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“Generación de “Arrimados”, por Ysaira Aponte

“Generación de “Arrimados”, por Ysaira Aponte


Somos “una generación de arrimados”, decía un joven participante en un foro para discutir política y futuro. Se refería a lo que, si bien es cierto antes era una situación coyuntural, del momento, o “mientras tanto”, “mientras nos acomodamos”, ahora se ha hecho una práctica común entre las jóvenes parejas, con o sin hijos, vivir junto a los padres, hermanos o amigos; situación que tiende a ser permanente puesto que adquirir una casa, nueva o no, por más modesta que sea, es casi imposible, sobre todo para las clases populares.

Con interés  hemos releído un viejo artículo escrito por Josefina Baldó y Federico Villanueva, para la época, Presidenta del Consejo Nacional de Vivienda (Conavi) y asesor  de Programa Nacional de la Vivienda, respectivamente. Era abril del año 2000, o sea, a menos de dos años de haber asumido el gobierno del presidente Chávez. Las proyecciones que para entonces estimaba el Conavi eran optimistas. El Plan Nacional de Viviendas conformaba seis programas cuyas ejecuciones suponían un extraordinario impulso al urbanismo y a la vivienda en Venezuela: 1. Atención a los pobladores de las calles, 2. Habilitación física de las zonas de barrios, 3. Mejoramiento y ampliación de viviendas en barrios y sectores populares, 4. Rehabilitación de urbanizaciones populares,. 5. Nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo, 6. Nuevas urbanizaciones y viviendas completas. En uno de los objetivos se establecía la participación conjunta del Estado, la empresa privada y la comunidad organizada. Incluso, al reconocerse el potencial y el talento humano de las universidades, se proponía un programa nacional de pasantías consistente en la captación de los estudiantes de los últimos años de carreras universitarias afines a la solución de los “problemas físicos y sociales de la población que se ha definido como  de atención prioritaria”.

Con estos enfoques sociales y planteamiento de políticas sobre el tema, contando además con las siguientes condiciones: articulación de los organismos de la época ligados al asunto vivienda (Inavi, Fondur, Fundabarrios, vivienda rural, Fundacomún, instituciones regionales y municipales), definición de formas de financiamiento, metas, plazos de ejecución, apoyos legales (desde la Constitución Nacional hacia abajo), era totalmente comprensible que aquel artículo que pronosticaba techo para todos, finalizara diciendo:  “si en el futuro se utilizan al máximo los créditos multilaterales y se amplía la inversión del Estado en vivienda hasta el 10 por ciento del presupuesto ordinario, podremos garantizar la solución del actual problema de la vivienda en Venezuela”.

Para Baldó debía considerarse que “el problema de la vivienda presenta una dimensión, una complejidad y una heterogeneidad tales que requiere el concurso de todos los venezolanos para su solución. En consecuencia, los organismos públicos de vivienda, deberán actuar como facilitadores de la actividad de todas las instituciones y empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad organizada, capaces de concurrir con sus propios intereses y modos de actuar a la solución de los problemas de vivienda del país”…

Trece años después, las realidades que giran alrededor de la vivienda como derecho social (Art. 82 constitucional), no solamente son frustrantes, sino amargamente inciertas en el futuro, vista la situación socioeconómica presente en el país. Después de haberse eliminado instituciones, fusionadas unas o creadas otras, después de haber desfilado unos cuantos ministros por Miraflores, promulgarse leyes, establecerse resoluciones, convenios, comisiones, misiones, después de haberse presupuestado muchos recursos, el déficit habitacional sigue “vivito y coleando”. Y como se trata de carencias, las cifras ofrecidas por el gobierno, están muy distantes de las que presentan muchos entes privados y públicos que hacen seguimiento al tema de la vivienda. Pero así como en otros aspectos de la realidad económico-social que padecemos los venezolanos, los hechos nos van dando las crudas estadísticas. La inflación, el desabastecimiento, las políticas erráticas destrozaron las posibilidades ciertas hasta hace pocos años en las cuales  para construir una vivienda bastaba un poco de organización personal y familiar. Ahorrar, utilizar  bonos o aguinaldos, conseguir pequeños créditos, eran una garantía de que en pocos meses se podía levantar una vivienda. Construir una casa poco a poco, no suponía un suplicio, era cuestión de decisión. Cabillas y cemento estaban disponibles en cualquier ferretería a precios asequibles y  un préstamo personal también ayudaban.

Para aquellas personas con medianos ingresos, la iniciativa privada ofrecía su solución. Con un crédito manejable, se acudía a empresas que con libertad de adquirir insumos, construían soluciones habitacionales accesibles. Para aquellos con menos ingresos o menos vocación de emprendimiento, ahí estaban las políticas oficiales de viviendas. Aquí en Barinas, salvo excepciones no tan dignas, se construyeron muchos complejos habitacionales decorosos; todos con servicios públicos, áreas recreacionales y educativas próximas y en zonas de ambiente no hostil, a las cuales se accedía sin política de exclusión. Hoy, la construcción de viviendas tiene como elementos comunes, el ser propiedad estatal y no individual, ser improvisadas y entregadas con servicios públicos deficientes y hasta sin ellos, así como sin el urbanismo que da dignidad a los habitantes.

Hace un año, la misma Baldó que proyectó un país con techo para todos, declaró: “La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha dilapidado recursos, es demagógica y propagandística (…) Ha tenido tanto éxito comunicacional que hay más de tres millones setecientas mil personas inscritas. Esta cifra revela la enorme demanda de vivienda y que obtenerla es casi jugar a la lotería. La gente queda con la ilusión de que un día le tocará”.

Hoy, debido a la inflación que nos golpea,  dentro del mercado privado se ha hecho prácticamente imposible, concretar el sueño de tener una casa que desde niño nos planteamos para nuestra adultez. Construir aun una simple habitación, un “anexo”, es sumamente costoso debido al aumento terrible de los materiales o a la escasez que, por cierto, para nada afecta a los que están “bien conectados”. Y  para asegurar la emboscada perfecta, la legislación que regula los alquileres de vivienda, ahuyentó a las personas o entidades que se dedicaban a esas actividades, lícitas pero ahora, impracticables. Alquilar casas o apartamentos es misión imposible.  Igualmente, la opción de la vivienda construida por el gobierno, para muchos representa un viacrucis.  La Misión Vivienda está muy lejos de alcanzar sus metas. A  los tradicionales “listados”, difíciles de ingresar por sectarismo, ventajismo, prejuicio político, hoy se agregan las dificultades para financiar una actividad muy costosa y que,  al parecer, no ha contado, ni con una buena planificación, ni con una sana administración de recursos.

Uno de los dramas de vivir “arrimados” como pareja significa desenvolverse en medio  de muchas circunstancias, en la mayoría de los casos difíciles de afrontar o que impiden consolidar una buena relación familiar estable. Esta generación también tiene en su agenda otro punto: pelear por el derecho a una vivienda digna. La solución sigue estando en el cambio del modelo económico y político que practica este gobierno.

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