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Gobierno de Maduro pierde capacidad de respuesta y pasa a la defensiva

Gobierno de Maduro pierde capacidad de respuesta y pasa a la defensiva


En los últimos sucesos del acontecer político venezolano, el gobierno comienza a mostrar los efectos del agotamiento político. Lo que se manifiesta en pérdida de la capacidad de respuesta, y que le lleva a perder la iniciativa y a asumir una actitud defensiva.

En las últimas semanas el gobierno y el PSUV, su aparato político, dejó de imponer los temas de la agenda nacional.

Adicionalmente, y tal vez como una consecuencia inmediata ante los problemas que encuentra en su gestión, cada vez tarda más en dar una respuesta política. Evidenciando de esta manera una pérdida de pegada y de oportunidad. “No tiene punch”, se diría en el lenguaje boxístico.

Este jueves, en la sesión vespertina de la Asamblea Nacional, la mayoría parlamentaria votó por dejar sin efecto la designación del 23 de diciembre, por parte de la anterior legislatura, de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Llama la atención, que habiendo tenido información oportuna del contenido del informe de la comisión sustanciadora de la Asamblea, el PSUV no haya tenido preparada una respuesta política para lo que todo el mundo ya conocía: la nulidad de las designaciones.

Una acción de este tipo, por parte de los diputados de la oposición, debía producir la doble respuesta del gobierno: la política y la legal.

La respuesta política, la debía emitir el PSUV a través de sus diputados y de su mando político del partido. Lo que más allá de lo expresado en el debate, no ocurrió.

El silencio fue tan significativo, que ni siquiera los medios de la hegemonía comunicacional del gobierno incluyeron en sus portales y notas de prensa alusión alguna.

Pasarían cerca de 24 horas, para que los diputados del PSUV articularan un recurso ante el TSJ. Momento en el cual emitieron unas breves declaraciones, luego de dar respuesta legal.

El diputado oficialista Héctor Rodríguez aseguró que “No tiene la Asamblea Nacional en ningún artículo del derecho venezolano, la facultad de remover magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”.

Sin embargo, esta opinión contradice al artículo 265 la Constitución venezolana, “los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”.

Adicionalmente, un principio legal venezolano, contemplando en los reglamentos de la Asamblea, admite que los diputados puedan revisar sus decisiones. Principio que asumieron los diputados este jueves para anular las designaciones del 23 de diciembre pasado.

Para un gobierno, que ha hecho de la retórica y del manejo de los medios, su principal gestión de gobierno, poner todo su empeño en atrincherarse en el Poder Judicial, evidenciaría la aceptación de la pérdida del espacio político.

Además, pone de relieve algún grado de percepción de acorralamiento, por el poco cuidado que tiene sobre la forma de hacer las cosas, cuando el fondo resultaría también de dudosa legalidad.

Ahora, este suceso político se continuará desarrollando simultáneamente en dos instancias. En el TSJ, donde deberá hilarse con cuidado cómo se procesará el recurso, dado que los magistrados “express” del 23 de diciembre, no deberían abstenerse de participar en la discusión.

Parlamentariamente, se espera que la mayoría que controla la Asamblea designe la comisión que conducirá al concurso de los aspirantes a magistrados.

En todo caso, estamos en una carrera de velocidad por llegar a una confrontación constitucional. Los conflictos entre poderes constituidos no siempre tiene un final predecible.

Eduardo Martínez/VisiónGlobal/@ermartinezd

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