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Human Rights Watch pide a Ecuador despenalizar el aborto en casos de violación (Video)

Human Rights Watch pide a Ecuador despenalizar el aborto en casos de violación (Video)


En Ecuador si una mujer es violada, queda en embarazo y desea interrumpir el embarazo, no puede hacerlo legalmente porque es un delito e iría a la cárcel.

Con base en esta realidad, la organización Human Rights Watch, dedicada a la defensa y la protección de los derechos humanos, publicó esta semana un comunicado en el que exhorta a la Asamblea Nacional a “impulsar una reforma del Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto, al menos en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto”.

Para HRW, que una mujer embarazada a consecuencia de una violación no pueda interrumpir la gestación, es algo preocupante. En el comunicado señala que las “restricciones al acceso al aborto vulneran diversos derechos humanos de la mujer, incluidos los derechos al goce del más alto estándar de salud, a la vida, a no ser discriminada, a la integridad física y a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

 

¿Leyes ‘pacatas’?

Ramiro Aguilar, asambleísta independiente y crítico del gobierno del presidente Rafael Correa, califica este tema como un problema de salud pública, agravado por una doble moral. “La sociedad ecuatoriana despenalizó el aborto de hecho, pero sus leyes, de una manera pacata, absolutamente pacata, no se armonizan con la realidad”, dijo.

Aguilar dice que mientras las estadísticas oficiales mencionan un promedio de 25.000 abortos al año, organizaciones no gubernamentales hablan de un subregistro clandestino que superaría los 125.000 abortos anuales.

A pesar de las cifras, lo cierto es que los médicos tienen prohibido asistir a una joven que quiera abortar.

“Hay una consecuencia penal si procediera a dar un servicio en la interrupción de ese embarazo porque se estaría atentando contra una vida”, argumenta Gina Godoy, asambleísta de Alianza País, movimiento político del gobierno de Correa.

Gadoy acota que el mandatario ha implementado medidas complementarias para un embarazo no deseado: “dotar del suministro de la píldora de anticoncepción de emergencia para evitar que esa víctima, de llegar el momento posterior al acto de agresión sexual, pueda producirse una fecundación de ese óvulo.”

Por su parte, Aguilar cree que son medidas importantes pero insuficientes. El problema de fondo, dice, es otro: “lo más importante es que 25.000 mujeres en Ecuador han tenido problemas para abortar y terminan en los hospitales del ministerio de Salud Pública”.

“Y hay un número mucho mayor de mujeres que se ven obligadas a abortar  en condiciones insalubres, poniendo en riesgo su vida porque el médico que practica el aborto, el personal que le asiste y la propia mujer que aborta pueden ir presos.”

El Código integral Penal está en vigencia desde agosto del 2014. Los asambleístas coinciden en que de momento es poco probable algún cambio en la normativa.

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CNN Español

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