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La sombra de la dictadura se cierne sobre Venezuela

La sombra de la dictadura se cierne sobre Venezuela


Las dictaduras en América Latina eran comunes hasta bien entrado los años 80 del siglo anterior, sin embargo, Venezuela presumía de contar con un sistema democrático sólido impuesto tras el derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez, en 1958.

Pero ante la grave situación institucional y económica en la que ha estado inmersa el país durante los últimos años, aunado a las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se despoja a la Asamblea Nacional (AN) (elegida a través del voto popular en las últimas elecciones llevadas a cabo en Venezuela) de sus atribuciones legislativas y a sus integrantes de la inmunidad parlamentaria de la que gozan desde el momento de ser juramentados en sus cargos, según lo consagra la Constitución; tienen agonizando a la  democracia venezolana.

Esto quedó en evidencia cuando la mismísima Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, una de las personas más cercanas a quien fuera el padre de la Revolución Bolivariana y de la actual Constitución, el fallecido expresidente Hugo Chávez Frías; se refirió a las sentencias 155 y 156 emitidas por la alta corte, como violatorias “del orden constitucional”, además de considerarlas como desconocedoras “del modelo de Estado consagrado en la Constitución”, el cual establece la clara separación de poderes.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el mismo recinto donde se emitieron dichas sentencias, cuando la Fiscal fue a presentar su Memoria y Cuenta del 2016 en la sede principal del TSJ, debido al desacato en el que se encuentra el Legislativo, según sentencias del propio Poder Judicial.

Ortega Díaz, consideró como un “deber histórico e ineludible”, no solo por el cargo que ostenta sino por su condición de ciudadana, cuestionar la actuación del máximo tribunal que promueve “la ruptura del orden constitucional”, de la Carta Magna aprobada por el voto popular a través de un referendo consultivo en 1999.

Estas polémicas decisiones tomadas por la Sala Constitucional del organismo judicial, podrían ser la gota que derrame un vaso que desde hace un buen rato esta al ras, gracias a las constantes violaciones de los derechos consagrados en la Constitución venezolana por parte de las instituciones que están allí para defenderla.

Las violaciones a los derechos humanos están a la orden el día en Venezuela, donde los presos políticos superan la centena, el hampa inunda las calles con total impunidad, la inflación galopante golpea con fuerza los maltrechos bolsillos del venezolano, y sufre la mayor escasez de alimentos y medicinas en su historia que ha generado la muerte de miles de venezolanos por desnutrición o por falta de tratamiento médico.

Son hechos notorios que han despertado la solidaridad de la comunidad internacional, que intenta presionar por que se restablezca el hilo constitucional en el país, a través de un llamado a elecciones generales, que sería la manera democrática de salir de este régimen que se niega a permitirle a sus ciudadanos decidir su futuro a través del voto, donde reside el poder originario según lo establece la propia Carta Magna venezolana.

El Gobierno se resiste y ha radicalizado su posición al utilizar los otros poderes (elegidos a dedo por el Ejecutivo) para su beneficio, anulando de a poco las competencias del Legislativo, que fue el último poder electo a través de elecciones libres y universales.

Dictadura Posmoderna

El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, es uno de los que ha sufrido los abusos desproporcionados del régimen, tanto así que tuvo que abandonar el país para no ser otro preso político del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde el exilio sigue dirigiendo uno de los pocos medios de comunicación independiente que quedan en el país.

En una entrevista concedida en la TV Guatemalteca,  Otero consideró que en Venezuela se vive una dictadura posmoderna “donde se van dejando algunas ventanas, pero en la práctica tiene todas las derivaciones de las dictaduras. Secuestro de los poderes públicos, presos políticos, arbitrariedad, caja negra en las finanzas públicas, toma de decisiones a espaldas del país y en el caso nuestro algo peor, que es la destrucción total de la economía”.

El periodista destacó que aunque el Gobierno no ha cerrado el medio, le ha cerrado todas las puertas para la obtención de papel y lo ha multado en múltiples oportunidades buscando la manera de sacarlo del mercado, sin embargo resaltó, que han resistido gracias a la mística de trabajo de sus empleados y a la ayuda de periódicos de todo el continente que le han prestado papel para que siga en funcionamiento.

“Tenemos la voluntad de lucha que no tuvieron otros medios que han sido adquiridos por testaferros del Gobierno, a nosotros (El Nacional) nos intentaron comprar y no aceptamos (…) somos una de las últimas ventanas de información veraz que queda en Venezuela y queremos resistir hasta el final (…) en el largo plazo no podemos sobrevivir, pero el gobierno va a morir antes que nosotros”, profetizó esperanzado.

