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Gobierno de Brasil dice que Rousseff se libró de investigación por falta de indicios

Gobierno de Brasil dice que Rousseff se libró de investigación por falta de indicios


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El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo hoy que la presidenta Dilma Rousseff no fue incluida en la lista de políticos que serán investigados por el caso de corrupción en Petrobras porque no había indicios en su contra y no porque la Fiscalía se hubiera declarado impedida para hacerlo.

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El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, dijo hoy que la presidenta Dilma Rousseff no fue incluida en la lista de políticos que serán investigados por el caso de corrupción en Petrobras porque no había indicios en su contra y no porque la Fiscalía se hubiera declarado impedida para hacerlo.

“La presidenta no será investigada porque no hay hechos, pruebas o indicios mínimos que justifiquen la investigación. No hay nada a investigar”, afirmó el ministro en una rueda de prensa en Brasilia.

Cardozo calificó como erróneas las versiones según las cuales la Fiscalía se abstuvo de solicitar una investigación contra la jefa de Estado en respeto a un precepto constitucional que prohíbe la apertura de investigaciones contra el presidente por hechos ocurridos antes de asumir su mandato.

El ministro admitió que la Fiscalía citó tal artículo constitucional en la petición que envió a la Corte Suprema para pedirle que no abra una investigación contra Rousseff pero que también admitió que no había indicios.

Rousseff fue mencionada entre los posibles beneficiarios de los desvíos de recursos de la petrolera estatal Petrobras por miembros de la red corrupción que colaboraron con las investigaciones de la Fiscalía a cambio de reducción de penas.

A petición de la Fiscalía, el magistrado Teori Zavascki, que será el juez instructor de los procesos en la Corte Suprema, autorizó anoche la apertura de investigaciones contra 49 personas (previamente se había informado que eran 50), entre ellas 12 senadores y 22 diputados de 5 partidos, en su gran mayoría de la base oficialista, citados por los delatores.

Entre los incluidos en la lista figuran los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; el expresidente brasileño Fernando Collor; y cuatro exministros de Rousseff: los senadores Edson Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia); el exdiputado Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).

En una de las 21 investigaciones ordenadas, Rousseff es mencionada como beneficiaria indirecta de la red de corrupción ya que el coordinador de su campaña electoral en 2010, el exministro Antonio Palocci, supuestamente recibió recursos desviados de Petrobras.

La Fiscalía dijo no haber visto indicios de la responsabilidad de Rousseff y alegó que un jefe de Estado solo puede ser investigado por actos practicados en el ejercicio de la Presidencia y que las irregularidades en las que se le menciona supuestamente ocurrieron antes de que fuera elegida para su primer mandato, en 2010.

La corte, sin embargo, ordenó que se investigue a Palocci por supuestamente haber recibido recursos desviados de Petrobras para financiar las cuentas de campaña de la mandataria.

“El juez concluyó que no había nada a investigar y que, incluso si lo hubiese, la presidenta no podría ser investigada. No hay mínimos indicios de participación entonces no habría como abrir investigación”, afirmó Cardozo.

El ministro aclaró que la Justicia no ordenó archivar una investigación contra la mandataria sino que se abstuvo de abrirla.

Agregó que uno de los delatores afirmó que Rousseff sabía de las irregularidades en la Petrobras pero que no presentó ninguna prueba o indicio que sustentara esa acusación.

“Dijo que sabía pero no dijo cómo ni de qué hecho (sabía) ni mostró nada para comprobar, por lo que la Fiscalía concluyó que esa mención no puede justificar una investigación”, afirmó.

El escándalo en Petrobras se investiga desde hace casi un año y hasta ahora ha llevado a prisión a exdirectivos de la petrolera y a un grupo de empresarios que participaban en negocios con la estatal.

Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como “donaciones” para sus campañas electorales.

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EFE

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