personas. En cuanto a las acciones legales que tienen previstas, la sindicalista acotó que consignarán todos los requisitos necesarios para solicitar el reenganche ante el Ministerio del Trabajo en Caracas.

Por otra parte, según la diputada a la AN Delsa Solórzano, quien hace seguimiento parlamentario a este caso,  más de mil funcionarios públicos han sido despedidos hasta el momento por firmar para el revocatorio. Los despidos denunciados han ocurrido en muchos organismos del Estado, pero el grueso de ellos se ejecutó en el Seniat y en Corpoelec, de acuerdo a los registros que se llevan.

Crónica de una persecución política

La discriminación política en Venezuela, iniciada en el año 2003, cuando la oposición de entonces puso en movimiento el referendo revocatorio contra el mandato del extinto Hugo Chávez, revive en el 2016, luego de la recolección de firmas promovida por la MUD contra el mandato de Nicolás Maduro.

Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fedeunep), refirió en mayo que el denominado “firmazo” generó una pronta respuesta en diversos organismos públicos, con despidos sin el debido proceso a trabajadores del Estado que había osado estampar su rúbrica para solicitar un referendo revocatorio del presidente Maduro.

“A estas alturas del juego la línea dictada por el PSUV a los directores sectoriales y de línea de los organismos es la lealtad absoluta y sin chistar al Gobierno de Nicolás Maduro”. Carbone recuerda que entre los años 2003 y 2004, en pleno proceso de activación del referendo revocatorio contra Hugo Chávez, surgió la funesta Lista Tascón. Luis Tascón, ya fallecido, diputado electo en las filas del chavismo. Recibió del CNE la lista de todos los firmantes (2 millones 400 mil), con la cual se inició una clara persecución política contra los empleados públicos que aparecían en ella.

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En ese entonces  Fedeunep tramitó las denuncias de persecución laboral ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo. Presentó 700 casos de despidos políticos.

El 17 de octubre de 2003 Chávez dijo en su programa radial semanal Aló Presidente que “los que firmen contra Chávez estarán firmando contra la patria, contra el futuro”, y agregó que quien firme a favor del referendo revocatorio “quedará registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido, su firma, su número de cédula.

Luego de muchas presiones internas y externas, Luis Tascón retiró la lista de su sitio web. Finalmente, el 16 de abril de 2005 Chávez pidió a sus gobernadores, alcaldes y ministros archivar la Lista Tascón. Pero el mal ya estaba hecho, y el temor quedó sembrado en la zona del miedo de los empleados públicos.

Visión Global con información de El Tiempo y Wikipedia

 

 

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