Poderes secuestrados

Por su parte el expresidente español, Felipe González, durante  un seminario realizado en Santiago de Chile en el mes de septiembre del año anterior, calificó al Gobierno venezolano como “una tiranía arbitraria que se burla de su propia legalidad”, asegurando que el Poder Judicial en Venezuela está “sometido al control y dictado del Ejecutivo, por lo tanto no brindan ninguna garantía de justicia”.

Después de que el oficialismo perdió el control de la AN después de más de 15 años de contar con amplia mayoría, los integrantes del parlamento saliente, en un procedimiento que desconoció por completo los lapsos y requisitos contemplados en las leyes venezolanas, eligieron 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal, antes de entregar funciones a los nuevos integrantes del Legislativo, con la clara intención de dominar el Poder Judicial y atar de manos a esta nueva asamblea o por lo menos así lo consideró el exmandatario español.

“La asamblea ha aprobado 20 leyes y 19 han sido anuladas por la Corte Constitucional que cambió la anterior asamblea. La asamblea que perdió las elecciones por dos tercios cambió la Corte Constitucional para que la nueva asamblea no pudiera legislar. De estas decisiones vienen estas dramáticas situaciones”, añadió contrariado por la irregular situación.

Ese TSJ elegido por los parlamentarios salientes, en sesiones extraordinarias aprobadas por el propio tribunal, le dio la bienvenida a la nueva AN escogida por votación popular, impugnando a los diputados elegidos en el estado Amazonas, por supuesto “fraude electoral”. Esta decisión dejó sin mayoría calificada (2/3 partes del parlamento) a la bancada opositora.

Ya ha transcurrido más de un año de dicha sentencia, sin embargo, la alta corte no ha mandado a repetir esos comicios impidiendo que el Poder Legislativo funcione plenamente, al no estar constituido como debería y dejando a un estado completo sin representación en el parlamento, situación definida como inconstitucional por varios abogados constitucionalistas.

A pesar de los obstáculos la AN ha intentado cumplir con su labor legisladora, siempre bajo la sombra de un TSJ que ha hecho todo lo posible por impedirlo. Tenemos un claro ejemplo de esto cuando el 20 de abril fue aprobado por el parlamento un proyecto de ley de enmienda constitucional que promovía sustituir la reelección indefinida por una sola, además de recortar el período presidencial de seis a cuatro años.

Entonces la Sala Constitucional emitió la sentencia Nº 274/16, en la que determinó que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Carta Magna no puede tener efectos retroactivos ni aplicación inmediata, pues “constituye a todas luces un fraude a la Constitución, la cual prevé un mecanismo político efectivo para tales fines, tal como lo es el ejercicio del referendo revocatorio contemplado en el artículo 72 de la Carta Magna”.

Con respecto a esta figura consagrada en la Constitución venezolana, Felipe González recordó que el mismo Hugo Chávez le dijo en una oportunidad que el revocatorio era una herramienta primordial en cualquier Constitución moderna, destacando que “el pueblo tiene derecho a renovarnos si no lo estamos haciendo bien”.

No obstante todos conocemos el desenlace final del revocatorio, el cual también fue secuestrado por el régimen, al haber suspendido el proceso a través de un juzgado ordinario, que alegó irregularidades en la recolección de las firmas, a pesar de que solo se necesitaban 190 mil y fueron recaudadas más de dos millones de rúbricas, por lo que está claro que la oposición no necesitaba forjar firmas fraudulentas, como les atribuían constantemente los voceros del Gobierno.

También se observa la manipulación del Poder Judicial a través de la sentencia Nº 341/16, donde  la Sala Constitucional del alto tribunal decretó como inconstitucional la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia porque el parlamento no contaba con la mayoría calificada, debido a la propia impugnación que hizo la misma sala a los diputados electos por el estado Amazonas. Como dirían popularmente pagan y se dan el vuelto.

Legislatura imposible

De lo que no queda lugar a dudas es que a esta AN le han trancado todos los caminos para llevarla al borde de una supuesta ilegalidad, propiciada por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las leyes, quien en realidad ha ido de  a poco apoderándose de competencias inherentes a otro de los poderes constituidos en nuestra Carta Magna, como lo es el Legislativo, que es el único facultado constitucionalmente para legislar y controlar las actuaciones del Ejecutivo.

Por eso estás últimas sentencias del TSJ, han prendido las alarmas de la comunidad internacional, y han llevado a pesos pesados del Gobierno, como es el caso de la Fiscal General, a alzar la voz en contra de las actuaciones del órgano garante de la justicia en Venezuela y a pedir el restablecimiento del orden constitucional vulnerado por la infame actuación de unos magistrados al servicio de particulares, cuando en realidad deben estar al servicio de todos los venezolanos.

 

 

 

Valentín Romero / @valentin_angelr / Visión Global

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