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En Gaceta Oficial la ley que prohíbe el uso de Internet y celulares en las cárceles

En Gaceta Oficial la ley que prohíbe el uso de Internet y celulares en las cárceles


En teoría, a partir del hoy se le habría asestado un golpe importante al pranato en Venezuela, un fenómeno que no es meramente local pero que en Venezuela se ha convertido en una red criminal de enormes proporciones, y que logró rebasar la capacidad de control del Estado sobre esta organización que se dedica a la extorsión y al ajuste de cuentas, manejada desde las celdas de los capos en las prisiones y penitenciarías.

Se tiene certeza de que los pranes han actuado durante los últimos años apalancados con el uso de las redes sociales y del Internet en general, además de la telefonía social. Con estas herramientas los cabecillas de las bandas investigan la vida social de la gente y detectan a las personas con mayores recursos económicos para planificar secuestros y extorsiones en general. 

Según el criminólogo Fermín Mármol García, de los 38 centros penitenciarios existentes en el país, al menos 26 son dominados por estos grupos que manejan todo tipo de ilicitos.

“70% de los centros penitenciarios están bajo el dominio de los pranes, quienes manejan no sólo el negocio de la venta de droga dentro del penal, sino también la trata de blancas”.

Sus tentáculos, explica,  se extienden al sicariato, secuestros, robo de vehículos, la organización de fiestas de negocios en las comunidades como otra forma de ganar dinero para la compra de armas y droga.

“Además, en la mayoría de los casos son los que planifican los desmembramientos de algún integrante de su organización o de otra rival y dominan las zonas de paz, ubicadas en el municipio Acevedo del estado Miranda”.

A juicio de Marmol García, la figura criminal del pranato ha encontrado terreno propicio para crecer apoyado en unas políticas penitenciarias que le favorecen y que dan forma a una imagen distorsionada de lo que debe ser aplaudido y lo que no, convirtiendo en héroe a quien cumple con todos lo requisitos contrarios.

Al referirse a la muerte del pran denominado “El Conejo”, abatido por brigadas especiales de seguridad del Estado en Porlamar, Nueva esparta, el criminólogo dijo que este ayudaba a los presos y les daba privilegios.

Yusleidy Zambrano, madre de Teófilo Rodríguez, nombre legal de “El Conejo”, testimonió en los días posteriores del fallecimiento del referido pran,  que en diversas ocasiones visitó a su hijo en la cárcel y este disfrutaba de todas las comodidades: Piscina, discoteca y  una sala de entretenimiento. Los fines de semana hacían parrilla para que ellos pudieran compartir con la familia. 

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“El Conejo” estuvo más de una década recluido en el centro penitenciario de San Antonio por tráfico de drogas, extorsión y desvalijamiento de vehículos. Controlaba el negocio de la venta ilícita de sustancias en la isla. Amasó una fortuna.

Fermín Marmol García señala que la figura del pran se ha convertido en el país en una industria criminal que además de beneficiar a la población reclusa, que forma parte de este negocio, favorece a militares y civiles.

“En otras naciones como en República Dominicana y Colombia esta figura se ha debilitado por la imposición de controles: el bloqueo de llamadas telefónicas, el paso de armas y la construcción de nuevas cárceles, convertidas en centros de reinserción social. En Colombia, los pranes son llamados ‘caciques’ y están en peligro de extinción”.

Negocian con el gobierno

Para el también criminólogo Javier Gorriño, el pranato actúa bajo el amparo del gobierno central, que lo protege y negocia con los líderes.

“El gobierno dice ‘no nos metemos con ustedes, siempre y cuando no permitan que se registren motines’. Les da a los pranes el poder de hacer remodelaciones en las cárceles, de cobrar a aquellos que quieren estar en una habitación de lujo que incluya televisor, aire acondicionado, Blue Ray y otros servicios hasta 80 mil bolívares. Este tipo de cobro lo llaman ‘la causa’. También les brinda apoyo en las fiestas, donde una botella de whisky puede costar hasta 90 mil bolívares y el servicio de prostitutas hasta por cuatro horas podría valer entre 20 y 25 mil bolívares, dependiendo de la vedette”.

 

10 años de auge en Venezuela

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, asegura que la figura del pran se ha ido consolidando en Venezuela desde hace 10 años.

Comenzó con el otorgamiento de privilegios a un grupo de internos, a través de la entrega de armas, permisos para hacer fiestas y flexibilizando las visitas.

Con el paso del tiempo, al gobierno central se le habría ido de las manos el control de los centros de reclusión, al extremo que los directores de los penales y retenes deben pedirle al pran su autorización para ingresar. No hay normas, ni leyes de comportamiento que no las otorgue el líder.

CrimenOrganizado

“Los pranes nunca trabajan solos, ellos tienen sus luceros o mano derecha, que colaboran y participan activamente en los crímenes que planifican dentro y fuera de la institución… Tienen buenos contactos con los funcionarios penitenciarios que les permitan manejar sin reparos el negocio de la venta de droga y compra de armas dentro y fuera del penal”.

 Ya es ley oficial

Finalmente, este martes fue publicada la Gaceta Oficial que contiene la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.

Tal y como había anunciado la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, en la Gaceta Extraordinaria Nº 6.240 fue promulgada la Ley que había sido discutida y aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio pasado.

El texto señala que este instrumento busca evitar que se cometan delitos desde el interior de las cárceles y se aplicará en todos los centros penitenciaros del país con régimen cerrado para procesados y penados.

La norma precisa que que en todas las cárceles se deben instalar teléfonos públicos alámbricos y se establecen penas de entre 4 y 6 años de prisión para los funcionarios o empleados públicos que introduzcan celulares o equipos tecnológicos en los centros penitenciarios.

No osbtante, los especialistas más escépticos temen que la corrupción al interior de las cárceles, con la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado, burlen la ley se introduzcan subrepticiamente dispositivos con acceso a Internet y teléfonos móviles en las celdas de los líderes criminales.

Visión Global con información de El Tiempo y Globovisión

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