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La Asamblea Nacional exige al BCV y al INE que publiquen datos oficiales de forma inmediata

La Asamblea Nacional exige al BCV y al INE que publiquen datos oficiales de forma inmediata


La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, con los votos de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) un acuerdo en el que exigen al Banco Central de Venezuela (BCV) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) que publiquen de forma “inmediata” los datos oficiales de inflación, Producto Interno Bruto (PIB), Balanza de Pagos, costo de la Canasta Alimentaria y las cifras de pobreza.

El acuerdo también solicita al Gobierno a que proceda a pagar los bonos de alimentación y medicinas a los pensionados y jubilados, tal y como ya lo acordó el Parlamento con la ley que aprobó en mayo a tales efectos. Asimismo, se exhortó al Ejecutivo nacional a que desarrolle una política de ajustes periódicos de salarios y pensiones, acorde con un plan de equilibrio económico, como lo aconsejó el plan “Diez propuesta para resolver la crisis económica” que aprobó esta plenaria la última semana de abril.

El último punto del acuerdo, presentado por el diputado José Guerra (PJ-Distrito Capital), exhorta al Gobierno a permitir el ingreso de ayuda humanitaria de medicinas y alimentos para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El primer punto de la agenda vespertina de la AN, abordó la denuncia sobre el derrame de petróleo en el estado Anzoátegui, que la bancada de la MUD cuantificó entre 50 mil y 100 mil barriles, mientras que la bancada del oficialismo cifró en 2.500 barriles. En este punto se aprobó constituir una comisión mixta de siete parlamentarios de las comisiones de Energía y Petróleo y de Ambiente, que se traslade a la zona y verifique la cuantía del daño ecológico.

El tercer punto abordado por la plenaria esta tarde fue Ley de Educación Intercultural Bilingüe

Un informe “que desnude la mentira”

El tema sobre el derrame petrolero fue introducido luego de modificar el Orden del Día, a petición del diputado Antonio Barreto Sira (AD-Anzoátegui). El debate tomó 32 minutos.

La comisión mixta que se aprobó constituir para investigar lo sucedido estará integrada por Barreto Sira, Julio César Reyes (AP-Barinas), María Gabriela Hernández (VP-Monagas), Luis Parra (PJ-Yaracuy), José Brito (PJ-Anzoátegui) y dos que corresponden a la cuota del PSUV. Sin embargo, el PSUV mantiene en sus intervenciones que como la AN se mantiene al margen de la Constitución por desacato al TSJ, sus plenarias son “tertulias” sin carácter vinculante, insistió este martes el diputado Julio Chávez (PSUV-Lara).

Barreto Sira afirmó que el derrame que se produjo los primeros días de noviembre en el río Aribí, en la zona de la Faja Petrolífera del Orinoco, es el segundo más grande de la historia, luego del que se produjo en el río Guarapiche, en febrero de 2012.

Denunció que varios diputados quisieron constatar en la zona el avance del crudo hacia el Orinoco, pero la Guardia Nacional y Pdvsa les impidieron el acceso, como también lo han hecho con los parceleros de la zona.

Barreto exigió “interpelar a Eulogio Del Pino para que le hable claro a Venezuela y nos diga hacia dónde va Pdvsa”.

Por el PSUV tomó la palabra el diputado Carlos Gómez (Delta Amacuro), quien expresó la solidaridad con Del Pino. Afirmó que el informe técnico elaborado por Pdvsa “demuestra” que todos los protocolos se cumplieron y que “ninguna empresa está exenta de una situación como esta”. Habló, asimismo, de “saboteo” contra la industria.

María Gabriela Hernández destacó la recurrencia de accidentes de importante magnitud en las operaciones de las distintas plantas de Pdvsa. Dijo que lo ocurrido con la explosión en Amuay, así como los derrrames en Guarapiche y El Pao “es que han podido evitarse o contener su tamaño”. Mencionó que cuando hubo el derrame en 2012, “toda Pdvsa-Oriente” estaba en Caracas participando en una manifestación a favor del Gobierno y dijo que en los días en los que se presume ocurrió este nuevo vertido también los trabajadores fueron traídos a Caracas a otra marcha pro gubernamental.

José Brito afirmó que “Pdvsa es una bomba de tiempo” y le echó en cara a la bancada oficial que “el 5° Objetivo del Plan de la Patria es la preservación del ecosistema”. Dijo que Pdvsa pasó a ser “la empresa líder en el mundo en siniestralidad”.

