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“El Supremo de Venezuela desespera a la comunidad Internacional” por María Teresa Romero

“El Supremo de Venezuela desespera a la comunidad Internacional” por María Teresa Romero


María Teresa Romero / @mt_romero.

La nueva aberración jurídica, como bien calificó José Miguel Vivancos director de las Américas de Human Rights Watch (HRW) a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela del pasado 11 de abril, la cual declaró inconstitucional la ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para liberar los 120 prisioneros políticos que había sido días antes promulgada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, ha producido una avalancha de protestas y denuncias internacionales; mucho más contundentes que las que desde este enero produjeron otras decisiones judiciales para contrarrestar al nuevo poder legislativo en el país.

La comunidad internacional, en especial la latinoamericana, ha sido por lo general indiferente, paciente y moderada, según se le mire, y muchos de sus gobiernos hasta colaboracionistas de la situación nacional, por numerosos factores que no vale la pena volver a describir aquí ya que han sido ampliamente tratados en la prensa y la academia desde hace años. Pero ahora la mayoría de los actores de esa comunidad democrática está finalmente convencida no sólo que el gobierno de Nicolás Maduro va a continuar vaciando de poder real a la Asamblea Nacional y cualquier espacio que democráticamente logre la oposición, sino que no va a retroceder o cambiar un ápice en su empeño de mantenerse en el poder por más que lo exhorten a ello. Es más, que está dispuesto a mantenerse al costo que sea, así sea promoviendo un caos generalizado para luego, con la excusa de mantener el orden, terminar de militarizar la dictadura. Es decir, finalizar de aplicar el autogolpe que paulatinamente vienen dando las élites militares del país quienes, fundamentadas o confabuladas con varias fuerzas criminales –en particular las del narcotráfico, la corrupción y el contrabando- son las que poseen el verdadero poder en la República.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en enero de este año calificó la entonces sentencia del máximo tribunal contra tres diputados opositores como un “golpe directo a la voluntad” de los electores
De allí que varios actores se hayan pronunciado con celeridad ante la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y apoyado la Ley de Amnistía . El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró “sorprendido” y “decepcionado” ante el fallo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en enero de este año calificó la entonces sentencia del máximo tribunal contra tres diputados opositores como un “golpe directo a la voluntad” de los electores y que viene apoyando decididamente la Ley de Amnistía, afirmó que “No es posible la neutralidad moral (de la OEA) cuando hay presos políticos y la democracia no está funcionando”. Por su parte, el Congreso de los Diputados españoles aprobó, con la abstención o el rechazo de grupos de izquierda, una proposición de ley de apoyo a la Ley de Amnistía y Reconciliación de Venezuela.

También por eso es que recientemente hemos visto artículos de la prensa internacional como el de The Washington Post apelando a la activación urgente de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) en vista de “la desesperante necesidad de una intervención política en Venezuela”; o pronunciamientos en ese sentido como el del propio Vivancos de HRW: “El pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía otorga a los gobiernos latinoamericanos y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, otra razón más para iniciar un debate sincero sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ha llegado el momento de que ese debate ocurra”.

Por supuesto que el momento ha llegado. Hace años que el momento llegó y hace tiempo la activación de la Carta Democrática ya la vienen solicitando desde el exterior, como lo hicieron apenas en marzo pasado 28 expresidentes de América Latina y España. Es cierto, hasta ahora no ha habido voluntad política dentro de la OEA para hacerlo. Y si se lograra, lo más probable es que el gobierno de Maduro no hiciera caso de ella.

Sin embargo, debo insistir en esto como lo he hecho en otros escritos: en mi opinión la sola solicitud de la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para considerar la cuestión venezolana por parte de cualquier Estado miembro o del secretario General, como lo estipula el artículo 20 de la CDI, empleando la fórmula “alteración del orden constitucional que afecte gravemente”, tendría gran efecto positivo no sólo sobre la crítica situación venezolana, sino también sobre la imagen y autoridad democrática del propio organismo interamericano, tan carente de ello.

Infolatam, 25 de abril de 2016

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