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Gobierno continúa aprobando recursos y los hospitales siguen en el chasis

Gobierno continúa aprobando recursos y los hospitales siguen en el chasis


El gobierno nacional ha lanzado, al menos, 4 planes de recuperación de infraestructura y gestión de recursos hospitalarios desde el año 2013. Las soluciones que se plantearon con su creación aún no son palpables y, en algunos casos, como en los hospitales de El Algodonal, Lídice, y de Niños, en Caracas, muestran severos retrasos que dificultan la operatividad. La aprobación de recursos continúa sin la presentación de estados de avance o labores de contraloría. Fuentes del Ministerio de Salud revelan que aproximadamente 3.500 obras de refacción de infraestructura y mantenimiento menor están pendientes en los nosocomios.

Gobierno de calle hospitalario


En marzo de 2014 se lanzó el Gobierno de calle hospitalario. Arrancó con el hospital José Ignacio Baldó, de El Algodonal, en Caracas, en el que se instalaron mesas de trabajo para evaluar las necesidades del nosocomio y agilizar las obras inconclusas desde 2007. En total se sumaron 277 hospitales. En Caracas resaltaron las mesas realizadas en la Maternidad Concepción Palacios y los hospitales Jesús Yerena y el oncológico Luis Razetti, con pocos resultados.

El plan recibió 781 millones de bolívares para atender 19 obras a través de la empresa Constructora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Construfanb, contratista de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario del Ministerio de Salud.

En El Algodonal las obras no fueron concluidas. El Gobierno de calle no pasó más allá del acto de instalación.

María Yanes, presidente de la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela y médico jubilada del nosocomio, indicó que muchas de las obras siguen paralizadas y que los recursos económicos que debe percibir ese centro son insuficientes y que además llegan de manera intermitente.

“Solo 5 millones de bolívares cada tres meses, pero eso no ocurre con regularidad. 85% del dinero se iba en material médico quirúrgico y medicinas. El resto se dejaba para el mantenimiento y papelería. Los recursos no llegan ni se administran como debe ser. Eso sucede porque el presupuesto general del Ministerio de Salud ha venido disminuyendo desde 2012”, precisó.

 

Plan Maestro Estratégico de Hospitales


El gobierno planificó la adopción de un Plan Maestro Estratégico de Hospitales con el objeto de plantear estrategias de administración de los recursos en los nosocomios. El plan fue anunciado en abril de 2014 y se implementaría en los 292 hospitales del país.

Con el plan se esquematizarían las necesidades estructurales y de costos de cada centro de salud, lo que iba a permitir planificar las compras y el resto de los requerimientos, pero la estrategia se adoptó tardíamente: cuatro meses después de la aprobación de la Ley de Presupuesto de ese año, que dispuso de 462 millones de bolívares para los hospitales.

Para cubrir el resto de las necesidades de 2014 se recurrió a los créditos adicionales.

En marzo de 2014, por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó 2,1 millardos de bolívares para la compra de medicamentos de la red hospitalaria, como reactivos, material médico-quirúrgico y equipos oncológicos que no habían sido presupuestados inicialmente.

En diciembre se aprobaron otros 84 millones de bolívares más para 35 centros en Miranda, Vargas y Distrito Capital.

Los informes del Ministerio de Salud señalan que el monto total de gastos se elevó a 800 millones de bolívares al cierre de 2014. La falta de especialistas, las asignaciones deficitarias de recursos y la escasez de materiales continúan en 2015.

Micromisiones y Estado Mayor


En agosto de 2013 el Ejecutivo dispuso de 300 millones de bolívares para el lanzamiento del Estado Mayor para el sector salud, que daría prioridad a la atención de las necesidades de 11 hospitales. En Caracas fueron escogidos los hospitales J. M. de Los Ríos y el Leopoldo Manrique Terrero, conocido como Periférico de Coche.

Luego del lanzamiento fueron aprobados otros 380 millones de bolívares del Fondo Chino y 35 millones de bolívares del IVSS para el cumplimiento de las metas que aún están pendientes.

“El Estado Mayor de Salud no ha tenido resultado efectivo, pese a la cantidad de recursos asignados en los últimos dos años. La crisis se agravó en 2014”, señaló María Yanes.

En el Hospital J. M. de Los Ríos, por ejemplo, persiste la deuda con los arreglos de los servicios de Nefrología, Medicina II y Oncología, que permanece cerrada por las filtraciones de aguas servidas. Solo dos de los siete quirófanos están operativos.

Aunque el gobierno creó la Corporación Nacional de Insumos para la Salud para solventar la crisis en el área, esta continuó. La deuda quirúrgica que debió paliarse con el plan especial de cirugías establecido en las micromisiones tampoco se saldó. Yanes recordó que en 2014, y lo que va de 2015, la escasez de insumos y la falta de especialistas complican la realización de las intervenciones.

Colectivos de dirección hospitalaria


“El colectivo de dirección fue algo simbólico. Después de la instalación no se reunieron más. Aquí no hay control de nada”, dijo Félix Romero, dirigente sindical de El Algodonal.

En los hospitales de Lídice; Luis Razetti, de Cotiza; El Algodonal y en el hospital Rísquez se denunció que los colectivos estaban integrados por personas ajenas a la comunidad vecina a los hospitales.

En marzo de 2014 los colectivos comenzaron con la función de hacer contraloría y planificar obras de infraestructura y mantenimiento. Estarían integrados por personal médico, de enfermería y administrativo, miembros de sanidad militar y por la comunidad. El Ministerio de Salud planificó que estos grupos actuaran en 51 centros de todo el país. La labor contralora se esfumó y las obras siguen abandonadas. Entre ellas se cuenta la reconstrucción de la Sala de Partos y Obstetricia del hospital de Lídice y la refacción de las filtraciones en el hospital de Los Magallanes de Catia.

El viernes 20 de febrero el Ejecutivo volvió a asignar recursos para 35 obras de rehabilitación integral en Apure por 2,4 millones de bolívares; Barinas, por 20 millones de bolívares; Carabobo, por 6,5 millones de bolívares; Sucre, por 42 millones de bolívares, y Distrito Capital, por 36 millones de bolívares.

No se conocen informes sobre la contraloría realizada a las empresas causantes de los retrasos.

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El Nacional

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