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En el último semestre tres periódicos dejaron de publicarse en Venezuela (Informe SIP)

En el último semestre tres periódicos dejaron de publicarse en Venezuela (Informe SIP)


El director de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paolillo, rechazó el número de asesinatos de periodistas en América durante los últimos seis meses.

Paolillo aseveró en la sesión de la comisión que 12 periodistas fueron asesinados en México, Brasil, Colombia, El Salvador,Guatemala y Venezuela.

“Creo que ha llegado la hora de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas. Ha llegado el momento de reclamar a viva voz que los asesinatos de periodistas sean considerados delitos de lesa humanidad. ¿Qué más podemos hacer para detener esta hemorragia? ¿Qué más podemos hacer para que los gobiernos dejen de prometernos con voz engolada que la policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo con prontitud y rigurosidad, que se tomarán en serio el combate contra la impunidad y que harán lo que tienen la obligación de hacer para llevar a los criminales ante la justicia?”, dijo durante su intervención en el evento que se realiza en Punta Cana.

El periodista recordó que, a pesar de que Estados Unidos y Cuba retomaron las relaciones, en La Habana se continúan aplciando mecanismo de represión que dejaron, solo en marzo, 1.200 detenciones.

Paolillo resaltó que en Venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro utiliza el aparato judicial para acosar, perseguir y silenciar a periodistas críticos o independientes. Mencionó que en el último semestre tres periódicos dejaron de publicarse y 80 más están evaluando seguir el mismo camino ante las restricciones en el suministro de papel impuesto por el gobierno a través de la empresa estatal Corporación Alfredo Maneiro.

Lea a continuación el Informe completo de la Sociedad Interamericana de Prensa:

Estimados colegas y amigos:

Parece una letanía interminable. Desde el año 2012 estoy al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y no ha habido una sola oportunidad en la que no haya tenido que comenzar mis reportes semestrales informándoles a ustedes sobre la cantidad de periodistas asesinados desde la asamblea anterior.

Hoy, aquí, en Punta Cana, cumplo con el penoso deber de comunicarles que durante los últimos seis meses, 12 colegas nuestros fueron asesinados en América Latina, engrosando la ya demasiado extensa lista de víctimas del crimen organizado, de la corrupción política y de la complicidad, por miedo u omisión, de estados incapaces de parar esta sangrienta epidemia que todas las semanas, además de tronchar vidas y destrozar a familias enteras, deja a la región mayores dosis de censura y autocensura, y a nuestras sociedades peor informadas sobre los asuntos que son de su interés.

Otra vez, México y Brasil encabezan la macabra lista, con cuatro periodistas asesinados en cada uno de esos países, además de Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela, con un muerto cada uno. Como siempre, la impunidad reina tan campante.

Creo que ha llegado la hora de exigir la imprescriptibilidad de los crímenes contra periodistas. Ha llegado el momento de reclamar a viva voz que los asesinatos de periodistas sean considerados delitos de lesa humanidad. ¿Qué más podemos hacer para detener esta hemorragia? ¿Qué más podemos hacer para que los gobiernos dejen de prometernos con voz engolada que la policía, los fiscales y los jueces harán su trabajo con prontitud y rigurosidad, que se tomarán en serio el combate contra la impunidad y que harán lo que tienen la obligación de hacer para llevar a los criminales ante la justicia? ¿Qué más? Después de tanta promesa incumplida, de tanto discurso vacuo y de tan lamentables resultados, ¿será que tendremos que empezar a denunciar a los estados donde estos viles asesinatos tienen lugar como cómplices de los delincuentes?

Los periodistas enfrentan numerosos riesgos en su tarea profesional, como sucede en El Salvador con los colegas que cubren información en comunidades donde hay presencia de pandillas; o como ocurre en Honduras, donde las agresiones a los periodistas y la impunidad de los crímenes continúan generando autocensura.

En México, en particular, donde desde 1987 hasta hoy han matado a 128 periodistas, la ausencia de protección y de respuestas eficientes del Estado ha sido una constante en la mayoría de los hechos de violencia contra la prensa. Nos preocupa mucho, además, la tendencia al alza de actos de violencia contra mujeres periodistas: solamente en el año 2015 hubo 84 casos.

Pero también en Perú y aquí, en República Dominicana, han persistido los ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas, con mayores riesgos para los que trabajan fuera de las capitales.

