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Extensión del Decreto de Emergencia Económica solo favorecería a Maduro

Extensión del Decreto de Emergencia Económica solo favorecería a Maduro


El presidente Nicolás Maduro volvió a prorrogar por 60 días más el plazo establecido en el decreto  2.667, de fecha 13 de enero de 2017, mediante el cual se decretó el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el  país.

Con esta extensión, el presidente llegará a año y medio con poderes prácticamente supra constitucionales para “vencer” una presunta “guerra económica” y para “estabilizar socialmente al país”.

Estos decretos han aumentado el poder del jefe de Estado a la hora de tomar decisiones no solo en el área económica sino también en lo social, al autorizar al presidente a “dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente a las circunstancias”.

Sin embargo, y a pesar de los poderes que el presidente Maduro se autoconfirió hace 15 meses, la economía sigue en crisis, es mayor la  escasez de productos básicos, la economía sigue decreciendo y la inflación sigue siendo la más alta del mundo.

Tomando en consideración el momento en el que se publica por primera el estado de emergencia, se evidenciaría que la intención primera habría sido el despojo de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, que estaba comenzado un nuevo período legislativo.

De esta manera, y con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno intentó de dejar lado el control legislativo sobre la gestión gubernamental.

En este sentido, el decreto en cuestión perdió -si no es que careció desde su origen- los objetivos para los que presuntamente fue emitido.

El tiempo, que somete a prueba todas las acciones de los gobiernos, ha dado evidencia en los casi 15 meses de vigencia de que no ha cumplido con sus presuntos objetivos.

Es un decreto emitido para una sola persona: el presidente; mientras 30 millones de venezolanos siguen sometidos a una grave crisis económica caracterizada por carencia de alimentos, encarecimiento del costo de la vida, y víctima del incremento de actividad delictiva. Por lo que pareciera que el único logro económico de dimensiones acordes con la publicidad oficial, habría sido la cosecha de un gigantesco pepino. Eso en el caso de que hay sido sembrado en Venezuela, y no traído importado de otros países.

Lo sustancial

El decreto original, que ha sido extendido numerosas veces, incluye 11 medidas de poder discrecional del jefe de Estado:

  1. Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015, con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos esenciales para la vida.
  2. Asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de Presupuesto a los órganos y entes de la Administración Pública, para optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones.
  3. Diseñar e implementar medidas especiales, de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión y la elusión fiscal.
  4. Dispensar de las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia, dentro del plazo de vigencia de este Decreto.
  5. Dispensar de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías, cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios pertinentes.
  6. Implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requiera para hacer posible dicha agilización, salvo en lo concerniente a salud y seguridad y defensa de la Nación.
  7. Dispensar de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional, la reactivación productiva del país o el aumento de la capacidad tecnológica productiva, sin que esto se constituya en modo alguno como un mecanismo en detrimento de la recuperación del aparato productivo nacional.
  8. Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos.
  9. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno de la población a los alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. En tal sentido, el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales y jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como de otros bienes de primera necesidad.
  10. Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales, como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos.
  11. Desarrollar, fortalecer y proteger el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, en aras de  propender a la incorporación de los pequeños y medianos productores, ya sean comunales, privados, estatales o mixtos.

Igualmente, el texto del Decreto establece en su artículo 4 como “competencias de los ministerios del Poder Popular” efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de “establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país, para la protección de la moneda nacional”.

Con resumen de las medidas de Panorama.

Eduardo Martínez / VisiónGlobal /@ermartinezd

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