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La cesta imposible para los venezolanos

La cesta imposible para los venezolanos


Leche en polvo, café, suavizante o azúcar han comenzado a aparecer en Venezuela, pero a precios que no pueden ser pagados por la mayoría de sus ciudadanos. No solo superan el valor fijado por el Gobierno de Nicolás Maduro para esos productos, sino que su coste es mucho más elevado que en Estados Unidos, de donde se importan generalmente estas mercancías ante la falta de producción interna. Desde mediados de octubre, el Gobierno obliga a las empresas privadas y públicas a vender hasta la mitad de sus mercancías a comités chavistas.

 Se llama Cine Citta y está en la planta baja del conocidísimo Centro Polo de la urbanización Colinas de Bello Monte, en el sureste de Caracas. Es un pequeño bodegón, como llaman en Venezuela a las tiendas que venden exquisiteces importadas. También ofrece algunos de los insumos básicos más escasos en el país: azúcar, detergente en polvo de EEUU, pasta y café italianos o aceite de maíz también estadounidense. No hay colas ni gente desesperada por adquirirlos.

En otros supermercados del este de Caracas, donde se asientan los barrios más acomodados de la capital venezolana, se repite la historia, aunque con menor variedad de ofertas. Medio kilo de pasta rigattoni podría costar hasta dos dólares si se toma en cuenta la cotización de la moneda estadounidense en el mercado negro (unos 1.400 bolívares por dólar). A finales de octubre, Cine Citta vendía un recipiente de cinco litros de suavizante Ultra Downy por 33.000 bolívares. En la tienda virtual Amazon ese mismo suavizante cuesta 22,99 dólares, que en el mercado negro serían unos 32.000 bolívares.

Es un caso atípico porque la brecha se ensancha con otros artículos. Por 192 pañales de la marca Huggies, el cliente de Cine Citta paga 120.000 bolívares. Un paquete de 184 pañales del mismo tamaño cuesta en Amazon 48,63 dólares (68.082 bolívares con el cambio a 1.400 por dólar). Una diferencia similar se observa con el cloro marca Clorox. El recipiente de 3,57 litros se obtiene por 43.000 bolívares. En Amazon cuesta 12,57 dólares (17.598 al cambio oficial).

Guerra económica

Son ejemplos de manufactura importada que se comercializa en el país sin controles. Hace ya varios meses que del lenguaje oficial desapareció la expresión “precios justos”, un latiguillo impuesto en 2014 por el Gabinete de Maduro cuando se impuso un control total de todo lo que se comercializa en Venezuela. La televisión oficial tampoco transmite ya operativos que siguen a fiscales gubernamentales en busca de acaparadores o comerciantes que no acatan los controles.

Que los anaqueles de los supermercados ofrezcan productos importados como alternativa solo es posible en una economía que dejó de producir. Pero solo un porcentaje muy pequeño de la población puede llevarse esos artículos. Es insuficiente para compensarlo el aumento del 40% del salario mínimo integral decretado el 28 de octubre —a partir del 1 de noviembre será de 90.102 bolívares, unos 65 dólares al valor de la moneda en el mercado negro—.

La estrategia del Gobierno es permitir que los supermercados se llenen de oferta del exterior para concentrarse en reconquistar a las clases populares vendiéndoles alimentos subsidiados. Así, desde mediados de octubre, una resolución ordena a las empresas vender hasta la mitad de su producción a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, organizaciones de base que reparten bolsas de comida con frecuencia irregular, “a fin de combatir y vencer la guerra económica de los sectores desestabilizadores”.

No solo un negocio de los enchufados

No pocos piensan que Cine Citta puede vender a precios tan elevados porque pertenece a un enchufado, como se le conoce en Venezuela a los empresarios cercanos al régimen chavista. No son los únicos.

En las provincias fronterizas también se ofrecen productores colombianos o brasileños gracias a las gestiones de los propios gobernadores. En marzo pasado, Francisco Arias Cárdenas, máxima autoridad del Estado de Zulia, la cuenca petrolera venezolana, dictó la resolución 1035, que le permite tomar medidas “para colocar artículos esenciales, servicios, medicamentos, productos de limpieza e higiene personal en el mercado interno del Zulia”.

Otro tanto está ocurriendo en el sureño Estado de Bolívar, fronterizo con Brasil, donde las zonas del norte de ese país encontraron una oportunidad de colocar su mercancía en Venezuela. No tienen competencia. No se sabe por cuánto tiempo.

Alfredo Meza/El País

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