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¿En que afecta suspender a Venezuela de la OEA?

¿En que afecta suspender a Venezuela de la OEA?


Suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), como propuso esta semana el secretario general del organismo, Luis Almagro, es un “proceso diplomático complejo” que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros.

Para suspender a un país de la OEA hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico aprobado en 2001 por todos los Estados miembros con el fin de proteger la democracia en la región.

Más que las consecuencias prácticas de dejar de participar en las actividades y programas de la OEA, el valor de la suspensión es su carácter de “sanción política y moral de unos gobiernos sobre otro”.

Almagro defiende que, en este caso, la suspensión es “el más claro esfuerzo y gesto” que los países americanos pueden hacer por el pueblo venezolano y por la democracia en la región; mientras que voceros del Gobierno de Venezuela consideran que el secretario de la OEA “no tiene votos suficientes para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”.

A continuación, las principales claves para entender cómo es el proceso de suspensión de un país de la OEA:

-¿Por qué propone Almagro suspender a Venezuela?

Cree que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llevado al país a un “extremo nunca visto” en la historia reciente del continente: “rompe el orden democrático, violan con impunidad los derechos de sus nacionales”, entre otras.

-¿Por qué ahora?

Almagro cree que “el pueblo venezolano ya no tiene más tiempo”, que todos los intentos de diálogo fracasaron y que volver a las mediaciones solo “daría nuevamente” al Gobierno la oportunidad de “ganar tiempo para mantener sus privilegios y prolongaría la miseria de la gente y el aplastamiento de sus derechos”.

-¿Qué países apoyan a Almagro?

Ningún país ha secundado por el momento la suspensión. El Gobierno de Perú ha pedido aplicar laCarta Democrática, pero prefiere utilizar las diversas opciones que ofrece para “comprometer a Venezuela a solucionar el problema”.

-¿Cuáles son esas opciones?

El artículo 20 de la Carta contempla gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el Estado en cuestión.

-¿Por qué Almagro da por agotada esa vía?

Ese es el camino por el que apostó Almagro desde el pasado 31 de mayo, cuando invocó el artículo 20 para activar la Carta. Sin embargo, casi un año después, cree que los intentos de mediación han fracasado y no han hecho más que “agravar la situación del país y legitimar la continuidad del deterioro de sus instituciones”.

-¿Veremos avanzar el proceso de la Carta a corto plazo?

Todo depende de la voluntad política de los países, sobre todo de los 15 que han expresado su preocupación por Venezuela en resoluciones de la OEA. En ese grupo está EE.UU.

-¿Cuál es el primer paso para aplicar la Carta Democrática?

Lo primero que debería ocurrir para avanzar en ese proceso es que al menos 18 países voten a favor de que en Venezuela, como sostiene Almagro, existe “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”.

-¿Y después?

Pueden iniciar gestiones diplomáticas y buenos oficios, pero Almagro cree que eso ya lo han hecho tanto la OEA como el resto de la comunidad internacional, por lo que pide dar un ultimátum a Caracas en este punto: o convoca en 30 días elecciones generales libres con observación internacional o se le suspende del organismo.

-¿Qué sería necesario para la suspensión?

El Consejo Permanente de la OEA debería convocar unaAsamblea General extraordinaria en la que se necesitaría que dos tercios de los cancilleres (24) votaran a favor de la suspensión.

-¿Cuándo entraría en vigor la suspensión?

Lo haría de inmediato, pero la OEA mantendría sus gestiones diplomáticas para restablecer la democracia en el Estado miembro afectado.

-¿Cómo se levanta?

Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá proponer a la Asamblea General su levantamiento, que requeriría de nuevo el voto de 24 de los 34 cancilleres.

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