Visión Global

Ley del BCV modificada vía habilitante por Maduro viola artículo 320 de la Constitución

Ley del BCV modificada vía habilitante por Maduro viola artículo 320 de la Constitución


La reforma de la ley del Banco Central de Venezuela (BCV), decretada por el Presidente de la República el 30 de diciembre de 2015, a través de la ley habilitante otorgada por la Asamblea Nacional anterior y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6211, viola directamente el artículo 320 de nuestra carta magna, según el economista Gustavo Figuera.

Figuera define esta reforma como una clara violación al artículo 320 de la constitución, el cual dicta que “en el ejercicio económico de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”, es decir, el BCV no está obligado a financiar proyectos del Ejecutivo que no estén contemplados en el presupuesto nacional, como pretende el Presidente con la reforma, subraya el economista.

La primera violación a la Constitución se puede encontrar en el artículo 9 de la Ley del BCV el cual dictaba antes de la reforma que el Presidente del ente debía ser designado por el Presidente de la República “y deberá ser ratificado (…) por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional”; mientras que el artículo actual no es necesaria la aprobación de la Asamblea, quedando solo a potestad del jefe del Ejecutivo dicha designación.

También se modificaron el artículo 16, referente a la designación de los otros directores del BCV, y el 17 que trata sobre la conformación del comité de evaluación de méritos y credenciales de los candidatos a ocupar estos cargos.

La reforma quita la competencia que tenia la Asamblea Nacional en la escogencia de al menos dos de los directores mediante el voto de la mayoría de sus miembros, tal cual lo dictaba el artículo 16, entregándole la potestad absoluta al Presidente de la República en dichos nombramientos.

De igual manera el artículo 17 antes de su modificación dictaba que “La Asamblea Nacional deberá conformar un comité (…) encargado de verificar y evaluar las credenciales y los requisitos de idoneidad de los candidatos y candidatas al directorio”¸ mientras que con la reforma es el Presidente de la República el encargado de conformar el comité evaluativo.

Para Figuera queda claro que la reforma se hizo “con la clara intención de restarle competencias a la Asamblea Nacional” luego de los resultados en los pasados comicios parlamentarios del 6 de diciembre, donde la oposición arrebató el control del Poder Legislativo al partido de gobierno por primera vez en 15 años; Sin embargo, dicha reforma hace caso omiso a la Constitución la cual deja claro que el BCV no debe subordinarse a directivas del Ejecutivo, cosa que no puede ser posible si todos los miembros de su directorio son electos por el Presidente de la República, advierte el economista.

El artículo 37 de la ley del BCV, convalida lo expuesto en la carta magna, al aclarar en su numeral 2 que el Banco Central de Venezuela tiene prohibido “otorgar créditos directos al Gobierno Nacional, así como garantizar las obligaciones de la República, estados, municipios, institutos autónomos, empresas del Estado o cualquier otro ente de carácter público o mixto”.

No obstante, a dicho artículo le fue agregado lo siguiente: “excepcionalmente, siempre que no colide con la prohibición establecida en el numeral anterior, el Banco Central de Venezuela podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas, cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público, que calificará el Presidente o Presidenta de la República mediante informe confidencial; o en aquellos casos en que hayan sido aprobados de forma unánime por los miembros del directorio”.

Figuera considera que la adición realizada a este artículo, compromete el carácter autónomo de la entidad, porque deja en manos del Presidente la potestad de solicitar financiamiento extra al BCV alegando “amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público” a través de un informe que además tiene carácter “confidencial”, así como también pueden ser otorgados por la aprobación unánime de los miembros del directorio, que según el economista “pueden mostrar subordinación al Ejecutivo debido a los cambios realizados a la ley en su designación, lo que es una clara violación a la constitución”, puntualizó el economista.

Por último, Figuera recomienda a la Asamblea Nacional “crear una comisión que investigue esta reforma e intente contrarrestar las violaciones que dicha ley le infringe a la Constitución y así restituir las competencias que le fueron arrebatadas, de forma ilegítima, al Poder Legislativo”.

Valentín Romero / @valentin_angelr / Visión Global

Atras
Visión Global

2013 © Visión Global. Todos los derechos reservados. Contacto: visionglobal.info@gmail.com - visionglobal.ventas@gmail.com - Teléfono: 0212 4186529