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El TSJ dice que puede multar a Ramos Allup por desacato

El TSJ dice que puede multar a Ramos Allup por desacato


35.400 bolívares. Ese es el monto que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, tendrá que desembolsar si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) materializa su amenaza de imponerle una multa de 200 unidades tributarias por desacato.

El ultimátum al también Secretario General de Acción Democrática (AD) figura en la sentencia 473 de la Sala Constitucional publicada este martes, en la cual la instancia no solo llamó al Parlamento a cumplir su sentencia 269 del 21 de abril, sino que le pidió que le “remita la documentación donde se evidencie el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas” en dicho fallo, so pena de aplicarle el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ, que establece la sanción monetaria.

La intérprete de la Carta Magna, en el dictamen mencionado, modificó el Reglamento Interior y de Debates de la AN para establecer, entre otras cosas, que las sesiones plenarias solo pueden convocarse con 48 horas de anticipación, que la agenda no pueda ser modificada en la misma sesión, que los proyectos de ley deben ser consultados con los órganos del “poder popular” y que los mismos deben tener su respectivo informe de “impacto e incidencia económica y presupuestaria”.

La AN ha seguido laborando sin atender las instrucciones del TSJ. “Esta Asamblea Nacional va a aplicar estrictamente la Constitución, no vamos a acatar ninguna decisión de la Sala Constitucional que sea contraria a la Constitución o que viole la norma fundamental. Nuestro reglamento forma parte de la normas internas corporis que en ejecución directa de la Constitución esta Asamblea dicta y que solo esta Asamblea puede modificar”, afirmó Ramos Allup en la primera sesión después de conocido el dictamen.

¿Cómo se llegó hasta acá?

En el fallo, que redactó el magistrado Juan José Mendoza, se responden las solicitudes de desistimiento que los diputados Alfonso Marquina, Miguel Pizarro, Edgar Zambrano así como por los exdiputados María Corina Machado, Eduardo Gómez Sigala y Juan Carlos Caldera, interpusieron para que desechara el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que presentaron en 2011 contra el reglamento que dictó el Legislativo cuando era dominado por el oficialismo; y también las objeciones que la actual directiva del Parlamento ofreció a la decisión.

Pese a que la Ley del TSJ y el Código Civil permiten a los ciudadanos que han interpuesto acciones ante los juzgados a retirarlas en cualquier momento, la Sala en esta oportunidad no permitió a los opositores desistir de su acción, por considerar que esta actuación “revela la contradicción e incongruencia” de los accionantes y es “maliciosa”. Para sustentar sus señalamientos, la instancia recordó que apenas el año pasado los diputados y exdiputados le solicitaron en varias ocasiones que se pronunciara.

Los accionantes, por su parte, justificaron su decisión de desistir del proceso, alegando que el pronunciamiento del TSJ iba en sentido contrario a lo que pedían.

Por su parte, la actual directiva de la AN criticó el momento en el que se produjo el fallo, pues “lo cierto es que nada dijo la Sala Constitucional durante cinco años sobre las medidas cautelares solicitadas en el recurso de nulidad, y solo ahora, después de cinco años, ante el cambio de la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, dicta la Sala Constitucional las medidas cautelares contenidas en la sentencia N° 269 del 21 de abril de 2016 –distintas por cierto a aquellas-, con lo cual desdibuja la urgencia que ha de rodear la adopción de tales medidas y evidencia desviación de poder”.

Esta sentencia se conoce horas después de que fuera difundida la 470 en la que la Sala Constitucional anuló la Ley Especial para Atender la Crisis de la Salud, por considerar que con ella la AN usurpó funciones del Gobierno en materia de relaciones exteriores.

EL UNIVERSAL

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