Estimados amigos: todos saben que Estados Unidos ha reanudado sus relaciones diplomáticas con Cuba; todos hemos visto al presidente Barack Obama conversar amablemente en La Habana con el dictador Raúl Castro. Pero, desgraciadamente, ese acercamiento no ha evitado hasta el momento que el régimen cubano continúe aplicando mecanismos de represión que derivaron en marzo en 1.200 detenciones, 319 de las cuales se produjeron precisamente durante la visita a la isla del presidente Obama. Hay que decir, también, que en contraste con lo anterior, el gobierno de los hermanos Castro ha suavizado el tratamiento hacia la prensa internacional luego de la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Es un signo positivo, aunque los cubanos, los que sufren la tiranía todos los días de sus vidas, continúan en pleno siglo XXI imposibilitados de imprimir aunque más no sea una mísera hoja de papel con alguna información u opinión crítica hacia al régimen.

En Haití se sigue percibiendo una atmósfera de acoso y amenazas contra periodistas y siguen impunes casos de periodistas asesinados.

Y a pesar de que se han registrado avances políticos en la región, el clima para la libertad de prensa sigue con un panorama inestable.

El gobierno del presidente Mauricio Macri en Argenina cambió el panorama más oscuro del kirchnerismo y dejó de lado la política de agresión contra medios y periodistas críticos, y también suprimió la práctica de subvencionar con publicidad oficial a medios y periodistas “amigos”. En general, el nuevo gobierno argentino ha mostrado una política más abierta y plural con la prensa.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro perdió las elecciones legislativas de diciembre pasado, pero eso no ha impedido a su gobierno seguir utilizando el aparato judicial que controla absolutamente para acosar, perseguir y silenciar a periodistas críticos o independientes.

De hecho, en el último semestre, tres periódicos dejaron de publicarse en Venezuela y 80 más están evaluando seguir el mismo derrotero ante las restricciones en el suministro de papel impuesto por el gobierno a través de la empresa monopólica estatal Corporación Alfredo Maneiro.

El gobierno del señor Maduro tampoco quiere cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó restituir la señal y los equipos incautados manu militari a Radio Caracas Televisión.

En la misma línea, el presidente Evo Morales perdió un referéndum para ser reelegido en Bolivia y permanecer en el poder casi indefinidamente. Pero sus seguidores proponen una regulación para las redes sociales porque, argumentan, se prestan para una “guerra sucia” supuestamente operada por políticos opositores y desde el exterior.

En Bolivia, por otra parte, el Estado está dificultando la renovación de las licencias a centenares de radioemisoras en base a una nueva Ley de Comunicaciones que solo deja en manos privadas el 33% del espectro. Hay una fundada sospecha de que el gobierno de Morales esté aplicando una política de represalias contra aquellos que, mal que bien, sostienen líneas editoriales independientes o críticas.

Pero, en materia legislativa, el mayor problema, sin dudas, está en Ecuador. Allí, el presidente Rafael Correa decidió no participar en las elecciones previstas para febrero de 2017, pero eso no amilanó las acciones contra la prensa. De paso, Correa advirtió que también batallará contra sus críticos en las redes sociales, particularmente en Twitter.

Durante el último semestre, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) de Ecuador, controlados exclusivamente por el Poder Ejecutivo, impusieron 78 medidas disciplinarias entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias, amonestaciones escritas y otras sanciones, a radios (35 casos), televisión (24) y prensa (18). Huelga decir que continuaron las constantes amenazas e insultos contra los periodistas.

En Nicaragua persiste la censura gubernamental y la publicidad oficial, solo llega —y en abundancia— a medios oficiales o a medios “neutralizados” para comportarse de forma independiente. El sistema es empleado, con malévola inteligencia, para que la competencia desleal provoque el ahogo financiero de los poquísimos medios que aún levantan la bandera del periodismo libre.

Acceder a la información pública sigue siendo una odisea en buena parte de América Latina y el Caribe.

Como dato alentador en este plano es preciso manifestar que, en Argentina, el gobierno presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que abarca a los tres poderes del Estado.

Sin embargo, en Barbados la tensión entre el gobierno y la prensa impide la modernización de las leyes de acceso y frena las reformas sobre el delito de “difamación”.

Al mismo tiempo, en Costa Rica el gobierno planteó un proyecto de ley de acceso a la información pública pero que, paradójicamente, si es finalmente sancionado, podría convertirse en una traba a la práctica habitual de acceder a esa información que es actualmente prerrogativa inmediata por parte de los jueces.

