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¿En qué se parece la sentencia del TSJ al Fujimorazo?

¿En qué se parece la sentencia del TSJ al Fujimorazo?


Una de las máximas de la democracia se perdió en Venezuela. Lo que proclamaba Montesquieu, en su obra titulada “Del espíritu de las Leyes”, sobre un sistema de “controles y contrapesos” en el ejercicio del poder como una única manera de evitar las tiranías, tuvo como punto final la sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, difundida el 29 de marzo a las 9 de la noche.

En esa sentencia, sobre el poder que otorga el TSJ al Ejecutivo para la conformación de empresas mixtas sin la autorización de la Asamblea Nacional (tal y como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos), se estipula en el apartado 4.4 lo siguiente:

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Este apartado de la sentencia del TSJ ha sido comparado con el Fujimorazo. Recordemos que fue el golpe de Estado que dio el entonces presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 en anuencia con las fuerzas militares y el Poder Judicial de ese país, para lograr la disolución del Congreso peruano, llamar a un proceso constituyente y promulgar una Constitución que le permitió quedarse ocho años más en el poder.

El abogado constitucionalista Gerardo Fernández es enfático. “Esto no es una sentencia, es una proclama política sin contexto jurídico emanado del órgano judicial (…) No puede haber ninguna explicación jurídica, no cumple los requisitos de una sentencia porque no satisface los requerimientos adjetivos procedimentales y sustantivos para catalogarse como sentencia”.

Pretende justificar y legitimar actuaciones del poder Judicial y el órgano ejecutivo que definitivamente están al margen del orden constitucional y de derecho en Venezuela, indica Fernández. “Esto constituye una dictadura judicial sobre el poder Legislativo en Venezuela, en defensa de un régimen dictatorial y totalitario”.

Para el abogado constitucionalista, esta sentencia es comparable en todo sentido con el Fujimorazo pues “desde el punto de vista formal y práctico, este sentencia significa la disolución del Parlamento, lo cual no es admisible desde el punto de vista jurídico y constitucional y definitivamente atenta contra el orden constitucional (…) Esta sentencia podría calificarse como un fraude a la Constitución”.

Con esta sentencia se pueden precalificar los delitos de usurpación de poder, usurpación de funciones y abuso de autoridad, detalló Fernández. “No solamente la Sala Constitucional abusa de su autoridad, sino que da licencia al poder Ejecutivo haga lo mismo, por lo cual se colocan al margen constitucional y democrático”.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 139 establece: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación del poder o por violación de esta Constitución o de la ley.”

Lo que venga en gana

Con las sentencias de esta semana, la primera donde se decide eliminar de forma práctica la inmunidad parlamentaria y se ordena al Presidente tomar las medidas que considere necesarias, y la segunda donde el TSJ asume funciones de supra poder asumiendo funciones parlamentaria; el poder Judicial se otorga el permiso de hacer “lo que le venga en gana”, a juicio del abogado Gerardo Fernández.

“Está creando (el TSJ) recursos para justificar actuaciones de oficio lo cual no está permitido, están actuando al margen del accionar que les permite la ley y sin ningún tipo de recato de carácter jurídico y desconociendo el abuso de derecho. Es una actuación abusiva, desviada, extralimitada, que atenta contra el orden democrático en Venezuela”, señaló el abogado.

Debido a esta situación, que se extralimita del orden jurídico, las actuaciones que se deberían esperar son de carácter político, indicó Fernández. “Lo más viables es que de alguna forma el mundo político comprenda que se debe rescatar la Constitución, la Asamblea no ha cometido ninguna ilegalidad, creo que quienes actúan al margen de la democracia son el TSJ y el Poder Ejecutivo”.

Luisa Quintero/TalCual

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