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Familiares de las víctimas de la masacre de Barlovento fueron recibidos en la Asamblea Nacional

Familiares de las víctimas de la masacre de Barlovento fueron recibidos en la Asamblea Nacional


La Asamblea Nacional recibió este martes a familiares de las víctimas del caso de ajusticiamiento en Barlovento, estado Miranda, de mano de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en el marco de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de política interior, presentó ante el hemiciclo las denuncias que han recibido de parte de familiares de las víctimas, quienes han afirmado que ninguno de los jóvenes tenían antecedentes penales ni eran solicitados por la justicia, tal como lo confirmó este martes el defensor del pueblo, Tarek William Saab.

De acuerdo a las denuncias recibidas por la diputada Solórzano, al menos 30 personas entre hombres y mujeres fueron detenidas por los funcionarios de la FAN sin orden de captura ni alguna justificación, además de ser aislados, sufrieron torturas.

Destacó que hasta ahora son 14 las víctimas desaparecidas, de las cuales 12 fueron encontrados sus cadáveres y solo 9 han sido identificados.

De parte de la Comisión de Política Interior exhortó al Gobierno Nacional a detener las OLP debido a que no son los mecanismos adecuados para resolver los problemas de seguridad ciudadana. También exigió la renuncia inmediata del ministro de la defensa Vladimir Padrino López y el Ministro de relaciones interiores, justicia y paz, Néstor Reverol por ser responsables de estos operativos.

Familiares relataron el drama de las victimas

Zulay Hernández, relató que su hermano de Freddy Hernández fue detenido por funcionarios que se identificaron como “OLP Ejercito” el 16 de octubre y desde entonces desconoce su paradero. Señaló que aún no han podido conocer si uno de los cuerpos encontrados en las fosas comunes pertenece a Hernández.

Denunció que ha recibido presiones para reconocer cadáveres como el de su hermano, a lo que se ha negado, pues las características no corresponden con las de Freddy Hernández.

Jenny Díaz, madre de un joven de 17 años estudiante de quinto año que sobrevivió al ataque, relató que su hijo fue detenido el 16 de octubre dentro de su casa y este le contó que desde el momento en que estuvo en la patrulla recibió golpes con las peinetas de los fusiles FAL.

Contó que recibió torturas con corriente eléctrica luego de ser mojado, presentando heridas en todo el cuerpo e incluso en sus partes íntimas. Fue amarrado por orden del teniente coronel José Ángel Rojas, quien decidió aplicarle personalmente las descargas eléctricas y recibió golpes por los subalternos, quienes saltaron sobre su cabeza. Asimismo, denunció que su hijo junto con otros tres jóvenes fue encerrado en una celda donde les lanzaron una bomba lacrimógena y luego los obligaron a consumir drogas, según relató Díaz.

La madre exigió a los diputados a no politizar el caso, que haya justicia y que los crímenes no queden impunes. Además, destacó la importancia de que no se señalen como delincuentes a las víctimas, pues todos eran personas inocentes.

Bancadas rechazan el suceso

Entretanto, el diputado Richard Pinto, rechazó en nombre de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los hechos de la masacre y aseguró a los familiares presentes que 11 militares ya están recibiendo las consecuencias de sus acciones, como la separación inmediata de la FAN, la degradación de sus grados militares y que serán juzgados tanto por la jurisdicción militar como la ordinaria.

Por otra parte, declaró que “condenamos enérgicamente estos hechos aislados que nada tienen que ver con el perfil del soldado bolivariano”, y manifestó que desde el Bloque de la Patria no descansarán hasta que haya justicia.

Por su parte, diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lamentaron los hechos y apoyaron la exigencia de parlamentaria Delsa Solórzano, de que cesen los operativos de las OLP, debido a las constantes denuncias de violación de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad.

Finalmente, el hemiciclo guardó un minuto de silencio por las victimas del caso y se aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo que condena la desaparición forzada por parte de efectivos militares. Asimismo, se designó una comisión mixta que estará presidida por la diputada Delsa Solórzano, y tendrá como objetivo esclarecer los hechos, exigir justicia y acompañar las acciones del Estado en la sanción de los responsables.

 

 

 

Fanny Mora / El Universal

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