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“Empresarios: ¡al paredón!” por Trino Márquez

“Empresarios: ¡al paredón!” por  Trino Márquez


Trino Márquez / @trinomarquezc.

 Ser empresario independiente en la Venezuela roja se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Tiene el mismo peligro que ser reportero de guerra o periodista en una satrapía. El empresario es culpable de antemano de cualquier delito que se le acuse. Ya la expresión “cerdo explotador”, tan socorrida por los marxistas, resulta un insulto infantil. Los cartuchos que se les lanzan son de mayor calibre. El empresario es un vende patria, un conspirador o un agente enemigo que debe ser destruido. Al empresariado se le cobra su participación protagónica en los sucesos de abril de 2002 y en el paro de finales de 2002 y comienzos de 2003. El comandante juró vengarse de ellos e inició una cruzada para destruirlos. Su heredero ha continuado la labor de demolición. Las consecuencias de este derrumbe estamos padeciéndolas. Antes, sus efectos letales podían esconderse con importaciones masivas. Se aniquilaba a los hombres de empresa nacionales, aunque se fortalecía a los foráneos. Al menguar los dólares la ruina no tiene máscara que la recubra.

Entre las razones básicas que han producido la inflación, la escasez y el desabastecimiento, se encuentra el persistente acoso por parte del régimen de la empresa privada desde hace más de una década, así como los rígidos controles de cambio y de precios. En su conjunto estos factores, además de la severa legislación, han conducido al cierre de muchos miles de empresas y al desestimulo de la creación de empleos productivos y la inversión nacional y foránea, al punto de ser Venezuela, junto a Haití, el país que registra la menor inversión del continente.

Los gobiernos de Chávez y Maduro han perseguido y encarcelado a numerosos empresarios, violando el Estado de Derecho. A los dirigentes de Fedecamaras y Conindustria, entre otros gremios, se les amenaza continuamente con expropiaciones y confiscaciones, o se les empuja para que se marchen del país. Contra el eficiente y comprometido grupo de Empresas Polar se ha desatado una campaña de intimidación que lleva a pensar que el Gobierno ha pensado seriamente en su intervención. Los ejemplos de Agroisleña, Lácteos los Andes y Café Fama de América, antes empresas altamente rentables y hoy quebradas, representan una muestra de lo que ocurriría. La toma de Polar sería una catástrofe nacional.

La excusa utilizada en toda esta criminal maniobra es la existencia de una quimérica “guerra económica” cuyas armas serían el sabotaje, el acaparamiento y la especulación, impulsadas por el sector productivo. Esta es una falacia que no resiste el menor análisis. Numerosos bienes que no se consiguen en los anaqueles y cuyos precios se han disparado en los mercados paralelos, debido a su escasez, son producidos por fábricas pertenecientes al Gobierno, ya sea porque las expropió o las confiscó. En manos del sector público esas factorías, antes eficientes, pasaron a arrojar pérdidas y a producir en muy baja escala. Las cabillas y el cemento son dos ejemplos, entre muchos otros, que ilustran el desmadre. La energía eléctrica falla de forma permanente en todo el territorio nacional, a pesar de que su generación, trasmisión y distribución es monopolio del Estado. Los únicos que se han beneficiado de esta prerrogativa son los bolichicos. La Electricidad de Caracas era una empresa privada que funcionaba con eficiencia y transparencia.

Es necesario solidarizarse con los empresarios cuyos derechos han sido amputados por un Gobierno que busca la venganza aunque esta provoque la destrucción nacional. La empresa privada resulta fundamental para reconstruir la economía nacional y generar empleos decentes, estables y bien remunerados. Sin su aporte el país seguirá hundido en la crisis que estamos padeciendo, cuyas peores víctimas son las familias más pobres, obligadas a soportar interminables colas para conseguir bienes de primera necesidad y forzadas a pagar el costo de la inflación incontenible, consecuencia de los controles, la incompetencia, el cerco a la propiedad  privada y la corrupción.

        La proclama de guerra a muerte dictada contra los empresarios los está diezmando y, de paso,  arrasa a toda Venezuela.

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