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La muerte del fiscal Danilo Anderson sigue en el misterio 12 años después

La muerte del fiscal Danilo Anderson sigue en el misterio 12 años después


Este viernes se cumplen 12 años de la muerte del fiscal Danilo Anderson (38 años de edad) quien falleció víctima de un atentado en la urbanización Los Chaguaramos. El vehículo donde se encontraba Anderson la noche del 18 de noviembre de 2004 estalló producto de un explosivo C4 que estaba debajo de su asiento de acuerdo a las pesquisas. El cuerpo del fiscal quedó totalmente carbonizado al igual que el automóvil.

Al momento de su muerte investigaba los hechos registrados el 11 de abril de 2002. Quince días antes del atentado había librado citaciones contra el ex alcalde mayor Alfredo Peña, el secretario de seguridad Henry Vivas y el director de la Policía Metropolitana Lázaro Forero. Anteriormente había sido designado como encargado del caso de la masacre de Altamira en diciembre de 2002.

El fiscal general de la República para ese entonces, Isaías Rodríguez, y el Cicpc informaron que los autores intelectuales del asesinato de acuerdo a los resultados de las investigaciones fueron dos ex agentes de la PTJ y de la Disip, los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, quienes fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado. Pagan una condena de 27 años de prisión y nueve meses.

También estuvo implicado Juan Bautista Guevara, primo de Otoniel y Rolando Guevara. Se comprobó que fue uno de los autores materiales de la muerte del fiscal Anderson, por lo que recibió la pena máxima de 30 años de presidio. De acuerdo con el Cicpc señaló que por el asesinato se habrían pagado 600 mil dólares.

En agosto de 2005 las autoridades venezolanas detuvieron a Giovanni José Vásquez de Armas, antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización colombiana paramilitar. Rodríguez se refirió a Vásquez como un “testigo clave del caso”. En un testimonio jurado Vásquez de Armas declaró que había participado en dos reuniones para planificar varios ataques contra miembros del gobierno venezolano.

De acuerdo con las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público, sobre este caso también pesan órdenes de captura activas y alerta roja en la Policía Internacional contra Johann Peña y Pedro Lander, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de autores materiales, previsto y sancionado en el Código Penal. También existe una orden de captura contra la periodista Patricia Poleo, por su presunta vinculación en este asesinato.

El Nacional

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