Acusó al Gobierno de “un acto criminal” al no haber alertado a los residentes de la zona del accidente ambiental, y que cuatro días después, cuando trascendió por vías extraoficiales, médicos de la región han reportado “haber atendido a pacientes con síntomas de intoxicación” por el consumo de agua contaminada.

El diputado Chaim Bucaram (UNT-Anzoátegui), aseguró que hoy se produjo un nuevo derrame en Campo Melones, en su estado, y rebatió la versión del oficialista Gómez que minimizó el derrame. “Puedo dar fe de que fue mucho más porque caminé el río Aribí” en compañía de otros diputados. “Hablamos con gente de Pdvsa, eran más de 50 mil barriles”, recalcó.

Salario mínimo, la mitad del de Haití

El segundo debate de la tarde del martes tomó una hora. Intervinieron siete parlamentarios: José Guerra (PJ-Distrito Capital), Elimar Díaz (UNT-Zulia), Luis Soteldo (PSUV-Portuguesa), Carlos Prosperi (AD-Guárico), Mariela Magallanes (LCR-Aragua), Julio Chávez (PSUV-Lara) y Miguel Pizarro (PJ-Miranda).

Guerra, quien participó en la elaboración de un plan de emergencia económica que la AN envió al Ejecutivo, denunció que el Gobierno le ha venido aplicando al país “un ajuste draconiano” que en la práctica tiene dolarizada la economía nacional. Señaló que la caída de 30% del salario tiene a la gente “pasando hambre”.

“Compañeros, estamos en el peor de los mundos”, dijo al introducir el gráfico comparativo de los salarios mínimos en América Latina. Mientras en Haití el salario equivale a 117 dólares, en Venezuela oscila entre 42 dólares (según Dicom) y 16 (según el paralelo).

“El salario en Venezuela ya no puede seguir cayendo, sería condenar al pueblo a niveles que en 2016 están peor que en 1998, después de haber tenido 750 mil millones de dólares en ingresos petroleros” y acusó al Gobierno de “robar, expoliar y malbaratar” los recursos públicos.

En un derecho a réplica, Guerra retó a la bancada oficialista a publicar la lista de los beneficiarios de Cadivi y la del dólar Dicom, que supera los 150 millones de dólares, aseveró. También en un derecho a réplica, el oficialista Soteldo dijo que muchos de los beneficiarios de Cadivi son financistas de la MUD y acusó a los hijos del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, de tener vínculos con “los bolichicos”.

Carlos Prosperi habló sobre las distorsiones que la economía introduce en el campo y citó, como ejemplo, el precio del maíz, que se encuentra represado entre 96 y 88 bolívares por kilo, mientras que su costo de producción real lo ubica en 260 por kilo. Recalcó que el Gobierno no hace correctivos para favorecer “el guiso de seguir importando”.

Chávez reiteró el argumento del oficialismo sobre “la guerra económica” y que el desabastecimiento se produjo por un error del Gobierno de “dejar la economía a merced del mercado y del capital. Se demostró que había que insistir en leyes fuertes que rectorizaran la economía, porque en manos del sector privado llegamos a estas situaciones (…) Aquí hay un sector privado que lo que hizo fue quedarse con una buena parte de esos dólares preferenciales. Por eso es que necesitamos que en la mesa del diálogo estén los empresarios nacionalistas serios”.

Finalmente, Pizarro denunció la indolencia del Gobierno y de la bancada oficialista. “Hoy cuatro de cada diez niños no van a  la escuela por problemas relacionados con la alimentación. Con qué simplicidad se aborda el drama de padres que dejan de come para que sus hijos coman. Mienten ante un país que no consigue ocho de cada diez medicinas”.

Denunció que la bancada del PSUV “hace boxeo de sombras”. “¿Qué campesino está mejor hoy que como estaba antes? ¿Qué obrero es dueño de su empresa y puede gozar de la plusvalía? ¡Siguen rezándole al petróleo para que suban los precios, esconden como el secreto mejor guardado la lista de los beneficiarios de Cadivi. Ustedes crearon una nueva élite: la boliburguesía producto del modelo corrupto y atrasado”.

Pizarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, reclamó “la indolencia” del Gobierno que se niega a pagar los bonos para medicinas y alimentos a los pensionados y jubilados. Dijo que ese es el mismo Gobierno que incluyó en el Presupuesto de 2017 15 bolívares por día por niño para la alimentación escolar. “Salgamos a ver quién come con eso”.

El Universal

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