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“¿Gobierno o pueblo dueño?” Julio Borges

“¿Gobierno o pueblo dueño?” Julio Borges


Julio Borges / @JulioBorges.

El corazón del debate que el Gobierno no quiere enfrentar pues revela su verdadero fin político

La semana pasada la AN aprobó la Ley de Otorgamiento de la Propiedad a beneficiarios de la Misión Vivienda en primera discusión, ante esto el Gobierno adelanta una campaña groseramente mentirosa que va desde el supuesto cobro de las viviendas hasta la incapacidad del Gobierno para seguir construyendo viviendas de interés social.

Actualmente existe un Decreto con fuerza y rango de Ley de Régimen de la Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en vigencia desde el 06 de abril de 2011, a través de los cuales se da un documento de Propiedad Familiar que indica que sólo podían ser usadas como residencia permanente, lo cual delimita el uso, goce y disfrute establecido en el artículo 115 de la Constitución y 545 del Código Civil, que ahora establecerá la Ley Otorgamiento de la Propiedad a beneficiarios de la Misión Vivienda Venezuela.

Los dos grandes miedos del Gobierno por los cuales ha generado una campaña de miedo y mentira son: el primero, evitar que sea descubierta la realidad de la construcción de viviendas, ya que una vez aprobada la ley a través de una Comisión Parlamentaria en 3 meses se levantará un Inventario de las viviendas construidas y por construir, los números de Operación Lupa de Primero Justicia nos indican la construcción de apenas 55.000 viviendas anualmente, lo que se aleja mucho del millón de viviendas publicitadas por el Gobierno. La Operación Lupa contabilizó en 2011, 63 mil viviendas construidas, mismo número fue construido en 2012, 81 mil viviendas en 2013, 39 mil en 2014 y 35 mil en 2015. Para un total de 280.000 viviendas construidas desde el inicio de Misión Vivienda.

A través de ello también se verificará la situación jurídica de los terrenos, para que en tres meses posteriores a éstos se puedan alcanzar acuerdos que regularicen la propiedad de los terrenos sobre los cuales fueron construidas.

El segundo miedo del Gobierno es que en seis meses deberán emitir, suscribir y protocolizar ante la Oficina de Registro Público los Documentos de Propiedad. Bien sea viviendas construidas adjudicadas o por adjudicar. Allí está el debate central del modelo político venezolano, si queremos venezolanos dueños de su futuro o un gobierno dueño y regulador de nuestras vidas. Es el corazón del debate que el Gobierno no quiere enfrentar pues revela su verdadero fin político.

El Universal, 02 de febrero de 2016

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