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Gobierno-FARC logran acuerdo sobre magistrados de paz

Gobierno-FARC logran acuerdo sobre magistrados de paz


Once meses después de que el Gobierno y las Farc acordaron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz como la instancia para juzgar y sancionar a los autores de los crímenes más atroces cometidos con ocasión del conflicto armado, las delegaciones de ambas partes alcanzaron un nuevo acuerdo, esta vez en torno al mecanismo de selección de los magistrados que la conformarán. Es decir los jueces que investigarán y juzgarán las conductas cometidas por guerrilleros, agentes del Estado, o auxiliadores de grupos ilegales.

Este era el punto pendiente dentro del capítulo de víctimas y justicia transicional. Este viernes, desde el complejo El Laguito, en La Habana, los voceros de ambas delegaciones harán el anuncio, que se convierte en un paso más hacia la firma del acuerdo definitivo. Los magistrados de esta nueva jurisdicción serán expertos en diferentes ramas del derecho y altamente calificados. Lo único que las partes han ventilado, por ahora, es que será un proceso de selección que dará confianza a los colombianos y no serán seleccionados por ninguna de las partes, si no por un tercero.

El pasado 11 de abril, el presidente Juan Manuel Santos calificó este asunto como “muy delicado” y explicó que el gobierno había propuesto que los magistrados de las Cortes colombianas tuvieran un papel determinante en esa designación. Se comprometió a que “cualquier procedimiento que se establezca sea un procedimiento que genere legitimidad y genere confianza”.

También se sabe que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la paz serán, en su mayoría, colombianos, pero no se descarta que una minoría sean extranjeros. En todo caso, ni el gobierno ni las Farc serán los encargados de elegirlos. Desde el primer apretón de manos entre el presidente Santos y Timoleón Jiménez, comandante de las Farc, el 23 de septiembre de 2015, cuando se acordó la Jurisdicción Especial para la Paz, se determinó que dicha jurisdicción cumplirá con el deber del Estado de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

En esa jurisdicción se adelantarán los procesos contras los máximos responsables de delitos atroces de las Farc. Para ello, deberán reconocer su responsabilidad y comprometerse con el esclarecimiento de la verdad. Quienes así lo hagan serán condenados a penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de libertad. Para acceder a una pena alternativa, el beneficiario deberá comprometerse con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad.

Por el contrario, quienes no reconozcan la responsabilidad en delitos graves y resulten culpables tras las investigaciones incurrirán en una pena de prisión de hasta 20 años en la justicia penal ordinaria. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia para juzgar no sólo a los miembros de la guerrilla sino a los agentes del Estado por los delitos cometidos en el contexto de la guerra. Varios sectores de la sociedad han pedido participación en este tribunal que empezará a operar cuando se termine la negociación en la isla, y con este anuncio el gobierno cree que la firma del acuerdo definitivo de paz está a la vuelta de la esquina.

Las comunidades étnicas ponen sus cartas sobre la mesa

Las comunidades indígenas y negras del país construyeron una hoja de ruta con el fin de darle un enfoque étnico a la implementación de los acuerdos de La Habana. Su propuesta tiene tres temas claves: territorios, participación política y justicia. Pero todos saben que la mayor pelea que tendrán que dar será en este último tema.

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“No vamos a renunciar a nuestra jurisdicción especial indígena por la justicia transicional”, explicó este jueves Juvenal Arrieta, Consejero Secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). En palabras de Arrieta, su propuesta podría contemplar, por ejemplo, que un tribunal indígena pueda condenar a un jefe guerrillero beneficiado por la amnistía porque, en sus palabras, “son autónomos”.

“Ellos reconocen que la justicia indígena ha sido más efectiva que la ordinaria. Ese es su temor. Un tribunal indígena podría llamarlos a juicio y condenarlos. Podríamos pedir, por ejemplo, un convenio de cooperación con países amigos en la comunidad internacional para que nos presten sus cárceles: Noruega, Ecuador”, señaló Arrieta.

La participación política es otro de los capítulos. Su petición es que se cree una circunscripción especial para los pueblos étnicos dentro de las cámaras territoriales que, según la propuesta que todavía sigue en discusión entre el Gobierno y las FARC, se crearían en las regiones más golpeadas por el conflicto.

Juvenal Arrieta reconoce que esta tampoco será una lucha fácil. “Las FARC pueden ser recelosas. Saben que los pueblos étnicos no van a jugar a su agenda política, y al Gobierno tampoco le interesa que en Chocó, Cauca, Nariño o Amazonas, los indígenas tengan el control de las cámaras territoriales”. En sus palabras, la inclusión efectiva de los pueblos étnicos en la participación política sería “el mayor gesto de paz”.

Los integrantes de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales recordaron el largo camino que tuvieron que recorrer para ser tenidos en cuenta en los diálogos de paz de La Habana. Señalaron que durante tres años estuvieron exigiendo su participación, y sólo lograron ser oídos en junio pasado.

Daniel Garcés, miembro del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, señaló que los pueblos indígenas y afrocolombianos “nunca entendimos por qué este acuerdo de paz, inspirado en las víctimas, no nos incorporó desde el principio”, siendo ellos las víctimas principales de este conflicto.

Según la Unidad de Víctimas, 192.638 indígenas y 794.703 afrodescendientes han sido golpeados por la violencia. Las comunidades negras son el grupo poblacional del país más afectado por el desplazamiento: una de cada tres víctimas de esta problemática, es afro. En los próximos días se entregará la propuesta detallada, que esperan sea incluida en el punto 6 del acuerdo general. Allí también los pueblos étnicos pedirán que se respete su autodeterminación y sus gobiernos propios, que se les restituya a plenitud los territorios que los grupos armados ilegales les han arrebatado, que se tenga en cuenta su cosmología y su relacionamiento con el medio ambiente y el territorio, y que sus derechos a la consulta previa y a la autonomía primen.

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