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La izquierda mexicana propone eliminar el fuero al presidente

La izquierda mexicana propone eliminar el fuero al presidente


A menos de 48 horas de iniciadas las campañas políticas en México, la autoridad electoral censuró un vídeo donde la derecha criticaba al líder del PRI usando caros y lujosos relojes. El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que las imágenes calumniaban a César Camacho. El promocional del PAN trataba de colocar la corrupción en el centro del debate rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio, donde se renovará la Cámara de diputados, más de mil alcaldías y nueve gubernaturas.

El PAN presumía en el vídeo el Sistema Nacional Anticorrupción, que nacerá de una reforma a 14 artículos de la Constitución, ideado por ese partido y respaldado por el PRI, el partido en el Gobierno, y el izquierdista PRD. El pasado 26 de febrero los diputados aprobaron el proyecto y lo enviaron a los senadores para su revisión. El ambicioso proyecto, sin embargo, se ha atascado en el Senado. Los legisladores de izquierda creen poder mejorarlo con una adición que regularía el fuero al presidente. Esta modificación podría empantanar la creación del sistema y ponerlo en riesgo de muerte, aseguran algunos expertos.

“El PRD ha manifestado su indisposición para votar a favor de la minuta”, señala el senador Héctor Larios, del PAN. “Argumentan que no es suficiente. Estamos de acuerdo. Hay algunas modificaciones que se deben de hacer, pero es un dictamen muy bueno”, agrega.

El Sistema Anticorrupción crearía una nueva ley de responsabilidades para los funcionarios que sustituiría la frágil y ambigua normativa existente y que, por ejemplo, podría regular el conflicto de interés, que ha sido debatido tras los escándalos inmobiliarios de la esposa del presidente Peña Nieto y de su ministro de Hacienda, Luis Videgaray.

La ley también arrojaría luz hacia el uso que los gobernadores y alcaldes le dan a los dineros federales. Solo el 8% de los recursos utilizados por las entidades es ingreso propio. El 92% restante proviene del ministerio de Hacienda, que lo distribuye en partidas llamadas aportaciones y participaciones. Hoy no se sabe el destino exacto de gran parte de ese dinero porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solo tiene facultades para revisar las aportaciones. La ley crearía un sistema de fiscalización que transparentaría esos gastos.

El PRD reconoce que el texto aprobado por los diputados significa un “avance significativo”, pero con “ausencias que pueden considerarse graves”. “Debemos de hacer el compromiso de sacar la mejor ley posible”, señala el senador Armando Ríos Piter. El legislador presentó un decálogo que pretende enmendar la iniciativa. Entre las propuestas principales se encuentra involucrar a los ciudadanos con el Sistema.

“No colocarlos como eje motor de la voluntad del Sistema es perder una oportunidad para darle mayor credibilidad”, asegura. El PRD también desea que las decisiones que tomen los futuros órganos creados para combatir la corrupción sean vinculantes. “Cuando haya algún señalamiento en contra de algún funcionario que se tenga que resolver y no que se archive, congele o se olvide, como ahora”, afirma.

El tema más espinoso es la propuesta para regular el fuero al presidente de México, que se encuentra protegido por una inmunidad casi absoluta. El artículo 108 de la Constitución señala que el mandatario mexicano únicamente puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. La propuesta original, presentada por el PAN y respaldada por el PRI, no hizo modificación a ese artículo. “Creo que fue un error no hacerlo”, admite Larios. Pero matiza: “tratar el tema ahora sería acabar con los avances que se tienen”.

Ríos Piter presentó este martes una iniciativa que acaba con esos privilegios. “Si el presidente es un servidor público se le debe considerar como tal. Las responsabilidades y obligaciones deben de ir desde el más humilde funcionario hasta el más encumbrado”, formula.

El PRI ha mostrado su voluntad de aprobar el texto tal como está. El tiempo se agota porque el periodo ordinario de sesiones en el Congreso finaliza el 30 de abril. El PAN confía en que antes de esa fecha el Sistema Nacional será aprobado con sus votos y con los del PRI, que reúnen las dos terceras partes de la Cámara necesarias para llevar a buen puerto una reforma Constitucional. Pero el nacimiento de una nueva herramienta anticorrupción sin el respaldo de los tres principales partidos le restaría fuerza.

Los expertos advierten que un cambio al texto aprobado por los diputados –aunque sea bien intencionado– pondría en peligro toda la reforma. Esto obligaría a la iniciativa a volver a su cámara de origen, la de diputados. El retorno sucedería hasta el mes de septiembre, con un nuevo Congreso elegido en las elecciones de junio. Para entonces el contexto político habría cambiado y los acuerdos que hoy existen entre los partidos estarían por construirse. “No nos engañemos, si alguien la quiere cambiar no la va a perfeccionar, la va a matar”, señaló el académico Mauricio Merino, experto en temas de transparencia y combate a la corrupción.

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