En Honduras, con el pretexto de garantizar la seguridad nacional, el gobierno, la Policía y la Fiscalía limitan el acceso a la información pública. En Nicaragua, el gobierno desobedece la Ley de Acceso y se dedica a hacer propaganda. Y la prensa en Puerto Rico ha denunciado que el gobierno entrega información fragmentada y el acceso a la información oficial enfrenta mayores obstáculos en un marco de profundización de una crisis fiscal, económica y social del país.

También en Estados Unidos los periodistas están enfrentando dificultados para conseguir que el gobierno entregue información pública. La legislatura del estado de Virginia está discutiendo dos iniciativas que restringirían el acceso de los periodistas a la información sobre funcionarios públicos.

Paraguay, en cambio, marcó un avance importante tras la promulgación de una ley de acceso a la información pública en 2014 según la cual a partir de marzo todas las instituciones estatales están obligadas a publicar en un portal información sobre salarios, viajes oficiales, contratos y otros datos no definidos como secretos.

Los problemas legales y judiciales no acaban ahí.

Por ejemplo, en Brasil una ley sobre derecho de réplica aprobada el 2015 ha recibido fuertes cuestionamientos de medios y periodistas. Y en Canadá, una la ley antiterrorista asegura demasiada amplitud a las agencias del gobierno para compartir información sobre los ciudadanos.

Las nuevas tecnologías abren un mundo de oportunidades pero también incorporan problemas nuevos para la libertad de prensa.

En Chile, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para establecer el “derecho al olvido digital”, incentivado por una sentencia de la Corte Suprema que obligó a un medio a borrar una noticia que había publicado. Orwell llamaba a eso “los agujeros de la memoria”. También en Chile está a punto de convertirse en ley una regulación que obliga a los medios a no discriminar en las tarifas que se cobran a los distintos candidatos en una elección y que los obliga a informar sus tarifas al servicio electoral.

Colombia es otro país donde el llamado “derecho al olvido” está gozando de buena salud. La Corte Suprema de ese país abrió una ventana peligrosa en esta materia con una sentencia según la cual los medios, por sí solos, deberán actualizar la información sobre la situación legal de una persona a medida que cambie su estatus.

En Estados Unidos surgió una novedosa controversia sobre las órdenes judiciales para facilitar el acceso a los mensajes encriptados en teléfonos inteligentes y la disputa entre dos derechos constitucionales: el que defendía el gobierno sobre seguridad nacional y la posición de Apple y otras compañías para garantizar el derecho a la privacidad de sus clientes.

Hablemos también de Panamá, aunque les prometo que no será sobre los “Panama Papers”. Fallos judiciales adversos contra los diarios La Prensa y Panamá América constituyen un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentivan la investigación periodística sobre asuntos de interés público. Además, mientras el cuestionable anteproyecto de ley de periodismo que tanto criticamos en pasadas asambleas fue retirado de la Asamblea Nacional, preocupa la discusión de otro sobre reformas electorales que afectaría las libertades de prensa y de empresa.

República Dominicana, por suerte, nos recibe con una buena noticia: el Tribunal Constitucional eliminó parcialmente la criminalización de la difamación de la Ley de Expresión y Pensamiento, aunque todavía se mantiene en el Código Penal. Es un buen avanza, pero falta completarlo.

Y mientras La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron víctimas de varios ciberataques en El Salvador, a propósito de los cuales se presume que hubo participación de funcionarios públicos, permítanme terminar con mi país, el habitualmente tranquilo y tolerante Uruguay.

Durante el último semestre, el presidente Tabaré Vázquez apeló a técnicas chavistas y kirchneristas acusando al periodismo independiente o crítico de haberse transformado en un “partido de oposición”, el vicepresidente Raúl Sendic cargó contra lo que llamó “prensa chatarra” luego de que el diario El Observador descubriera que había mentido sobre su trayectoria académica al presentarse, durante 30 años, como “licenciado en Genética Humana” cuando no es licenciado en ninguna cosa, y el gobernante Frente Amplio recurrió a la penosa técnica de considerar que informaciones que al gobierno no le gustan forman parte de un complot para “desestabilizar las instituciones democráticas”.

Uruguay, cabe recordar, está primero en América en casi todos los índices que relevan el estado de la libertad de prensa en los países.

Pero, como acaban de escuchar, nadie está a salvo —ni siquiera el apacible Uruguay— de que, algún día, los gobernantes caigan en lo que Jean Francois Revel llamó “la tentación totalitaria”.

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