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Estados Unidos y el Reino Unido no dan el visto bueno a Venezuela en la ONU

Estados Unidos y el Reino Unido no dan el visto bueno a Venezuela en la ONU


La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, debió dejar a un subalterno de su despacho encargado de supervisar las excavaciones de la fosa común hallada en la Penitenciaría General de Venezuela, en el estado Guárico, para viajar a Ginebra donde encabezó la delegación gubernamental en la sesión de cierre del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

“Venezuela se erige pionera en materia de promoción y protección de derechos humanos”, dijo Varela ayer frente al Consejo, apenas a ocho días del hallazgo de un cementerio dentro de la prisión que su oficina administra y que fue desalojada entre octubre y noviembre del año pasado, tras un enfrentamiento entre bandas dentro del penal.

De eso no habló la jefa de la misión oficial. En cambio enfatizó: “Venezuela está comprometida de manera irrenunciable con la realización efectiva de los derechos humanos de manera integral”.

Señaló que “el gobierno impulsa la participación del pueblo organizado en movimientos populares” y garantiza “el pleno ejercicio de las libertades democráticas”. No mencionó que desde noviembre, cuando fue la primera fase del examen, en Venezuela se encuentran suspendidas hasta las elecciones de consejos comunales.

La ministra que dirige las cárceles donde está un grupo de presos de conciencia agregó: “En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de derechos como la libertad de expresión, información, reunión y asociación pacífica. Todas las organizaciones políticas, económicas,  sociales y culturales ejercen en libertad sus derechos”.

Por la Asamblea

La exposición de la ministra no convenció a las delegaciones de Estados Unidos y Reino Unido, que en noviembre fueron enfáticos en recomendarle al Estado venezolano respetar a la Asamblea Nacional, liberar a los presos políticos y respetar los derechos y procesos electorales (en aquel entonces el referéndum revocatorio). Todas esas recomendaciones fueron rechazadas por Venezuela.

La misión británica dijo estar preocupada por la crisis interna e instó “a todas las partes” a dialogar en un marco de respeto a la Constitución. En tal sentido expresó: “Esperamos que Venezuela reconsidere su posición y participe en un diálogo constructivo con su Asamblea Nacional sobre los objetivos de gobernanza y retos económicos”. La vocera del gobierno británico también exhortó a Venezuela a invitar a los miembros del Consejo y al Alto Comisionado de Derechos Humanos a una visita oficial al país.

La representante de Estados Unidos, por su parte, exhortó a Venezuela a “elaborar un cronograma de elecciones para 2017, liberar a todos los presos políticos, permitir a la Asamblea Nacional desarrollar sus funciones, admitir las manifestaciones políticas y que los medios de comunicación independientes puedan informar”.

Estados Unidos advirtió sobre el empeoramiento de los derechos humanos desde la sesión de noviembre pasado y criticó al gobierno por haber alabado públicamente el proceso de diálogo sin que ello se tradujera en “seguimiento a los compromisos acordados”. La misión de EE UU también señaló que el reciente proceso de registro para partidos políticos “podría eliminar a numerosos partidos de la oposición”.

Es de destacar que en el caso de EE UU las recomendaciones de noviembre se formularon durante el gobierno de Barack Obama y su ratificación y ampliación se produce bajo el mandato de Trump.

Apoyan al gobierno

También intervinieron 9 países del Movimiento de los No Alineados (Pakistán, Filipinas, Sierra Leona, Sudán, Bolivia, Cuba, Vietnam, Argelia y Angola) presidido por Venezuela, así como los representantes de Rusia, Bielorrusia y Corea del Sur. Todos alabaron los progresos del gobierno venezolano en la promoción y protección de los derechos humanos. Cuba, que hace dos años sorprendió al gobierno de Nicolás Maduro al anunciar las gestiones para retomar sus relaciones con Washington, lanzó una promesa con aire de epígrafe: “No estarán solos en la defensa de su revolución, Cuba siempre estará al lado de la hermana Venezuela”.

De acuerdo con el protocolo del Consejo de Derechos Humanos, y al no haberse expresado ninguna objeción al final del proceso, el informe del Estado venezolano fue aprobado. Una hora antes el Consejo también aprobó el informe del gobierno de Siria, acusado de gravísimas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la guerra civil que atraviesa desde 2011.

Al respecto, el portavoz del Consejo, Rolando Gomes, ha señalado que esa instancia no cuenta con mecanismos sancionatorios, sino que queda en manos de los gobiernos cumplir los compromisos adoptados, y de la sociedad civil y la prensa poner el foco en las fallas para corregirlas.

La voz de Cofavic

Catorce ONG estaban anotadas con derecho de palabra en la sesión, pero solo 11 pudieron ejercerlo por cuestión de tiempo. Una de las que pudo intervenir fue la Organización Mundial contra la Tortura, de la cual forma parte la ONG venezolana Cofavic. La alianza refirió ante el Consejo el caso de la masacre de Barlovento, ocurrida en el contexto de las OLP. En tal sentido, denunció “un patrón de graves violaciones de los derechos humanos acentuado desde 2015 con el inicio de las OLP como indican los 1.525 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales registrados en 2016”.

Human Rights Watch también intervino ayer para recordar que desde el primer ciclo del EPU en 2011, al segundo que culminó ayer, “la situación ha empeorado drásticamente” y puso como ejemplo la violación masiva de derechos humanos y detenciones registradas en 2014: “Se ha perseguido arbitrariamente a líderes de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos. El gobierno aprovechó el control sobre el TSJ para eliminar todas las leyes aprobadas por la AN en 2016. El gobierno no ha asegurado que medicinas y alimentos estén disponibles, lo que derivó en una grave crisis humanitaria sin precedentes en la historia venezolana”.

Entretanto, la ONG Servicio Internacional por los Derechos Humanos condenó la persecución del Estado contra defensores de los derechos humanos y condenó los ataques a la libertad de expresión.

Cívilis se hizo escuchar

La ONG venezolana Cívilis, que forma parte de la coalición Cívicus, pudo hacerse escuchar a través de su vocero, Feliciano Reyna, que urgió al Estado a aceptar la cooperación internacional humanitaria que le ha sido ofrecida. Con ello se “evitarían daños irreparables y más pérdidas de vidas”. Reyna denunció que periodistas, estudiantes, defensores y políticos son perseguidos. Instó al TSJ, al CNE y a la Defensoría a actuar con independencia, y al Sebin a “dejar de operar como un sistema de justicia paralelo”.

Amnistía Internacional expresó preocupación por la negativa de Venezuela a poner fin a las detenciones arbitrarias “incluyendo la liberación del preso de conciencia Leopoldo López”.

Otra organización civil venezolana que pudo intervenir fue Plafam, a través de la ONG Acción Canadiense para la Población y el Desarrollo, que pidió reforzar la educación sexual en el currículo escolar, aprobar leyes que garanticen el aborto seguro y garantizar la dotación de anticonceptivos.

Acción Ciudadana contra el Sida y Unión Afirmativa, también venezolanas, condenaron que Venezuela hubiera rechazado las recomendaciones de proteger la identidad de personas trans, despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas y el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Tres ONG extranjeras intervinieron a favor del gobierno venezolano.

82% de la población venezolana vive en pobreza, denunció Civicus

75% de los hospitales no presta atención mínima por falta de insumos, dijo Feliciano Reyna

Maru Morales/El Nacional

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