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“La reforma constitucional de Michelle Bachelet” por Carlos Malamud

“La reforma constitucional de Michelle Bachelet” por Carlos Malamud


Carlos Malamud.

El pasado martes 28 de abril, coincidiendo con su anuncio de renovadas propuestas contra la corrupción, la presidente chilena Michelle Bachelet mostró públicamente su interés en impulsar la redacción de una nueva Constitución. Este proceso se iniciaría a partir del próximo septiembre, el “mes de Chile”. Y si bien el cambio constitucional formaba parte de su programa electoral, tanto el momento como el contenido de su anuncio sorprendieron a todo el espectro político, incluyendo a propios y extraños, y también a la opinión pública nacional.

Había gran expectación por ver los resultados de la Comisión Engel, encargada directamente por la presidente para evaluar el impacto de la corrupción en el sistema político chileno y proponer medidas de corrección de las graves alteraciones a la legalidad recientemente conocidas y que provocaron una gran alarma social en el país.

Sin embargo, Bachelet utilizó la ocasión para anunciar su renovado proyecto constitucional: “La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución. Por eso quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos  nos merecemos”.

No sólo importó lo que dijo, también lo que no dijo. En torno a sus palabras y sus silencios han girado las interpretaciones sobre las reales intenciones presidenciales. Así, por ejemplo, no hubo ninguna alusión a una Asamblea Constituyente, un tema que sí salió a relucir durante su campaña presidencial, y que es apoyada por algunos sectores de la coalición gubernamental. La apelación a una Asamblea Constituyente recuerda inmediatamente a los procesos vividos en Venezuela, Bolivia y Ecuador y sus repercusiones negativas en una parte no menor de la opinión pública chilena.

En su lugar, y con ánimo de introducir un proceso verdaderamente participativo, lo que le cubriría las espaldas frente a sus socios más radicales, apuntó a que el nuevo texto debería salir de “diálogos, debates, consultas y cabildos”. De este modo podría quedar garantizado el protagonismo de ambas cámaras del Parlamento en el proceso constituyente, aunque se trata de un extremo que debe confirmar la propia presidente.

Es perentorio que Chile cuente con una Constitución sin herencias dictatoriales. La actual carece de la legitimidad necesaria dados sus orígenes pinochetistas. Y si bien las reformas posteriormente introducidas adaptaron sus contenidos a estándares democráticos, son muchos quienes reivindican un cambio en toda regla. Más allá del impacto evidente que han tenido los recientes casos de corrupción, las instituciones y los partidos políticos chilenos tienen una solidez que no se vislumbra en muchos países de la región. Una nueva Constitución surgida de un amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales permitiría afrontar el futuro con premisas más democráticas y renovadas perspectivas.

Sin embargo, el consenso no es fácil de alcanzar. Son muchos, a ambos lados del espectro político, quienes viven cómodamente dentro del status quo y se resisten a cambiarlo. También son numerosos y por diversas razones los que disienten sobre los mecanismos más adecuados para redactar una nueva Constitución. Sus oponentes más connotados son más fácilmente detectables en la derecha.

Pero, mientras Andrés Allamand, de Renovación Nacional, ve perfectamente posible alcanzar un acuerdo en materia constitucional, Guillermo Ramírez, de la UDI, criticó el proyecto. Algo similar hizo Alberto Salas, de la organización empresarial CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), bajo el discutible argumento de que la reforma constitucional podría afectar la inversión.

La presidente se comprometió a concretar su anuncio en el tradicional discurso del próximo 21 de mayo con motivo de la rendición de cuentas ante el Congreso de la Nación. Es indudable el paso adelante que dioBachelet al hacer pública su intención reformista, en un gesto cargado de coraje político. Ahora bien, las dudas sobre la oportunidad persisten dada la debilidad de su gobierno, acorralado por los escándalos de corrupción. Recordemos que su aprobación se mueve en el entorno del 31% al 32%, una cifra excesivamente baja en función de su propia trayectoria.

Pero las dudas sobre la oportunidad no deben esconder las certezas sobre la necesidad de una nueva Constitución. Según una encuesta de Cadem – Plaza Pública, de comienzos de abril pasado, un 77% de los chilenos cree necesario que el país cuente con un nuevo texto constitucional, mientras que un 60% piensa que debería ser redactada por una Asamblea Constituyente, algo no previsto en el orden legal vigente.

De ahí la importancia vital de la iniciativa presidencial. Está en las manos de Bachelet que un proyecto de tanta carga política y simbólica, que fortalecería la democracia chilena de manera sustancial, llegue a buen puerto. Pero para que su proyecto no descarrile es necesario convencer a unos y otros de las bondades de su propuesta, algo imposible de lograr sin un amplísimo consenso. Los verdaderos problemas no residen tanto en el contenido que tendría la nueva Constitución sino en los mecanismos que se establezcan para poder llegar a ella.

Infolatam, 03 de mayo de 2015
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